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viernes, 15 de noviembre de 2019
Programa De Pasantías De La Casa Blanca Verano 2020
Las inscripciones al Programa de Pasantías de la Casa Blanca para el Verano 2020 están disponibles y se realizaran en el portal de aplicaciones, el cual permanecerá abierto hasta las 11:59 p.m. EST del viernes 3 de enero de 2020. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite no serán consideradas.
The Supreme Court Heard A Major Case On DACA. Here’s What You Need To Know
By Jorge Loweree
The Supreme Court heard arguments on November 12 in three cases challenging President Trump’s attempted rescission of the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) initiative. The Court’s decision could have far-reaching consequences for DACA recipients and the limits of executive authority when it comes to immigration law and policy.
President Obama created the DACA initiative in June 2012 to provide young unauthorized immigrants with protection from deportation and the ability to work lawfully in the United States in two-year renewable increments. All applicants were required to meet specific criteria related to age, education, and criminal history. Government data indicates that approximately 661,000 people are currently enrolled. President Trump terminated the program September 5, 2017.
On Tuesday, the Supreme Court focused on one primary question: did the Trump administration provide an adequate explanation for why it ended DACA?
Anytime the Executive Branch makes a major policy decision such as ending DACA, it must explain why and ensure that the reasoning is not “arbitrary and capricious.” The Trump administration needed to provide a reason why it was ending an initiative that hundreds of thousands of people had benefited from and relied upon.
In two memos announcing the rescission, administration officials claimed DACA was an unconstitutional exercise of executive authority, and thus “illegal” from the start. Both memos failed to offer any policy justifications for the termination of the program. They instead pointed to a decision by the U.S. District Court in Brownsville, Texas barring a similar program known as Deferred Action for Parents of Americans (DAPA) as proof that DACA was illegal.
In response to several lawsuits, lower courts across the country issued injunctions against the rescission. This forced the government to continue accepting and adjudicating DACA requests from people who have DACA or those who participated in the past. These lawsuits then made their way to the Supreme Court.
The Supreme Court focused on the Administrative Procedure Act (APA) when it discussed whether the president’s decision to eliminate DACA is one that can be reviewed by federal courts and, if so, if it was lawful as implemented. The APA sets forth the standards governing the judicial review of decisions by executive branch agencies.
The APA permits a federal court to review whether government action is “arbitrary or capricious,” or otherwise not in accord with the law. It thus provides a check on government decisions that do not have lawful, rational justifications.
This review is particularly important when major policy decisions would significantly impact the lives of hundreds of thousands of people across the United States, like the attempted rescission of DACA. The APA contains an exception, however, for actions considered to be within an agency’s discretion.
The administration argued that its decision falls within this exception and is therefore not reviewable by the courts. This is a curious position given its exclusive focus on the DAPA case in Texas as its justification for rescinding DACA.
The respondents—the parties that initially challenged the DACA rescission—argued that the original memo rescinding the policy contained factual and legal errors, and that the reasoning provided for the decision was insufficient.
Initial reports indicate that a majority of the justices appear ready to allow the administration to move forward with the rescission of the program.
The consequences of simply revoking a program like DACA that people have come to rely on for many years are dire. The lives of hundreds of thousands of people who participated in the program over the last seven years would be thrown into disarray.
It would then be up to Congress and the president to negotiate a permanent solution allowing DACA recipients to live and work in the United States without the constant threat of deportation. The House passed such a measure in June of this year.
Source: www.immigrationimpact.com
https://www.inmigracionyvisas.com/a4615-DACA-Here-What-You-Need-to-Know.html
Etiquetas:
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domingo, 10 de noviembre de 2019
El Odio En Contra De Inmigrantes En Estados Unidos
Mahud Villalaz un peruano que adquirió la ciudadanía americana fue víctima de racismo por parte de un ciudadano americano, los hechos ocurrieron en la ciudad de Milwaukee Wisconsin. Villalaz dio a conocer los hechos en una conferencia de prensa acompañado de la asociación de Forward latino, donde manifestó:
Yo iba a cenar a un restaurante mexicano cuando un hombre se me acercó y dijo, “No puedes estacionarte aquí. Estas haciendo algo ilegal. Debes obedecer la ley. Viniste aquí e invadiste mi país”.
