¿Qué decidió el juez Gorton?
El martes 21 de julio de 2026, el juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, se puso del lado de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos que buscaban impedir que USCIS aplicara un conjunto de medidas destinadas a implementar nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado.
La orden es de carácter provisional: funciona como una pausa de emergencia (administrative stay) que congela la entrada en vigor de las políticas cuestionadas mientras el propio Gorton decide si concede una suspensión más prolongada. El juez adelantó que emitirá esa decisión antes del 5 de agosto de 2026.
Además de suspender parte de las restricciones relacionadas con las autorizaciones laborales, el juez Gorton determinó que, mientras el litigio continúa, USCIS no podrá imponer sanciones a quienes no paguen determinadas nuevas tarifas creadas por la legislación de 2025, al considerar que también forman parte del conflicto legal analizado por el tribunal.
No obstante, la orden no elimina por ahora dichas tarifas, sino que impide que la agencia penalice inmediatamente a quienes aún no las hayan pagado hasta que exista una decisión judicial más amplia.
El origen de la disputa: la ley fiscal de 2025
La controversia se remonta a la extensa ley de gasto público e impuestos aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025, conocida informalmente como la "One Big Beautiful Bill Act". Esa legislación introdujo, por primera vez, el cobro de tarifas para presentar solicitudes de asilo y acortó la vigencia de los permisos de trabajo otorgados bajo el Estatus de Protección Temporal.
Según los demandantes, USCIS aplicó esas disposiciones de forma retroactiva y sin abrir un período de comentario público, lo que en su opinión viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El resultado práctico habría sido que miles de beneficiarios de TPS provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su autorización de empleo a partir del miércoles 22 de julio de 2026, junto con cambios que también habrían facilitado el rechazo de solicitudes de asilo y la cancelación inmediata de los permisos de trabajo asociados a ellas.
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