¿Necesita ayuda para entender cómo funciona el proceso de inmigración o para completar los formularios? Renovar una tarjeta verde (green card, en inglés), hacer los trámites para convertirse en ciudadano estadounidense, o escoger los formularios correctos puede resultar un proceso complicado, y es importante que lo haga correctamente.
Escoger la persona indicada para que lo ayude es casi tan importante como presentar el formulario correcto presentarlo correctamente.
La ayuda que se anuncia en las vidrieras de las tiendas, en los sitios web, en el periódico o en la radio – incluso por intermedio de personas conocidas – puede perjudicarlo. Las personas que se presentan como notarios – o a veces expertos en inmigración – no lo pueden ayudar. Le cobrarán dinero pero no le brindarán ayuda real. A veces hacen cosas que perjudicarán su oportunidad de inmigrar a Estados Unidos de manera legal.
Inclusive aquellas personas con buenas intenciones – un amigo, su pastor, un maestro o un familiar – pueden causarle problemas más adelante. Los ayudantes de este tipo deberían limitarse únicamente a escribir o traducir lo que usted les diga, y no deben aconsejarle qué es lo que tiene que decir o cuáles son los formularios que tiene que usar. Para conseguir una ayuda que lo ayude, trabaje con personas que estén autorizadas por el gobierno de Estados Unidos para ayudarlo. Trabajar con estas personas también lo ayudará a protegerse de aquellos que tienen intenciones de engañarlo.
Algunas veces, las personas deshonestas cobran dinero a cambio de entregar formularios en blanco expedidos por el gobierno, dicen que tienen una relación especial con el gobierno, o le garantizan que obtendrán los resultados que usted desea. Es posible que si usted les paga un cargo, estos individuos le prometan conseguirle una ficha ganadora en la lotería de Visas de Diversidad . Pueden cobrarle un montón de dinero, supuestamente para garantizarle un estatus temporal protegido o para conseguirle beneficios que no están disponibles para usted. Estos individuos deshonestos aplican toda su inteligencia para encontrar la manera de engañar a las personas.
Veamos cómo se pueden evitar las estafas y conseguir la ayuda correcta.
Cómo Evitar una Estafa:
No vaya a un notario, notario público, o a un notary public para que lo asesore legalmente. En Estados Unidos, los notarios no son abogados: no pueden ofrecerle asesoramiento legal ni hablar en su nombre con las agencias del gobierno, tales como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por su sigla en inglés) o la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia. Un notario público tampoco tiene que ser abogado, y no está autorizado para darle asesoramiento legal.
No pague nunca para conseguir formularios en blanco expedidos por el gobierno. Los formularios del gobierno son gratuitos, aunque probablemente tendrá que pagar cuando los presente ante el USCIS. Puede obtener formularios de inmigración gratuitamente en www.uscis.gov/formularios , llamando al USCIS al 1-800-870-3676, o visitando la oficina local del USCIS más cercana.
Obtenga información sobre inmigración en sitios web del gobierno de Estados Unidos. Algunos estafadores establecen sitios web que tienen un aspecto similar a los del gobierno, pero no lo son. Asegúrese de controlar que el domicilio de cualquier sitio web que sea parecido a los del gobierno termine en ".gov". Esto significa que pertenece al gobierno de Estados Unidos.
No permita que nadie se quede con sus documentos originales, como su certificado de nacimiento o pasaporte. Los estafadores podrían retenerlos hasta que usted les pague.
Nunca firme un formulario antes de completarlo, ni tampoco firme un formulario con información falsa. Nunca firme un documento cuyo contenido no entienda.
Guarde una copia de todos los formularios que presente y de todas las cartas del gobierno referidas a su solicitud o petición.
Cuando presente sus papeles, el USCIS le dará un recibo. ¡Guárdelo! Ese recibo es el comprobante donde consta que el USCIS recibió su solicitud o petición. Necesitará el recibo para consultar el estatus de tramitación de su solicitud, así que asegúrese de conseguir una copia.
Cómo conseguir la ayuda correcta:
Hay ayuda disponible, pero hay reglas que establecen quién puede ayudarlo. Siga estas reglas para encontrar los recursos de ayuda que están autorizados por el gobierno de Estados Unidos. Recibir ayuda de una persona que no está calificada para brindarle asesoramiento legal – por ejemplo, de un notario – puede ser peor que no conseguir ningún tipo de ayuda. Básicamente hay dos grupos autorizados para ofrecerle asesoramiento legal o para representarlo: los abogados y los representantes acreditados.