El inmigrante peruano contó que fue y estacionó su camioneta en otra cuadra. Pero cuando regresó al restaurante, el hombre estaba esperándolo y volvió a recriminar al inmigrante por vivir de manera ilegal, sin realmente conocer el estado de Villalaz, por lo cual él respondió “Señor, usted no sabe mi estado. Yo también soy ciudadano de los Estados Unidos todos vinieron de otro lado”, fue allí cuando el hombre le lanzo acido sobre su rostro causándole quemaduras de segundo grado.
El alcalde de Milwaukee atribuye estas agresiones de odio al presidente Donald Trump hacia los inmigrantes, “Esta ira hacia la gente de otros países está siendo alimentada por nuestro presidente y sus seguidores la víctima es un ciudadano de los Estados Unidos y tiene todo el derecho de estar aquí como cualquiera de nosotros”, Afirma además que el presidente en repetidas ocasiones ha dicho los inmigrantes que cruzan la frontera están invadiendo el territorio estadounidense.
Fuente: Youtube El Dia RD
https://www.inmigracionyvisas.com/a4601-atacan-migrante-peruano-con-acido.html
viernes, 8 de noviembre de 2019
El inmigrante activista de larga data Marco Saavedra se enfrenta al final de su proceso de solicitud de asilo en Nueva York el jueves 7 de noviembre. Saavedra es un activista indocumentado nacido en México que llegó a Estados Unidos a los 3 años. Saavedra ha solicitado asilo político por la persecución a los activistas en México.
Durante los últimos años Saavedra ha estado involucrado en varias acciones de alto perfil para reivindicar los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En 2012 forzó su arresto por parte de las autoridades federales para infiltrarse en el centro de detención privado de Broward, en Florida, y ayudar a que los prisioneros se organizaran.
Un año después se autodeportó a México, arriesgándolo todo para denunciar la violencia en la frontera y protestar contra la separación de familias inmigrantes durante el Gobierno de Obama.
Fuente: www.democracynow.org/
https://www.inmigracionyvisas.com/a4597-historia-de-un-activista-que-enfrenta-deportacion.html
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domingo, 3 de noviembre de 2019
Juez Bloquea Requerimiento De Seguro Medico Para Migrantes En Estados Unidos
El juez federal de Portland, Oregon, Michael Simon emitió una orden preliminar el sábado 2 de noviembre donde suspendió la regla del gobierno del presidente Donald Trump que requería que los inmigrantes, demostraran que podrán contar con seguro médico o pagar por atención de salud antes de poder obtener visas y que entraba en vigor el domingo 03 de noviembre.
Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG presentaron el miércoles, una demanda federal con el argumento de que la medida descartaría, a casi dos terceras partes de los posibles inmigrantes legales.
La denuncia también señaló que la regla también reduciría enormemente, o eliminaría el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos, con visas patrocinadas por familiares.
“Estamos muy agradecidos de que la corte reconociera la necesidad de bloquear de inmediato la regla de atención médica”, dijo la abogada senior del Justice Action Center Esther Sung, quien presentó argumentos en la audiencia, del sábado a nombre de los demandantes. “La medida separaría a las familias, y reduciría dos terceras partes de la migración basada en, ‘green cards’ a partir de esta noche, en caso de que no se suspendiera la prohibición”.
El decreto que firmó el presidente Donald Trump a principios de octubre, aplica a personas que aspiran a visas de migrante desde el extranjero, y no a quienes ya están dentro de Estados Unidos. No afecta a los residentes legales permanentes, así como tampoco a solicitantes de asilo, refugiados o menores de edad.
La proclamación indica que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país, a menos que obtengan cobertura de salud en un lapso de 30 días, después de su entrada o cuenten con los suficientes recursos económicos, para cubrir cualquier costo médico.
