El gobierno de Perú en cumplimiento de la normativa vigente, solo admitirán el ingreso venezolanos con pasaporte y que cuenten con una visa válida, ya sea una visa humanitaria o una visa de turismo. Esta medida rige a partir del 15 de junio de 2019 a las 00:00 horas, a continuación los requisitos para el trámite de estas visas:
Para tal efecto, aquellos nacionales venezolanos residentes en la República Bolivariana de Venezuela que deseen viajar al Perú solicitando la Visa Humanitaria, deberán tramitarla en los Consulados Generales del Perú en Caracas y Puerto Ordaz. De manera excepcional, y en condición de la crisis humanitaria en la región, los nacionales venezolanos podrán tramitar también la Visa Humanitaria en los Consulados Generales del Perú en Bogotá, Medellín y Leticia en la República de Colombia; así como en los Consulados Generales en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja en la República del Ecuador.
Del mismo modo, los nacionales venezolanos podrán tramitar la visa de Turista, de Negocios o de calidades migratorias distintas a la Humanitaria, ante cualquier Consulado peruano en el exterior.
VISA HUMANITARIA PARA VENEZOLANOS
La tramitación de la visa humanitaria es de carácter gratuito, se informa adicionalmente que los ciudadanos venezolanos poseedores de una visa humanitaria, a su arribo al Perú, podrán solicitar un Carné de Extranjería.
Requisitos
Los requisitos para la visa con calidad migratoria humanitaria de los nacionales venezolanos son los siguientes:
Pasaporte ordinario vigente, por vencer o vencido.
Partida de Nacimiento otorgada por el Registro Civil de la República Bolivariana de Venezuela (www.cne.gob.ve) y apostillada, para menores de 9 años, en caso de no contar con pasaporte.
La calidad migratoria humanitaria se ha habilitado solamente para los nacionales venezolanos.
1. Los ciudadanos venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte del Mercosur, aun cuando cuenten con carné de extranjería o documento equivalente, requieren pasaporte y visa para ingresar al Perú.
2. Los ciudadanos venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte de la Comunidad Andina, aun cuando cuenten con carné de extranjería o documento equivalente, requieren pasaporte y visa para ingresar al Perú.
3. Los ciudadanos venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte de Alianza del Pacífico, portadores de carné de extranjería o documentos equivalente, están exonerados de visa para ingresar al Perú.
4. La calidad migratoria humanitaria se ha habilitado solamente para los nacionales venezolanos.
VISA DE TURISTA PARA VENEZOLANOS
Requisitos
Los requisitos para la visa con calidad migratoria de turista de los nacionales venezolanos son los siguientes:
Pasaporte ordinario vigente, por vencer o vencido.
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente
1. Los ciudadanos venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte del Mercosur, aun cuando cuenten con carné de extranjería o documento equivalente, requieren pasaporte y visa para ingresar al Perú.
2. Los ciudadanos venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte de la Comunidad Andina, aun cuando cuenten con carné de extranjería o documento equivalente, requieren pasaporte y visa para ingresar al Perú.
3. Los ciudadanos venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte de Alianza del Pacífico, portadores de carné de extranjería o documentos equivalente, están exonerados de visa para ingresar al Perú.
4. La calidad migratoria humanitaria se ha habilitado solamente para los nacionales venezolanos
A efectos de facilitar el acceso a la información de nacionales venezolanos que deseen aplicar a una Visa de ingreso al Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha habilitado un correo electrónico al cual puedan hacerse las consultas del caso: visahumanitaria@rree.gob.pe.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una regla en la cual se hacen cambios en el proceso de inscripción al Programa de Visas de Diversidad o Lotería De Visas. Esta regla final provisional entró en vigor el 5 de junio de 2019, sin embargo el Departamento de Estado aceptará comentarios hasta el 5 de julio de 2019.
El Programa de Visas de Diversidad ("Programa DV") o también conocido como la Lotería de Visas es administrado anualmente por el Departamento de Estado. Se estima que 14 millones de extranjeros se registran anualmente en este programa través de un formulario de inscripción electrónica.
Hasta el año pasado el formulario de inscripción recopila información sobre el nombre completo del peticionario; Fecha y lugar de nacimiento; género; país de origen, si es diferente del lugar de nacimiento; dirección postal actual; y la ubicación de la oficina consular donde se debe adjudicar la visa de diversidad, si el solicitante es seleccionado a través de la lotería de visas.