Los abogados pueden asesorarlo y representarlo. Los abogados, también llamados asesores jurídicos o consejeros legales, deben ser miembros del colegio o asociación profesional de sus respectivos estados. El colegio o asociación estatal de abogados puede sancionar, suspender o incluso expulsar a un abogado por incumplir las reglas. Asegúrese de que el abogado que usted escoja esté debidamente acreditado por la asociación de abogados correspondiente y verifique que tenga una buena calificación. Esto significa que no está en problemas por incumplir las reglas establecidas para los abogados. Puede buscar un abogado a través de sitios web del gobierno y de sitios no gubernamentales.
Para localizar un abogado especializado en inmigración que no le cobre o que le cobre honorarios bajos:
Para averiguar si una persona es un abogado y para averiguar si un abogado está en problemas por incumplir las reglas:
Vaya al sitio de las Asociaciones Estatales de Abogados (en inglés) y haga clic sobre el nombre de su estado de residencia para encontrar el número de teléfono para indagar sobre un abogado en particular.
Los representantes acreditados no son abogados, pero son personas autorizadas por el gobierno para brindar asesoramiento legal en asuntos de inmigración. También están autorizados para representarlo. Estos representantes deben trabajar para una organización que esté reconocida oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. Tanto los representantes acreditados como estas organizaciones reconocidas están incluidos en una lista mantenida por la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Para encontrar un representante acreditado:
Consulte la lista de representantes acreditados y de las organizaciones reconocidas para las cuales trabajan detallada por estados (en inglés). Usted puede ser representado únicamente por una persona autorizada y no por una organización, consulte la lista para buscar el nombre de una persona localizada en las cercanías de su domicilio. Las personas listadas son representantes acreditados, siempre y cuando trabajen en la organización que figura en la lista. Estos representantes pueden cobrarle un cargo para ayudarlo.
Hay algunas otras personas que están autorizadas por el gobierno para ayudarlo, pero que no pueden cobrarle. Los estudiantes de derecho pueden brindarle asesoramiento legal, a condición de que lo hagan bajo la supervisión de un abogado o de un representante acreditado. Alguien que viva en su comunidad y que sea reconocido por el USCIS como un "individuo reputado" puede representarlo, pero no puede cobrarle – y estas personas tienen que firmar un documento legal manifestando que no aceptarán que usted les pague.
Reporte Las Estafas
Las estafas relacionadas con asuntos de inmigración son ilegales. Si usted o algún conocido ha sido testigo o víctima de una de estas estafas, es importante que lo reporte ante la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) o ante el fiscal general de su estado. Vaya a ftc.gov/queja (o llame al 1-877-382-4357); o para averiguar los datos de contacto del fiscal general de su estado, haga clic sobre el estado correspondiente en el mapa que aparece en naag.org (en inglés). La FTC no resuelve quejas individuales sino que ingresa los datos de las quejas en una base de datos electrónica segura que es utilizada por las autoridades competentes del mundo entero, entre las que se incluyen varios funcionarios federales, estatales y locales que identifican tendencias fraudulentas y establecen los casos.
Tras la visita de la Canciller Alemana, Angela Merkel, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en rueda de prensa aseguro que la "inmigración es un privilegio, no un derecho y la seguridad de nuestros ciudadanos debe ser siempre lo primero sin cuestionamientos”.
Además afirmo que “También reconocemos que la seguridad migratoria es seguridad nacional. Debemos proteger a nuestros ciudadanos de aquellos que tratan de difundir el terrorismo, el extremismo y la violencia dentro de nuestras fronteras”.
El pasado miércoles 15 de marzo, a pocas horas de que la nueva prohibición migratoria de Trump entrara en vigencia, un juez federal de Hawái emitió una orden de suspensión nacional contra la orden ejecutiva que hubiera prohibido temporalmente el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países con mayoría musulmana. Un juez federal de Maryland también puso en suspenso parte de la prohibición migratoria, en lo que fue un segundo golpe legal contra la orden ejecutiva de Trump. El miércoles pasado, el fiscal general de Hawái, Doug Chin, celebró el fallo del juez federal hawaiano, Derrick Watson.
Doug Chin afirmó: “Esta es la principal razón por la que Hawái presentó la demanda, porque es algo que realmente nos afecta en lo más profundo. Si tenemos una orden que nos retrasa medio siglo, a una época en la que había discriminación según el país de origen o la religión de las personas, debemos expresarnos en su contra”.