La regla es tan solo el más reciente intento del gobierno de Trump por limitar el acceso, a los programas públicos mientras intenta alejar al país, de un sistema migratorio basado en la familia, y convertirlo en uno basado en méritos.
Al momento de la proclamación, la Casa Blanca dijo en un comunicado que se tomó, la medida porque demasiados extranjeros se aprovechaban de los, “generosos programas de salud pública” del país, y los inmigrantes contribuyen al problema de “costos de salud sin compensación”.
Según la regla de visado del gobierno, se puede adquirir un seguro requerido de forma individual u obtenerlo de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o de cobertura “catastrófica”.
El plan Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si utiliza los subsidios de la Ley de Protección al Paciente, y Cuidado de Salud Asequible para adquirir un seguro. El gobierno federal paga esos subsidios.
Fuente: YouTube TV Española 24/7
https://www.inmigracionyvisas.com/a4584-Bloquean-Requerimiento-De-Seguro-Medico-Para-Solicitud-De-Visa.html
jueves, 31 de octubre de 2019
The Trump Administration Wants To Return To A Pre-Civil Rights Immigration System
By Walter Ewing
The ideology of President Trump is about more than limiting how many immigrants enter the United States each year; it’s about turning back the clock on U.S. social history.
A recent analysis by law professor Robert Tsai explores how President Trump’s ideology—labeled “Trumpism”—is the latest installment in a long-standing conservative movement to dismantle the legacy of the civil rights era and return the country to a more “traditional” social order.
This traditional order, which prevailed in the 1950s, has very little room for immigrants—particularly non-white immigrants from the developing world.
Tsai’s analysis begins by noting a key historical fact: that the Immigration and Naturalization Act of 1965 was an integral part of the civil rights struggle—just as much as the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. It broke down racial barriers that had dominated U.S. immigration law for decades. The fundamental principle behind all three laws was simple: the promotion of equality.
The Immigration and Naturalization Act of 1965 also had two other guiding principles: the preservation of family unity and the presumption that immigrants are capable of assimilating or integrating into U.S. society.
Although the new immigration system was not perfect, it did radically reduce the level of overt racial discrimination would-be immigrants to the United States had to endure. Prior to 1965, a “national origins quota” system dominated the U.S. immigration system for more than 40 years. That system favored immigrants from northern and western Europe, while discriminating against virtually everyone else in the world.
The 1965 law scrapped that system and significantly opened immigration from Latin America, Asia, and Africa, as well as Europe in its entirety.
As Tsai argues, that began to change after 9/11, when institutional discrimination against Muslims skyrocketed in the name of “national security.”
The situation has gotten worse under the Trump administration. Both Latinos and Muslims are portrayed as existential threats to the nation. The Trump administration also ignores that immigrants have a long history of successfully integrating into U.S. society. According to Tsai, Trumpism is fueled by anxieties over the demographic and cultural changes the nation has experienced since the adoption of a more open immigration system in the 1960s. In this sense, Trumpism is what Tsai calls an “ethno-nationalist movement.”
But Trumpism also borrows from other strains of conservative ideology, ranging from the Tea Party to the Moral Majority. As a result, it targets a host of “enemies” in addition to immigrants, such as the United Nations and the global trade regime.
Another key feature of Trumpism is its dependence on the unilateral power of the presidency to implement any policy change. With the House in Democratic hands and the Senate in Republican hands, Congress is effectively deadlocked.
The Trump administration therefore falls back on claims of “national security” or “national emergency” to justify its use of executive orders and federal regulations as it attempts to implement a sweeping agenda for which it has no clear mandate. As Tsai notes, President Trump has made no secret of his preference for immigrants from Nordic countries—and his disdain for immigrants from places like Haiti, El Salvador, and basically any African country.
This attitude reflects more than just the president’s views on immigration. It reflects his views on race as well. It’s no wonder that he wants to lead the nation back to the 1950s, before the civil rights movement dared to challenge the racial hierarchy of U.S. society.
