ICE rompe todos los récords: las detenciones de inmigrantes alcanzan su nivel más alto en junio y crece el temor en Estados Unidos

 

ICE registró más de 43.000 detenciones en un solo mes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó esta semana que detuvo a 39,563 inmigrantes durante junio de 2026, la cifra mensual más alta registrada desde que arrancó la segunda administración de Donald Trump. Sumados los 3,575 arrestos realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el total combinado asciende a 43,138 detenciones en un solo mes — la marca más alta desde mayo de 2019, según coinciden múltiples reportes basados en las cifras oficiales de la agencia.

El dato no llegó a tiempo. Por ley, el Congreso exige a ICE publicar sus estadísticas de arrestos dos veces al mes, pero la agencia guardó silencio desde abril. El motivo, según un portavoz del DHS, fue el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional que se extendió 76 días, entre el 14 de febrero y el 30 de abril de 2026 — aunque más del 93% del personal de ICE y CBP siguió operando en el terreno durante ese cierre. Es decir: las detenciones nunca se detuvieron, solo la transparencia sobre ellas.

🔴 El dato que más preocupa

Actualmente hay más de 65,000 personas bajo custodia de ICE, un aumento del 9% desde abril. La agencia se acerca de nuevo al pico histórico de aproximadamente 73,000 detenidos registrado en enero de 2026, el nivel más alto jamás alcanzado por el sistema de detención migratoria del país.

El repunte no fue gradual: a finales de junio e inicios de julio, ICE llegó a detener a 10,000 personas en apenas cinco días, un ritmo de casi 2,000 arrestos diarios — el doble del registrado a comienzos de 2026. Según fuentes citadas por Associated Press, la agencia también cambió de estrategia, dejando atrás las redadas masivas y visibles en grandes ciudades para adoptar métodos más discretos y rutinarios que resultan, en la práctica, igual de efectivos para elevar el conteo.

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¿Por qué aumentaron tanto las detenciones?

La administración Trump ha dejado claro que uno de sus principales objetivos consiste en incrementar el número de personas detenidas y sujetas a procesos de deportación.

Para lograrlo, el Gobierno ha destinado mayores recursos a ICE y ha ampliado la capacidad de los centros de detención, además de reforzar las operaciones en ciudades consideradas prioritarias.

Funcionarios del Gobierno sostienen que el objetivo es localizar a personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización migratoria o que cuentan con órdenes finales de expulsión pendientes de ejecutar.

Sin embargo, abogados especializados en inmigración señalan que muchos inmigrantes sin antecedentes penales también han sido detenidos durante estos operativos, lo que ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos civiles.

Visados e inmigración

🎯 Metas numéricas

Presión desde la Casa Blanca

El gobierno impulsa objetivos de deportación cada vez más altos, trasladando la presión directamente a las oficinas de campo de ICE y CBP.

🔄 Cambio de táctica

De redadas visibles a operativos discretos

Menos operativos masivos en ciudades grandes, más detenciones individuales y rutinarias que son más difíciles de rastrear públicamente.

🏗️ Más capacidad de custodia

Expansión de centros de detención

La conversión de antiguos depósitos industriales en instalaciones de detención permite a ICE sostener una población de detenidos cada vez mayor.

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Juez bloquea plan de Trump para retirar permisos de trabajo a beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo

 

¿Qué decidió el juez Gorton?

El martes 21 de julio de 2026, el juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, se puso del lado de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos que buscaban impedir que USCIS aplicara un conjunto de medidas destinadas a implementar nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado.

Referencia geográfica

La orden es de carácter provisional: funciona como una pausa de emergencia (administrative stay) que congela la entrada en vigor de las políticas cuestionadas mientras el propio Gorton decide si concede una suspensión más prolongada. El juez adelantó que emitirá esa decisión antes del 5 de agosto de 2026.

Dato relevante

El caso se identifica formalmente como Venezuelan Association of Massachusetts et al. v. USCIS et al. y quedó radicado en Boston, una sede judicial frecuentemente elegida por litigantes que impugnan la agenda migratoria de la administración Trump.

Además de suspender parte de las restricciones relacionadas con las autorizaciones laborales, el juez Gorton determinó que, mientras el litigio continúa, USCIS no podrá imponer sanciones a quienes no paguen determinadas nuevas tarifas creadas por la legislación de 2025, al considerar que también forman parte del conflicto legal analizado por el tribunal.

No obstante, la orden no elimina por ahora dichas tarifas, sino que impide que la agencia penalice inmediatamente a quienes aún no las hayan pagado hasta que exista una decisión judicial más amplia.

Materiales y servicios jurídicos

La orden emitida por el tribunal de Boston no amplía la duración del TPS, no concede nuevas designaciones y no restablece automáticamente programas previamente terminados. Lo que hace es impedir, de forma provisional, que determinadas medidas relacionadas con los permisos de trabajo entren en vigor mientras el tribunal analiza si la administración actuó conforme a la ley.

El origen de la disputa: la ley fiscal de 2025

La controversia se remonta a la extensa ley de gasto público e impuestos aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025, conocida informalmente como la "One Big Beautiful Bill Act". Esa legislación introdujo, por primera vez, el cobro de tarifas para presentar solicitudes de asilo y acortó la vigencia de los permisos de trabajo otorgados bajo el Estatus de Protección Temporal.

Según los demandantes, USCIS aplicó esas disposiciones de forma retroactiva y sin abrir un período de comentario público, lo que en su opinión viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El resultado práctico habría sido que miles de beneficiarios de TPS provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su autorización de empleo a partir del miércoles 22 de julio de 2026, junto con cambios que también habrían facilitado el rechazo de solicitudes de asilo y la cancelación inmediata de los permisos de trabajo asociados a ellas.

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