El formulario de inscripción electrónica también recoge información sobre los nombres, Fechas y lugares de nacimiento del cónyuge e hijos del peticionario. El proceso de ingreso está abierto a todos los extranjeros que sean nativos de países de "baja admisión" sin limitación numérica, definidos como países con menos de 50,000 nativos admitidos en los Estados Unidos durante el último período de cinco años.
Después del cierre del período de ingreso al Programa DV, los solicitantes son seleccionados a través de un sorteo computarizado al azar ("seleccionados") para ser considerados para una de las 50,000 visas de diversidad disponibles.
Desde el 5 de junio de 2019, el Departamento de Estado ha modificando el proceso de inscripción para exigir que el peticionario incluya en el formulario de registro a la visa de diversidad electrónica el número de pasaporte, país o autoridad que emite el pasaporte; y fecha de caducidad del pasaporte, cabe recalcar que el pasaporte debe estar vigente. Estos requisitos se aplicarán solo al peticionario principal y no a los derivados enumerados en el formulario de inscripción.
Estos requisitos se aplican a menos que el peticionario sea apátrida, o sea nacional de un país controlado por los comunistas y no pueda obtener un pasaporte del gobierno del país, para ello, debe indicar que cae en una de estas circunstancias en el formulario de inscripción electrónica, en lugar de proporcionar la información de pasaporte.
El Departamento también está aclarando que si no se incluye con precisión cualquier información requerida se producirá la descalificación obligatoria del solicitante para ese año fiscal. Las regulaciones existentes requieren que el peticionario envíe información específica, que incluye, entre otras cosas, el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento del peticionario principal y cualquier familiar que pueda acompañar al peticionario, si es seleccionado para solicitar una visa de diversidad, así como una foto digital. Si bien estos son actualmente requisitos para el formulario de ingreso a la visa de diversidad, las regulaciones existentes no aclaran la consecuencia por no proporcionar la información. El reglamento revisado aclara que si no se proporciona la información requerida, incluida una fotografía compatible, se descalificará la inscripción.
Estos cambios se dan porque el Departamento ha encontrado históricamente un número significativo de entradas fraudulentas en el Programa DV cada año, incluidas las entradas enviadas por empresas criminales en nombre de personas sin su conocimiento. Las personas o entidades que envían entradas no autorizadas lo hacen con el fin de recibir un dinero a cambio de suministrar los datos para iniciar el proceso.
Requerir que cada formulario de inscripción incluya un número de pasaporte válido en el momento de la inscripción en el Programa DV hará más difícil que los terceros envíen entradas no autorizadas, ya que es menos probable que los terceros tengan números de pasaporte de individuos.
Aunque la regla es efectiva de inmediato, el Departamento de Estado está aceptando comentarios del público hasta el 5 de julio de 2019 todas las presentaciones recibidas deben incluir el número de control OMB 1405-0153 en el cuerpo de la carta y el nombre de la agencia. Comentarios directos al Departamento de Oficina del Estado en la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). Puede enviar comentarios por los siguientes métodos:
Correo electrónico: oira_submission@omb.eop.gov. Debe incluir el número de formulario DS, el título de la recopilación de información y el número de control OMB en la línea de asunto de su mensaje.
Fax: 202-395-5806. Atención: Oficial de escritorio del Departamento de Estado.
With the rescission of the Deferred Action for Children Arrivals (DACA) initiative, there has been renewed pressure on Congress to pass federal legislation known as the Dream Act to protect young immigrants who are vulnerable to deportation. This fact sheet provides an overview of the Dream Act and other similar legislative proposals, explains changes made to DACA on March 13, 2019, and provides information about policies at the state level that support Dreamers.
History of the Dream Act
The first version of the Development, Relief, and Education for Alien Minors (DREAM) Act was introduced in 2001. As a result, young undocumented immigrants have since been called Dreamers. Over the last 18 years, at least ten versions of the Dream Act have been introduced in Congress. While the various versions of the Dream Act have contained some key differences , they all would have provided a pathway to legal status for undocumented youth who came to this country as children. Some versions have garnered as many as 48 co-sponsors in the Senate and 152 in the House.
Despite bipartisan support for each bill, none has become law. The bill came closest to full passage in 2010 when it passed the House of Representatives but fell just five votes short of the 60 necessary to proceed in the Senate.