Esta es la segunda vez que las órdenes ejecutivas del presidente Trump para prohibir el ingreso de refugiados y ciudadanos de países con mayoría musulmana fueron impugnadas en los tribunales. El miércoles, el presidente Donald Trump criticó el fallo de Hawái.
Donald Trump sostuvo: “Este fallo nos hace ver débiles, y por cierto, ya no lo somos. Créanme. Simplemente vean las fronteras. Lucharemos contra este terrible fallo, vamos a llevar este caso tan lejos como sea posible, incluso hasta la Corte Suprema”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) comenzará a aceptar peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria del año fiscal 2018 el 3 de abril de 2017. Todas las peticiones de visas H-1B sujetas a la cantidad máxima del FY 2018 que sean presentadas antes del 3 de abril de 2017 serán rechazadas.
El programa H-1B permite que las compañías en los Estados Unidos empleen temporalmente trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren la aplicación teórica y práctica de un conocimiento altamente especializado, así como un grado de bachillerato o más alto (o un grado equivalente) en la especialidad específica o su equivalente. Las ocupaciones de especialidades H-1B pueden incluir campos tales como ciencias, ingeniería e información tecnológica.
El Congreso estableció un límite numérico de 65,000 visas H-1B por año fiscal. Una exención del límite numérico H-1B para beneficiarios que han terminado un grado de Maestría de EE.UU. o mayor (lo que se conoce comúnmente como “exención por grado avanzado”) está disponible para 20,000 beneficiarios.
La agencia monitoreará el número de peticiones recibidas y notificará al público cuando la cantidad límite se haya alcanzado.
USCIS anunció recientemente la suspensión temporal del procesamiento prioritario de las peticiones H-1B a partir del 3 de abril por hasta seis meses. Mientras el procesamiento prioritario esté suspendido, los peticionarios no podrán presentar el Formulario I-907, Petición de Servicio de Procesamiento Prioritario, para un Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante en el cual se solicite la clasificación de no inmigrante H-1B. Mientras el procesamiento prioritario esté suspendido, todos los Formularios I-907 presentados con una petición H-1B serán rechazados. Si el peticionario presenta un cheque combinado para pagar las tarifas tanto del Formulario I-907 como del Formulario I-129 para la visa H-1B, ambos formularios serán rechazados.
Los peticionarios H-1B deben seguir todos los requisitos estatutarios y regulatorios cuando preparen las peticiones, a fin de evadir retrasos en el procesamiento y posibles solicitudes de evidencia. La tarifa de presentación del Formulario I-129 ha aumentado a $460 y los peticionarios ya no tienen 14 días para corregir un pago que haya sido rechazado. Si cualquiera de los pagos de tarifas requeridos es rechazado por el banco o institución financiera, USCIS rechazará la petición H-1B completa sin la opción de que el peticionario la corrija.
En California, el estado con mayor población hispana en Estados Unidos, la comunidad está dando pelea en favor de los inmigrantes indocumentados. Casos como el video viral grabado por una adolescente durante el arresto de su padre, han dado pie a protestas diarias y cursos sobre los derechos en caso de enfrentarse a las autoridades migratorias.
Romulo Avelica Gonzales es el padre de Fatima Avelica una niña de 13 años que vivió en carne propia las consecuencias de las políticas migratorias del presiente Donald Trump.
Fátima se dirigía con su padre a la escuela cuando fueron requeridos por agentes migratorios, el padre de la menor fue detenido pues según informes tenía una condena por conducir borracho con una deportación pendiente desde 2014.
La pequeña hija grabo el arresto y lo subió a la red, lo que ha tenido el apoyo de toda california con protestas y cursos sobre derechos. La familia logro conseguir un abogado quien logró detener la deportación inmediata, pero aún permanece en un centro de detención.
Compartimos el vídeo del canal de YouTube DESAFIO NOMADA quien nos explica el paso a paso para solicitar la Visa de Turismo a Canadá vía online, creación de cuentas, documentos requeridos,valores,forma de pago, entre otras...
Written by Hilda Bonilla MARCH 10, 2017 in Immigration Courts
The Atlanta immigration court is known as one of the worst places to be in deportation proceedings. For years, the judges have been accused of abusive and unprofessional practices and the denial rate of asylum applications alone is 98 percent.
The latest effort to document this phenomenon comes from Emory Law School and the Southern Poverty Law Center who sent a letter to the Executive Office for Immigration Review (EOIR) this month regarding troubling practices in the Atlanta immigration courts. The letter was based on court observations by Emory Law students, who attended 31 proceedings between August 31 and October 14, 2016.