Source: www.immigrationimpact.com
https://www.inmigracionyvisas.com/a4578-Return-to-a-Pre-Civil-Rights-Immigration-System.html
martes, 29 de octubre de 2019
¿Qué Está Pasando Con El Muro Fronterizo De Trump?
Por: Jorge Loweree www.immigrationimpact.com
El presidente Trump ha hecho que la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México sea la piedra angular de su presidencia. Hasta la fecha, no se ha erigido ni una milla de nuevas barreras. Pero la administración Trump continúa buscando agresivamente nuevas vías para financiar este proyecto fuera del proceso tradicional de apropiaciones federales, incluida la declaración del presidente de una emergencia nacional.
El juez David Briones en Texas emitió un fallo que evitará que el presidente use ciertos fondos del Departamento de Defensa (DoD) para construir nuevas barreras a lo largo de la frontera.
Esta es una de las ocho demandas presentadas en la corte federal para desafiar el muro fronterizo. La mayoría argumenta que la emergencia nacional de Trump es una maniobra ilegal para liberar fondos para el muro al eludir el Congreso.
La administración ha realizado múltiples solicitudes de fondos federales, a pesar de la negativa reiterada del Congreso y la evidencia clara de que un muro es una medida de aplicación innecesaria costosa e ineficiente para abordar la migración no autorizada.
En 2017, la administración solicitó $ 999 millones para financiar la "primera entrega" del muro del presidente Trump. Ese año, el Congreso controlado por los republicanos proporcionó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) $ 341 millones para reemplazar alrededor de 40 millas de barreras existentes. Al año siguiente, la administración solicitó $ 1.6 mil millones por 74 millas de nuevas barreras. El Congreso respondió proporcionando aproximadamente $ 1.6 mil millones para cercas de reemplazo y tecnología de seguridad adicional.
En 2019, el presidente solicitó $ 5.7 mil millones para la construcción de una barrera de acero. Después del cierre gubernamental más largo en la historia de los Estados Unidos, el Congreso proporcionó $ 1.4 mil millones para la construcción de cercas para peatones en el sur de Texas.
Pero el Congreso proporcionó una advertencia importante sobre cómo se podría utilizar esta financiación en el proyecto de ley de asignaciones de ese año:
"Ninguno de los fondos puestos a disposición en esta o cualquier otra Ley de apropiaciones puede usarse para aumentar, eliminar o reducir la financiación de un programa, proyecto o actividad como se propone en la solicitud de presupuesto del Presidente..."
La intención del Congreso era clara: los legisladores acordaron proporcionar un total de aproximadamente $ 3.3 mil millones en el transcurso de tres años para tecnología de seguridad adicional y cercas de reemplazo a lo largo de la frontera, pero NO con el propósito de crear nuevas barreras. Es importante tener en cuenta que estos fondos son independientes de los miles de millones de dólares adicionales que DHS recibe para la aplicación de la ley de inmigración.
El presidente firmó este proyecto de ley de apropiaciones, pero al mismo tiempo proclamó una emergencia nacional en la frontera sur. La proclamación ordenó la reapropiación de miles de millones de dólares del Departamento de Defensa para construir nuevas barreras y enviar personal militar a la frontera. Más específicamente, la proclamación del presidente era:
- Aproximadamente $ 2.5 mil millones en fondos del Departamento de Defensa destinados a apoyar actividades antidrogas.
- Aproximadamente $ 3.6 mil millones en fondos del Departamento de Defensa destinados a proyectos de construcción militar.
El juez Briones dictaminó que la proclamación del presidente viola la ley federal. También dijo que la proclamación es inválida ya que intenta anular la intención del Congreso de evitar más fondos para la construcción de nuevas barreras.
Se ordenó a las partes que presentaran una orden judicial preliminar propuesta especificando su alcance dentro de diez días. Este caso se centra en el grupo de $ 3.6 mil millones de dólares de construcción del Departamento de Defensa, pero la decisión del juez sobre la orden judicial preliminar podría arrastrar los $ 2.5 mil millones adicionales destinados a actividades antidrogas.