In July 2017, versions of the Dream Act were introduced in the Senate by Senators Lindsay Graham (R-SC) and Richard Durbin (D-IL) and in the House by Rep. Lucille Roybal-Allard (D-CA) and Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-FL). That year, members of the House of Representatives introduced several other legislative proposals to address undocumented youth, most of which were variants on the Dream Act. Although some of these bills drew significant support, none became law.
Current Federal Legislative Proposals
The most recent version of the Dream Act, H.R. 2820, was introduced in May 2019 in the House by Rep. Lucille Roybal-Allard (D-CA). H.R. 2820 was passed by the House Judiciary Committee on May 22, 2019, and the bill was subsequently combined with H.R. 2821, the American Promise Act of 2019, to form H.R. 6, the American Dream and Promise Act of 2019. H.R.6 would provide permanent legal status for “Dreamers” as well as beneficiaries of two humanitarian programs: Temporary Protected Status and Deferred Enforced Departure.
What Does the Dream Act do?
The American Dream and Promise Act of 2019 allows current, former, and future undocumented high-school graduates and GED recipients a three-step pathway to U.S. citizenship through college, work, or the armed services.
STEP 1: CONDITIONAL PERMANENT RESIDENCE
An individual is eligible to obtain conditional permanent resident (CPR) status for up to 10 years, which includes work authorization, if the person:
Entered the United States under the age of 18;
Entered four years prior to enactment and has since been continuously present;
Has been admitted to an institution of higher education, has graduated high school or obtained a GED, or is currently enrolled in secondary school or a program assisting students to obtain a high school diploma or GED.
Has not been convicted of any "crime involving moral turpitude" or controlled substance offense, any crime punishable by more than one year in prison, or three or more offenses under state or federal law where the individual was imprisoned for 90 days or more. There is an exception for offenses which are essential to a person’s immigration status;
Has not been convicted of a crime of domestic violence unless the individual can prove the crime was related to being the victim of domestic violence, sexual assault, stalking, child abuse, neglect in later life, human trafficking, battery, or extreme cruelty.
Under the terms of the bill, the Secretary of Homeland Security can issue waivers for humanitarian purposes, for family unity, or when the waiver is otherwise in the public interest. In addition, anyone who has DACA would be granted a swift path to CPR status.
STEP 2: LAWFUL PERMANENT RESIDENCE
Anyone who maintains CPR status can obtain lawful permanent residence (LPR status or a “green card”) by satisfying one of the following requirements:
Higher education: Has completed at least two years, in good standing, of higher education or of a program leading to a certificate/credential from an area career and technical education school;
Military service: Has completed at least two years of military service with an honorable discharge;
Work: Can demonstrate employment over a total period of three years.
Individuals who cannot meet one of these requirements can apply for a “hardship waiver” if the applicant is a person with disabilities, a full-time caregiver of a minor child, or for whom removal would cause extreme hardship to a spouse, parent, or child who is a national or lawful permanent resident of the United States.
STEP 3: NATURALIZATION
After maintaining LPR status for five years, an individual can generally apply to become a U.S. citizen through the normal process.
According to the Migration Policy Institute, as many as 2.31 million individuals would qualify for conditional permanent resident status under the 2019 version of the Dream Act, putting them on a path to citizenship. The bill would also provide a path to citizenship for an estimated 429,000 people who are current or former beneficiaries of TPS or DED.
Deferred Action for Childhood Arrivals
On June 15, 2012, then-Secretary of Homeland Security Janet Napolitano createdDeferred Action for Childhood Arrivals (DACA). DACA is an exercise of prosecutorial discretion, providing temporary relief from deportation (deferred action) and work authorization to certain young undocumented immigrants brought to the United States as children. DACA has enabled almost 800,000 eligible young adults to work lawfully, attend school, and plan their lives without the constant threat of deportation, usually to an unfamiliar country. nlike federal legislation, however, DACA does not provide permanent legal status to individuals and must be renewed every two years.
On September 5, 2017, Acting Secretary of Homeland Security Elaine Duke rescinded the 2012 DACA memorandum and announced a “wind down” of DACA. Effective immediately, no new applications for DACA would be accepted. DACA beneficiaries whose status was due to expire before March 5, 2018 were permitted to renew their status for an additional two years if they applied by October 5, 2017. Any person for whom DACA would have expired as of March 6, 2018, would no longer have deferred action or employment authorization.
On January 9, 2018, a federal judge in California blocked the Trump administration’s termination of DACA and continued to allow renewal requests. Similarly, on February 13, 2018, a federal judge in New York issued a preliminary injunction preventing the administration from abruptly ending the DACA program. As of June 2019, individuals with DACA or those who have had DACA in the past can continue to renew their benefits on a two-year basis. However, first-time applications are no longer being accepted.
