La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada en 1794 y tiene como propósito permitir que el presidente de los Estados Unidos tome medidas contra las personas, organizaciones y gobiernos de países que se consideren enemigos del país. La ley permite que el presidente pueda bloquear activos y propiedades de esos "enemigos" y tomar otras medidas económicas y de seguridad.
A lo largo de la historia, esta ley ha sido citada y utilizada en varios contextos, particularmente en tiempos de guerra o cuando se percibe una amenaza grave contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Se encuentra dentro del marco legal que permite al presidente tomar medidas sin la necesidad de una declaración formal de guerra, pero siempre bajo el argumento de proteger los intereses nacionales.
La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump el viernes (en una declaración que inicialmente se mantuvo en secreto, antes de ser publicada el sábado) ha quedado estancada en los tribunales por ahora, en medio de una creciente batalla legal sobre el cumplimiento o la falta del mismo por parte del gobierno de una orden judicial.
Pero la importancia de la declaración de la Ley de Enemigos Extranjeros no radica solo en la batalla judicial ni en que el primer avión cargado de deportados se enviara para realizar trabajos forzados en una prisión de El Salvador. Después de todo, si la administración Trump prevalece, se le permitirá reanudar las deportaciones de hombres venezolanos bajo la ley —a El Salvador o a cualquier otro país que los acepte— sin darles la oportunidad de una audiencia ni siquiera de conocer las pruebas en su contra.
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