Todo esto ha sucedido en el contexto de múltiples votos en el Congreso a favor de terminar la emergencia nacional del presidente. El presidente acaba de vetar la resolución más reciente.
El juez Briones no tendrá la última palabra: este caso seguramente llegará a la Corte Suprema. El resultado final de estos casos determinará si Estados Unidos regresa a una forma de gobierno más equilibrada, o si los presidentes ahora tendrán la discreción incuestionable para apropiarse de los dólares federales como lo consideren conveniente.
Fuente: www.immigrationimpact.com
https://www.inmigracionyvisas.com/a4572-Que-Esta-Pasando-Con-El-Muro-Fronterizo.html
jueves, 10 de octubre de 2019
Julián Castro Critica Las “Desquiciadas” Políticas De Inmigración De Donald Trump
El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU. Julián Castro
escoltó el lunes a una docena de solicitantes de asilo al paso
fronterizo entre Estados Unidos y México situado en la ciudad de
Brownsville, en el estado de Texas, en un intento por desafiar la
llamada política de “Permanecer en México” del presidente Trump.
El grupo incluía a una mujer salvadoreña con discapacidad y a sus
familiares, así como a nueve personas pertenecientes a la comunidad
LGBTQ de Cuba, Guatemala y Honduras. Muchos de ellos han indicado que
fueron amenazados y agredidos durante el periodo de tiempo que se han
visto forzados a esperar en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros
hasta que se procese su solicitud de asilo.
A los solicitantes de asilo que acompañaba Castro se les negó la entrada a Estados Unidos.
En Twitter, Castro escribió “Por ley, se supone que estos migrantes
están exentos de la política de Permanecer en México, pero @CBP [la
Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza] ha decidido ignorar su
debido proceso. Indignante”.
Compartimos la entrevista en inglés a Julian Castro, quien habló con
https://www.democracynow.org desde la ciudad de San Antonio, en el
estado de Texas, donde fue alcalde desde 2009 a 2014
AMY GOODMAN: This is Democracy Now! I’m Amy Goodman, with Juan González.
JUAN GONZÁLEZ: We turn now to Democratic presidential
candidate and former Housing Secretary Julián Castro. On Monday, he
escorted a dozen asylum seekers to the U.S. port of entry at
Brownsville, Texas, in a challenge to President Trump’s “Remain in
Mexico” policy. The group included a disabled Salvadoran woman and her
relatives, as well as nine LGBTQ people from Cuba, Guatemala and
Honduras. Many of them report they’ve been threatened and assaulted
while they’ve been forced to wait in the Mexican border city of
Matamoros. The asylum seekers were refused entry into the United States.
AMY GOODMAN: On Twitter, Julián Castro wrote, quote,
“By law, these migrants are supposed to be exempt from the Remain in
Mexico policy—but @CBP [Customs and Border Protection] had decided to
ignore their due process. Outrageous.”
Julián Castro joins us now from San Antonio, the city where he served as
mayor from 2009 to 2014, now attempting to become the first Latino
president of the United States.
Secretary Castro, welcome back to Democracy Now! Can you tell us exactly what you did this week?
JULIÁN CASTRO: Yeah. Good morning. Thanks for having me.
So, I was invited by the Texas Civil Rights Project, that works with
migrants who are seeking asylum and who have been caught up in the Trump
administration’s “Remain in Mexico” policy — technically called the
Migrant Protection Protocol policy — which has them claim asylum here,
and then sends them to wait in Mexico while their asylum claim is
adjudicated. I had been asked to visit Matamoros, on the other side of
Brownsville, Texas, because you have about a thousand people who are
there, who — most of whom are seeking asylum, waiting for their court
dates, that are caught up in this “Remain in Mexico” policy.