State Policies that Protect Dreamers
States cannot legalize the status of undocumented immigrants, but they may address collateral issues that stem from being undocumented. Most notably, numerous states have enacted legislation that helps overcome barriers to higher education faced by many undocumented youth. Pursuant to some state laws and policies, undocumented students may be able to attend state universities and qualify for in-state tuition.
Colleges and universities each have their own policies about admitting undocumented students; some deny them admission while others allow them to attend. Even when undocumented students are allowed to attend college, however, the tuition is often prohibitively expensive. If students cannot prove legal residency in a state, they must pay the much higher out-of-state or international-student tuition rates. Further, undocumented students do not qualify for federal student loans, work study, or other financial assistance. As a result, it is extremely difficult for undocumented students to afford to attend public universities.
To help undocumented students afford college, at least 19 states have passed laws that provide them with the opportunity to receive in-state tuition. California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, Virginia, and Washington permit undocumented students who have attended and graduated from the state’s primary and secondary schools to pay the same college tuition as other state residents. The laws generally require undocumented students to attend a school in the state for a certain number of years and graduate from high school in the state.
El Departamento de Estado requiere que los ciudadanos estadounidenses tengan un pasaporte para viajes en avión al extranjero. Usted debe presentar una solicitud en persona si:
Es la primera vez que solicita un pasaporte estadounidense.
Es menor 16 años o su pasaporte vigente fue expedido antes de los 16 años.
No tiene un documento de identificación válido que indique que es ciudadano estadounidense.
Viaja dentro de 2 semanas o menos.
Cambió su nombre legal y no tiene prueba jurídica del cambio de nombre.
Prueba de ciudadanía: puede ser un documento vital como la partida de nacimiento, el certificado de ciudadanía, un pasaporte caducado o copia del registro del pasaporte.
Prueba de identidad: puede ser la licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal, militar o del Gobierno federal, certificado de ciudadanía o pasaporte estadounidense vigente o caducado. También puede presentarotros documentos (en inglés)para comprobar su identidad.
Número de Seguro Social: no es necesario que presente la tarjeta del Seguro Social, sólo deberá ingresar su número de Seguro Social donde se le indique. Si no tiene un número del Seguro Social puede colocar ceros en los espacios.
Evidencia de cambio de nombre: si cambió de nombre, deberá presentar un comprobante con la evidencia del cambio. Si no tiene un comprobante legal, una persona conocida puede llenar una declaración juramentada,formulario DS-60 (en inglés) (PDF), que servirá como evidencia del cambio de nombre.
Fotografía reciente: una foto en color de 2 x 2 pulgadas (5x5 cm).
Costo de la solicitud del pasaporte: este puede variar dependiendo si solicita unpasaporte por primera vez, si es renovación o si es menor de 16 años.
Pasaportes Para Menores De 16 Años En Estados Unidos
Los menores de edad deberán ser acompañados por sus padres o tutores legales al momento de presentar una solicitud, quienes también deberán proporcionar los siguientes documentos:
Comprobante de paternidad: como el acta de nacimiento estadounidense, un Informe Consular de Natalicio en el Extranjero con el nombre de los padres, un certificado de adopción con el nombre de los padres adoptivos o una orden judicial de custodia o tutela del menor.
Prueba de identidad de los padres o tutores legales: puede ser la licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal, militar o del Gobierno federal, certificado de naturalización, certificado de ciudadanía, o pasaporte estadounidense vigente o caducado.
Permiso paterno: ambos padres deben estar presentes para firmar la solicitud. Si uno de los dos no puede asistir, éste deberá completar elformulario DS-3053 (en inglés) (PDF). Si únicamente usted tiene la custodia del menor, deberá presentar la prueba legal de custodia única.
Si por alguna razón no es posible localizar a uno de los padres, la solicitud de pasaporte se debe acompañar del formulario elDS-5525.. Incluya la mayor cantidad de información y detalles que le sea posible. Puede ser que le pidan más documentación.
A diferencia de los pasaportes renovables y con validez de 10 años para mayores de edad, los pasaportes para menores de edad son válidos por cinco años y no son renovables.
A continuación compartimos un video que explica cómo se completa la solicitud DS-11 para obtener un pasaporte estadounidense. En el video, puede cambiar sus preferencias para leer los subtítulos en inglés o español.