Observers found that the immigration judges made prejudicial statements, demonstrated a lack of courtesy and professionalism and expressed significant disinterest toward respondents. In one hearing, an attorney argued that his client should be released from detention because he was neither a threat to society nor a flight risk. In rejecting the client’s bond request, the immigration judge reportedly compared an immigrant to a “person coming to your home in a Halloween mask, waving a knife dripping with blood” and asked the attorney if he would let him in.
When the attorney disagreed with this comparison, the immigration judge responded that the “individuals before [him] were economic migrants and that they do not pay taxes.” Another immigration judge reportedly “leaned back in his chair, placed his head in his hands, and closed his eyes” for 23 minutes while the respondent described the murder of her parents and siblings during an asylum hearing.
Other critical problems include disregard for legal arguments, frequent cancellation of hearings at the last minute, lack of individualized consideration of bond requests, and inadequate interpretation services for respondents who do not speak English. The observers also reported that immigration judges often refer to detention centers as “jails” and detainees as “prisoners,” undermining their dignity and humanity and suggesting that the IJs perceive detained immigrants as criminals. Compounding this problem, detained immigrants who appear in immigration court in Atlanta are required to wear jumpsuits and shackles.
Many of these practices stand in stark contrast with the Executive Office of Immigration Reviews’ Ethics and Professionalism Guide for Immigration Judges, which state, among other things, that “an immigration judge… should not, in the performance of official duties, by word or conduct, manifest improper bias or prejudice” and that immigration judge should be “patient, dignified, and courteous, and should act in a professional manner towards all litigants, witnesses, lawyers, and other with whom the immigration judge deals in his or her capacity.”
EOIR has been previously criticized for its lack of transparency on providing the public with information about the complaints brought up against immigration Judges, raising questions about the department’s willingness to hold its judges accountable. For these reasons, the American Immigration Lawyers Association submitted a Freedom of Information Act request on December 2016 requesting records on all complaints filed against immigration judges and how the complaints were resolved. The released records showed that many immigration judges have been accused of abusive behavior towards immigrants.
The letter concludes with recommendations that, if implemented, have the potential to significantly improve the fairness of immigration court proceedings in one of the most hostile jurisdictions in the country. These recommendations include: investigating and monitoring immigration judges at the Atlanta immigration court, requiring immigration judges to record all courtroom proceedings to ensure transparency and accountability for prejudicial statements, investigating the frequent cancellation of hearings, and ensuring high-quality interpretation and availability of sample translations of forms. It is time for EOIR to take these recommendations seriously.
Mientras el presidente Trump promete deportar los “bad hombres”, analizamos el impactante caso de una mujer proveniente de El Salvador que busca asilo y está detenida mientras lucha contra un tumor cerebral. Sara Beltrán Hernández fue esposada de pies y manos, retirada del hospital y trasladada de nuevo al Centro de Detención Prairieland cerca de Dallas. Hoy tiene una audiencia de solicitud de finanza y podría ser liberada para que viva con su familia. Hablamos con Fatma Marouf, Bryn Esplin y Justin Mazzola. Marouf es directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad A&M de Texas. Esplin es experta en bioética y profesora asistente en el Departamento de Humanidades en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad A&M de Texas. Mazzola es director interino de investigación de Amnesty International EE.UU., que tiene una campaña para conseguir la liberación de Sara Beltrán Hernández. La buena noticia fue que Horas después de la emisión de esta entrevista Sara Beltrán Hernández fue liberada del centro de detención para poder reunirse con su familia y recibir tratamiento médico para su tumor cerebral.
TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios. AMY GOODMAN:Mientras el presidente Trump continúa con su ofensiva contra los inmigrantes, pasamos a hablar del caso impactante de una solicitante de asilo de El Salvador que se encuentra detenida al tiempo que lucha contra un tumor cerebral. Sara Beltrán Hernández llegó a EE.UU. por primera vez cruzando la frontera entre Estados Unidos y México en noviembre de 2015. Inmediatamente realizó una declaración jurada ante los agentes de la Patrulla Fronteriza alegando que estaba tratando de escapar de las amenazas de muerte que había recibido de parte de miembros de una pandilla criminal en su ciudad natal porque su pareja es un oficial de policía. Desde entonces, ha estado encerrada en varias cárceles y centros de detención, mientras se resuelve su solicitud de asilo. El 10 de febrero, Sara Beltrán se derrumbó mientras se encontraba en el Centro de Detención Prairieland, cerca de Dallas, Texas. Beltrán, 27 años de edad y madre de dos hijos, fue llevada al Hospital [Huguley] de Texas. Estaba sangrando de la nariz y, según se informó, sufría convulsiones y pérdida de memoria. Los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral de más de un centímetro y medio de diámetro, y le dijeron que necesitaba cirugía. Pasaron ocho días antes de que se le diera permiso para que llamara a sus familiares y les dijera dónde estaba y cuál era su estado de salud. Su abogado pidió que fuera trasladada a un hospital de la Ciudad de Nueva York, cerca de donde vive su familia, pero la petición fue rechazada. Según los informes, la semana pasada, el personal del Hospital Huguley le dijo a Beltrán que iba a ser transferida a otro hospital para ser sometida a una operación. Sin embargo, ella fue sacada del hospital esposada de pies y manos y llevada de vuelta a la cárcel. Esta semana, los médicos le comunicaron a Sara Beltrán que tiene un gran tumor macroadenoma hipofisario, que no pone en riesgo su vida, pero "podría seguir creciendo", y necesita una estrecha vigilancia y resonancias magnéticas regulares. Beltrán todavía padece un severo dolor de cabeza, entumecimiento en la cara, y tiene dificultad para caminar. En el día de hoy tiene una audiencia ante un juez de inmigración para decidir si se le otorga la libertad bajo fianza. Para más, vamos hasta Dallas, Texas, para hablar con la abogada de Sara Beltrán, Fatma Marouf. Marouf es también la directora del Consultorio de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad A&M de Texas, donde ella ejerce de profesora de derecho. También se nos unirá desde Dallas Bryn Esplin, profesora asistente en el Departamento de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad A&M de Texas, donde enseña bioética. El lunes, Esplin acompañó a Sara a su cita médica y ha hablado con ella durante su detención acerca de la atención que recibió. Aquí en Nueva York, nos acompaña Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional EE.UU., quien ha lanzado una campaña en demanda de que el Servicio de Inmigración libere a Sara inmediatamente. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar con Fatma Marouf. Usted es su abogada. ¿Puede decirnos cómo es posible que esta mujer que sufre de un tumor cerebral sea sacada del hospital esposada y devuelta al centro de detención? FATMA MAROUF:Esto nos impactó mucho a todos nosotros. Sucedió un día después de que hubiera intentado visitarla en el hospital y me fuera denegada la entrada en su habitación, que era vigilada por dos guardias del centro de detención en todo momento. AMY GOODMAN:Había dos guardias. FATMA MAROUF:Sí. AMY GOODMAN:¿Había cometido algún horrible crimen? FATMA MAROUF:No tiene antecedentes penales de ningún tipo. Lo único que hizo fue huir para salvar su vida. Por lo tanto, las autoridades del centro de detención, cuando la llevaron al hospital, dejaron a dos guardias, que nunca se apartaron de su lado. Y, como usted ha mencionado, ella pasó varios días allí, casi una semana, y se le negó el contacto a sus abogados, así como con su familia. Así que ella se encontraba sola, aterrada, sin hablar inglés, y justo después de haber sido informada de que tiene un tumor cerebral. AMY GOODMAN:¿Cómo la encontró? FATMA MAROUF:Bueno, después de ir al hospital para tratar de entender lo que estaba ocurriendo y, posteriormente, haber hablado con la gente del Departamento de Seguridad Nacional, así como con personal del hospital, nos dijeron que iba a ser trasladada a un hospital de Dallas. Y entonces, de repente, al día siguiente, fue llevada de nuevo al centro de detención. Por lo tanto, no sabemos exactamente lo que sucedió. Hay dos informes de alta diferentes en sus registros médicos, y parece que los médicos decidieron de repente que su condición era estable y la transfirieron de nuevo su custodia a Inmigración. Pero habían programado una cita para ella el lunes siguiente. Y estábamos muy preocupados por la interrupción de su tratamiento médico, y