And we wanted to highlight especially the claims of members of the LGBTQ
community and also one person who is disabled. She’s deaf. We were
highlighting them specifically because under the terms of the “Remain in
Mexico” policy itself, somebody with a physical issue or mental health
trauma is supposed to be exempted. In other words, they’re supposed to
be allowed to remain in the United States while their claim is
adjudicated, instead of being sent back to Mexico. These members of the
LGBTQ community, they have been persecuted. They’ve been subjected to
violence. They’ve been threatened. They’re suffering trauma and, some of
them, PTSD. And so, we believe that they should qualify for that
exemption because of the mental health trauma they’re going through. And
the person who is deaf has a physical disability, a physical issue. She
never should have been put in that program in the first place.
And let me just say, you know, when I went over there, as I mentioned,
there are over a thousand people. They’re all living in tents. They told
me, to a person, that they don’t have clean water to drink, that a lot
of the kids there are sick. I saw children as young as 12 days old, a
baby that was 12 days old. They’re living basically in a field that’s
right near the river, the Rio Grande river, and right next to the border
station. So, these are people who are in desperate circumstances,
living in unsanitary conditions, in squalor, not knowing what’s going to
happen to them, and pleading for help.
We took these 12 individuals to present to the Border Patrol agents,
CBP. And they were eventually interviewed, and then they were all sent
back. They were all denied any kind of relief under the exemption in the
MPP policy.
JUAN GONZÁLEZ: Well, Secretary Castro, I wanted to ask
you, because, obviously, Mexico has to participate in this “Remain in
Mexico” policy. And I don’t know if you saw the op-ed piece that Jorge
Ramos, the co-anchor of the national Univision News had in The New York
Times this week, where he said Mexico may not be paying for the wall,
the Trump wall, but Mexico has effectively become the wall and is
participating in this attempt of President Trump to prevent more people
from coming into the country. I’m wondering about your sense of the
Mexican policy under President López Obrador?
JULIÁN CASTRO: Yeah, I did not see that op-ed, but I
think that Jorge puts it very well there, that — you know, that this was
something that Mexico agreed to. And to me, that was surprising, given
the history of López Obrador and what I thought he would stand for and
do once he was in office.
The other thing that’s been a concern is that, you know, of course, for
the municipality, for Matamoros and for the state government there, they
do have a responsibility to help make sure that these individuals are
safe, that they’re living in sanitary conditions. I was told by one
person on the other side of the border that the city is trying to do
something, but trying to get folks to move to a different part of the
community, of the city, where they’re trying to — they’ve tried to
establish more sanitary conditions and better living conditions. I don’t
know whether that’s accurate or not — it may well be accurate — but
that there’s a hesitancy among the migrants there because of the lack of
safety in other parts of the community. And, you know, they feel like
they want to be there, of course, near the Border Patrol station, when
they have their hearing, or there’s just this sense of being close to
the United States. And so they’ve been hesitant to go to that other
place that may have been established by the city for them to be at.
AMY GOODMAN: So what are you demanding of the president right now?
JULIÁN CASTRO: Well, he should end this policy. If I
were elected president, I would immediately end this “Remain in Mexico”
policy. It flies in the face of the United States policy of allowing
people who are making a claim of asylum to remain in the United States
while their claim is adjudicated.
So we need to do a couple things. Number one, we need to end this policy
and allow people to remain in the safety of the United States.
Secondly, and just as importantly, we actually need to create an
independent immigration court system, that’s independent from the
Department of Justice, with enough judges and support staff to hear
these asylum claims and get people an answer in a timely manner. Some
people will get asylum. We also know that some people will not. But
people should not be waiting years to get an answer on their asylum
claim.
AMY GOODMAN: Let me ask you about The New York Times
report recently reporting President Trump privately pushed for shooting
migrants and for creating a, quote, “water-filled trench, stocked with
snakes or alligators,” along the U.S.-Mexico border; the Times also
detailing how Trump has privately proposed other radical measures to
curtail immigration, including closing the entire U.S.-Mexico border and
building an electrified border wall topped with spikes to pierce human
flesh; the Times revealing Trump has repeatedly raised the idea of
shooting migrants during staff meetings; the paper reporting, “After
publicly suggesting that soldiers shoot migrants if they threw rocks,
the president backed off when his staff told him that was illegal. But
later in a meeting, aides recalled, he suggested that they shoot
migrants in the legs to slow them down. That’s not allowed either, they
told him.” The Times article is based on the new book, Border Wars:
Inside Trump’s Assault on Immigration, by the Times reporters Michael D.