USCIS has received enough petitions to reach the additional maximum 30,000 visas made available for returning workers under the H-2B numerical limit (also called a cap) for fiscal year (FY) 2019.
As previously announced, USCIS began accepting H-2B petitions on May 8 under the temporary final rule increasing the cap by up to 30,000 additional H-2B nonimmigrant visas for returning workers through the end of FY 2019.
USCIS will reject and return any cap-subject petitions received after June 5, together with any accompanying filing fees.
USCIS will continue to accept H-2B petitions that are exempt from the congressionally mandated cap. This includes petitions for:
Current H-2B workers in the United States petitioning to extend their stay and, if applicable, change the terms of their employment or change their employers
Fish roe processors, fish roe technicians, and/or supervisors of fish roe processing;
Workers performing labor or services in the Commonwealth of Northern Mariana Islands and/or Guam from Nov. 28, 2009, until Dec. 31, 2029.
Applications for permanent residence and other immigration benefits are taking longer than ever to process.U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), the agency responsible for adjudicating these applications, has abacklog at “crisis levels.”
While USCIS processing delays have increasingly been a problem, the backlog is reaching new highs under the Trump administration.
But for the first time in over a decade, the U.S. Government Accountability Office (GAO) has agreed to look into the problem. In a letter to members of Congress, theGAO said it plans to begin the studyin about five months.
This could bring important information to light and help correct a problem that needlessly hurts immigrants, their families, and employers with long waits and uncertain futures.
The GAO announcement comes in the wake of two forceful letters from elected officials. A bipartisan group ofsenators called on USCIS to account for the lengthy backlogand waiting times that constituents and USCIS customers experience. The Congressional Hispanic Caucus and other members of Congress wrote aletter to the GAO requesting the investigation, seeking “recommendations on how the agency can best meet its statutory mission of being a service-oriented agency that efficiently processes immigration-related applications and petitions.”
Although the agency points to naturalization cases to demonstrate an increase in approved applications, this isn’t the full picture. It’s true that USCIS processed 18 percent more naturalization applications in FY 2018 compared to FY 2014, but in that timemore applications came in and the backlog grew.
USCIS also significantly increased its fees to cover the costs of application processing. With higher fees and more applicants, USCIS should be adjudicating cases more efficiently—not at the same rate as earlier years when less money was available to them.
To date, USCIS has not addressed nor taken responsibility for the backlog crisis. And there is evidence that the agency’s own practices and policies contribute to longer processing times. For example,USCIS openly acknowledgedthat its expanded in-person interview requirement exacerbated these delays.
The impact of these delays should not be taken lightly. Senators articulated the consequences of the backlog in their letter to USCIS:
“The delays in employment authorization applications have led to disruptions in American businesses. many of which depend on employees who need work authorization to carry out their functions. When an employee experiences an unexpected processing delay in applying for and renewing employment authorization it can destabilize a business and leave mission-critical roles unfilled.”
Investigating USCIS inner-workings could shed much-needed light on the impact of policies and practices—whether implemented under the current administration or in years prior. The GAO has the ability to examine and expose any connections between USCIS policies, lengthy processing times, and the growing backlog of applications.
The investigation may be able to affect positive change. In 2005, theGAO examined the then-backlogat USCIS. The agency implemented all four recommendations from that investigation and concluding report.
While the GAO is not expected to begin its work until late in the year—and likely won’t issue a report until the second half of 2020—its announcement could spark positive change in the interim. It is also a win for transparency, recognizing the importance of keeping USCIS accountable to its founding mission and oversight from Congress. As the investigation gets underway, it could make important data and documents public, and encourage USCIS to more rigorously consider the implications of recent and possible policy changes.
En el estado de Arizona, Estados Unidos, un caso contra un voluntario de ayuda humanitaria que proporcionó comida, agua y refugio a migrantes indocumentados terminó en la nulidad del juicio el martes después de que el jurado no llegara a un acuerdo para emitir un veredicto.
Scott Warren, de los grupos No Más Muertes y Samaritanos de Ajo, se enfrentaba a hasta 20 años de prisión luego de ser acusado por dos delitos graves por albergar a inmigrantes ilegales y otro por conspiración.
Durante
el juicio, Scott Warren argumentó que sus convicciones le impiden negar
la ayuda humanitaria a personas en situación de necesidad y advirtió de
que su condena supondría un grave precedente para la ayuda humanitaria
en la frontera de Estados Unidos. La defensa enmarcó la actividad de
Warren como algo que haría cualquier buen samaritano.