Shear and Julie Hirschfeld Davis. Julián Castro, if you could respond?
JULIÁN CASTRO: I mean, that’s the product of a
deranged mind right there. What else can we say about that, except
that’s an individual with a deranged mind and, obviously, a lot of hate
toward these migrants? And, you know, this is the caliber of person
that’s sitting in the Oval Office right now. It’s just one more example
of why he should not be president of the United States, somebody who is
not only hateful, but who is so divorced from reality that he would, on
multiple occasions, bring up the idea of shooting people. It makes no
sense.
I hope that more and more Americans are paying attention to the
depravity of this president and the cruelty that he’s inflicted on
people that are simply seeking a better life. And that’s consistent with
people from different places all over the world that have come seeking a
better life, who have come from desperate circumstances throughout the
generations. And so, this is nothing new in our country’s history or the
history of the world.
And my hope is that this president is going to be held to account for
what he’s done in terms of violating his oath of office and abusing his
power, that he will be impeached, that he will be removed from office.
If he is not impeached and removed, he’s going to be defeated on
November 3rd, 2020, and that this nightmare, with respect to how he’s
treating migrants, will be over.
JUAN GONZÁLEZ: Secretary Castro, I wanted to ask you
also, because the president often talks about how he’s opposed to people
coming into the country illegally, but the reality is that his policies
in terms of even legal immigration are dramatically different from past
policy. I think the Census Bureau is reporting we had the lowest number
of legal immigrants admitted into the country, just a couple hundred
thousand compared to an average of about a million a year in many past
years, the reduction in refugee admissions, the clampdown on asylum
requests. Could you talk about his policy toward legal immigration?
JULIÁN CASTRO: Yeah. You know, sometimes it makes some
folks feel good when they can say, “Well, you know, I’m not really
against, or the president is not really against immigration; he’s
against undocumented immigrants, or so-called illegal immigrants.” But
as you point out, clearly, this is an assault on all immigrants,
undocumented and documented. This public charge rule that they’ve
proposed, that would essentially chill legal immigrants from
participating in American life, the cutbacks to the number of refugees
that we’ll accept, also this asylum policy that has been tightened, this
“Remain in Mexico” policy, that would deal with potential asylees — in
all of these ways, the president has sought to curtail legal
immigration. So, at the bottom of this is truly a vision of America that
looks like Donald Trump. That’s what he wants. That’s what he’s trying
to create. And so, people should not fool themselves.
What I believe is that our diversity in this country makes us strong,
that we can harness the potential of immigrants, and that, for
generations, immigrants, both documented and undocumented, have made
this country stronger, have powered our economy, have helped ensure that
we continue to move forward as a nation. And that’s going to continue
to be the case in the future. And I believe that we should increase the
number of people that we’re taking in as refugees and asylees, and that
we should put undocumented immigrants who are here in the United States
on a pathway to citizenship, as long as they have not committed a
serious crime here in the United States. That’s what I would do as
president.
Fuente: https://share.america.gov
https://www.inmigracionyvisas.com/a4526-Julian-Castro-critica-politicas-de-inmigracion.html
jueves, 26 de septiembre de 2019
Gobierno De Estados Unidos Suspende El Ingreso De Algunos Venezolanos Al País
Dada la importancia para los Estados Unidos de fomentar el funcionamiento del gobierno constitucional y las instituciones democráticas en Venezuela, El gobierno de Estados Unidos a través de su presidente ha determinado tomar medidas para restringir y suspender la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro y otros descritos en esta proclamación que formulan, implementan o se benefician de las políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas de Venezuela o impiden la restauración del gobierno constitucional a Venezuela.