Ocho miembros del jurado encontraron a Scott Warren no culpable; cuatro dijeron que era culpable. Los fiscales se negaron a comentar si procurarían un nuevo juicio contra Warren. Estas fueron las palabras de Scott Warren hablando con sus partidarios y la prensa después de la audiencia de ayer.
El activista Scott Warren dijo: “Desde mi arresto en enero de 2018, se recuperaron al menos 88 cuerpos en el corredor de Ajo en el desierto de Arizona. Sabemos que es un número mínimo y que hay muchos más que todavía no se han encontrado.
¿Cuál es el plan del Gobierno en medio de esta crisis humanitaria? Políticas dirigidas contra los indocumentados, los refugiados y sus familias; juicios para criminalizar la ayuda humanitaria, la amabilidad y la solidaridad; y ahora, donde vivo, la noticia de que construirán un vasto y costoso muro a lo largo de un enorme tramo del ininterrumpido desierto de Sonora, en el sudoeste de Arizona”.
Ahora la fiscalía debe decidir ahora si pide un nuevo juicio o lo deja estar y retira los cargos. El juez ha convocado a las partes el próximo 2 de julio.
Estas fueron las declaraciones de Scott Warren fuera del tribunal
El órgano de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante una inspección no anunciada el mes pasado encontró hacinamiento peligroso y condiciones insalubres en una de las instalaciones de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas. El organismo de control dijo que las condiciones eran tan malas que suponían un riesgo inmediato para la salud y la seguridad, no solo de los detenidos, sino también de los oficiales y agentes del DHS.
Dentro delinforme de la Oficina del InspectorGeneral (OIG) se señala que la instalación tiene una capacidad máxima de 125 personas, pero que ha llegado a albergar hasta 900 personas durante su inspección. Una celda en la instalación, por ejemplo, tenía una capacidad máxima de 12 personas, pero 76 personas fueron obligadas a ingresar a la celda.
El espacio estaba tan abarrotado que algunas personas, muchas de ellas familias centroamericanas que buscaban asilo, se vieron obligadas a permanecer de pie durante días o semanas. Se supone que las personas deben permanecer en estas instalaciones por un máximo de 72 horas, según la política de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, pero la OIG descubrió que muchas de ellas habían permanecido mucho más tiempo, por ejemplo 33 personas estuvieron detenidas durante más de dos semanas.
El informe de la Oficina del Inspector General (OIG) incluyó otros hallazgos perturbadores:
Muchas personas debieron permanecer de pie, incluso paradas en los baños para hacer más espacio debido a esto, el acceso a los baños en sí era muy limitado.
Las personas permanecían con la misma ropa durante varios días o semanas, tenían que usar ropa sucia, por no contar con el acceso a las duchas.
La instalación no tenía la capacidad de mantener una higiene básica, y las personas que habían enfermado no siempre estaban separadas de la población general.
El DHS dijo que las pertenencias personales de los individuos, como las mochilas y las maletas, eran un "riesgo biológico" y las tiraban en contenedores de basura cercanos.
En respuesta a las recomendaciones del informe, elDHS dijo que había construidouna carpa que podía albergar hasta 500 personas y que está trabajando para completar otra carpa a fines de julio. Pero la agencia admitió a que "no había identificado un proceso para aliviar los problemas de hacinamiento" en el corto plazo y sino por el contrario el problema se solucionaría en el largo plazo hasta noviembre de 2020. La OIG encontró que esta respuesta era inadecuada, negándose a cerrar su investigación hasta que se presentaran soluciones más inmediatas.
El informe de la OIG es una prueba más de que el sistema actual en la frontera de los Estados Unidos y México es obsoleto e inadecuado. Estas instalaciones de detención se hicieron originalmente para procesar a hombres solteros adultos, principalmente de México. En su lugar, ahora son usadas para albergar principalmente afamilias en buscan asiloque vienen de Centroamérica.
Los esfuerzos de la administración Trump para frenar dicha migración, a través de la cruel práctica de laseparación familiar, obligando a las personas a esperar en ellado mexicano de la frontera, no han ayudado. En cambio, se ignoran las causas fundamentales de la migración, lo que pone en riesgo la seguridad y la salud de las personas vulnerables.
Ninguna persona debe ser encerrada en una celda de y de pie durante varios días. En lugar de encerrar a las personas en condiciones peligrosas, el gobierno debería concentrarse en procesar a las personas más rápidamente y encontrar formas de liberarlas.