DONALD J. TRUMP, por la autoridad que le confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluidas las secciones 212 (f) y 215 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) (8 USC 1182 (f) y 1185 (a)) y la sección 301 del título 3, Código de los Estados Unidos, determinan que la entrada sin restricciones de inmigrantes y no inmigrantes a los Estados Unidos de las personas descritas en la sección 1 de esta proclamación, excepto como previsto en la sección 4 de esta proclamación, va en detrimento de los intereses de los Estados Unidos, y que su entrada debe estar sujeta a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones. Por lo tanto, proclamo lo siguiente:
Sección 1: Se suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de las siguientes personas:
(a) Miembros del régimen de Nicolás Maduro a nivel de Viceministro, o equivalente, y superior;
(b) Todos los oficiales del ejército, la policía o la Guardia Nacional venezolana en el rango de Coronel, o equivalente, y superior;
(c) Todos los miembros de la organización conocida como la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela;
(d) Todos los demás extranjeros que actúen en nombre o en apoyo de los esfuerzos del régimen de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela o impedir la restauración del gobierno constitucional a Venezuela;
(e) Extranjeros que obtienen un beneficio financiero significativo de transacciones o negocios con personas descritas en las subsecciones (a) a (d) de esta sección; y
(f) Los familiares directos de las personas descritas en los incisos (a) a (e) de esta sección.
Sección 2: Delegación de autoridad ante el Secretario de Estado. Las personas cubiertas por la sección 1 de esta proclamación serán identificadas por el Secretario de Estado, o la persona designada por el Secretario, a su exclusivo criterio, de conformidad con los procedimientos que el Secretario pueda establecer en virtud de la sección 3 de esta proclamación.
Sección 3: Implementación de Suspensión y Limitación de Entrada. El Secretario de Estado implementará esta proclamación tal como se aplica a las visas de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, pueda establecer. El Secretario de Seguridad Nacional implementará esta proclamación según se aplique a la entrada de extranjeros de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, pueda establecer.
Sección 4: Alcance de la suspensión y limitación de entrada. La Sección 1 de esta proclamación no se aplicará a:
(a) Cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos;
(b) Cualquier persona que haya recibido asilo de los Estados Unidos, cualquier refugiado que ya haya sido admitido en los Estados Unidos, o cualquier persona a la que se le haya otorgado la retención o expulsión de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o El castigo, y nada en esta proclamación se interpretará que afecte la elegibilidad de un individuo para asilo, estatus de refugiado, retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura, de conformidad con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos; y
(c) Cualquier persona de otra manera cubierta por la sección 1 de esta proclamación, luego de que el Secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de los Estados Unidos, incluso cuando el Secretario así lo determine, según una recomendación de Fiscal General, que la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos. Al ejercer esta responsabilidad, el Secretario de Estado consultará al Secretario de Seguridad Nacional sobre asuntos relacionados con la admisibilidad o inadmisibilidad dentro de la autoridad del Secretario de Seguridad Nacional.
Sección 5. Terminación. Esta proclamación permanecerá vigente hasta el momento en que el Secretario de Estado determine que ya no es necesaria y debe ser terminada, ya sea en su totalidad o en parte. Cualquier determinación de este tipo por parte del Secretario de Estado entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal.
Sección 6. Disposiciones generales.
(a) Nada en esta proclamación se interpretará para menoscabar o afectar de otra manera:
(i) Obligaciones del gobierno de los Estados Unidos bajo los acuerdos internacionales aplicables;
(ii) La autoridad otorgada por ley a un departamento o agencia ejecutiva, o al jefe del mismo; o
(iii) Las funciones del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relacionadas con propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.
(b) Esta proclamación se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a la disponibilidad de apropiaciones.
(c) Esta proclamación no pretende, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados, o agentes, o cualquier otra persona.
Fuente: www.whitehouse.gov
https://www.inmigracionyvisas.com/a4498-estados-unidos-suspende-ingreso-de-venezolanos.html
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