su consiguiente retorno y devuelta al centro de detención? donde el cuidado médico es extremadamente limitado. En el centro de detención, ha sido visitada sólo una vez al día por una enfermera. Está recibiendo Tylenol para un tumor cerebral. Y en ese momento, nosotros no sabíamos con qué urgencia necesitaba la cirugía. AMY GOODMAN:Así que ella estuvo en el hospital durante ocho días. ¿Nadie sabía donde estaba cuando recibió la información de que tenía un tumor cerebral? FATMA MAROUF:Correcto. Por lo tanto, creo que la primera vez que llegó allí, se las arregló de algún modo para llamar a su madre por teléfono y decirle dónde estaba. Pero entonces lo que ocurrió fue que Inmigración la puso en lo que llamaron una lista de no contacto, algo de lo que nunca había oído hablar antes. Básicamente significa que mantienen la ubicación de la paciente en secreto, así que ni siquiera fue registrada en el hospital. Por lo tanto, cuando su familia intentó llamar al hospital para preguntar por ella, lo único que les dijeron fue: "Aquí no hay nadie con ese nombre". Por lo tanto, al encontrarme yo en el área, se me pidió ir a ver si ella estaba allí, y allí la encontré. Pero los guardias me negaron el acceso a la habitación, llegando incluso a gritarme que en teoría nadie debía saber que ella se encontraba allí. AMY GOODMAN:Bryn Esplin, ¿puede hablarnos de sus preocupaciones, como un especialista en bioética, acerca de lo que ha ocurrido con Sara Beltrán, una mujer que huye de la violencia, para salvar su vida, de El Salvador a Estados Unidos? BRYN ESPLIN:Claro. Desde el punto de vista de la bioética y la ética médica existen numerosas preocupaciones, algunas de las cuales ya hemos citado. Cuando se me informó del caso lo que me generó más preocupación fue que ella estaba en una lista de no contacto. Y pensé que podría convencer a alguien de los otros servicios hospitalarios, como capellanía o trabajo social, para involucrarme y ofrecerle un poco de apoyo, porque, como usted ha dicho, se le había comunicado que tenía un tumor cerebral. Y la naturaleza de una condición neurológica como esa, obviamente, influye en la capacidad de comprender, en la memoria. Ella tenía síntomas que se correspondían con esta afección. Que no fuera capaz de hablar con los servicios sociales, ni participar en la toma de decisiones, ni hablar de su condición médica, era extremadamente problemático. Por lo tanto, yo pensaba que eso funcionaría. La capellanía parecía muy receptiva a intervenir y proporcionar el cuidado espiritual. Por lo tanto, en ese momento, en cierto modo me recusé y pensé que todo iba a ir bien. Y entonces, como hemos mencionado, fue dada de alta de forma repentina y devuelta al centro de detención, y se le notificó que tendría una cita de seguimiento con un neurocirujano el lunes siguiente. Así que, en ese momento, sentí la obligación moral de ir y ver a Sara en persona en el centro de detención para tener una idea de cómo se encontraba, desde un punto de vista humano, pero también para saber qué era lo que ella había entendido acerca de la naturaleza y el alcance de su estado, y qué oportunidades había tenido de realizar preguntas significativas, y qué era lo que yo podía hacer para apoyarla. Debido a que su inglés es limitado, fue muy difícil para ella comprender todos los matices de una lesión neurológica como un tumor hipofisario. Y así que le pregunté si se sentiría cómoda si yo le acompañara a su cita el lunes y ella aceptó con entusiasmo. Me firmó una declaración escrita en este sentido, así como un documento para que yo pudiera acceder a su historial médico. Así que me presenté temprano para su cita y me reuní con personal clínico, y les expliqué quién era yo, en calidad de defensora del paciente, y esperé a que ella llegara. Y puedo confirmar de forma inequívoca que llegó no sólo con las manos esposadas, sino con grilletes en las manos, la cintura y los pies, y de esa forma fue traída a la clínica, y toda la gente que estaba en la sala de visitas se dieron cuenta de esto, ya que pudieron verla y oírla, y fue escoltada de nuevo a la sala de reconocimiento. Y no fue hasta que un miembro del personal clínico le pidió que se sentara en la mesa de examen para los pacientes, y ella trato de hacerlo estando esposada, que el guardia se decidió a retirarle los grilletes. Así que me senté allí con ella, le agarré la mano, y traté de hacer las funciones de intérprete telefónico, para, en colaboración con los agentes, tratar de ayudarla a rellenar su historial médico pasado y otros formularios. Pero eso no estaba funcionando. La conexión era terrible y la jerga técnica médica era muy difícil de traducir, por lo que el personal del hospital insistió en que viniese un traductor. Así que esperamos entre 45 minutos y una hora hasta que esa persona llegó. Sara continuaba sufriendo síntomas graves, estaba acostada, se sujetaba la cabeza, y tuvo que ser despertada cuando la enfermera volvió a entrar en la habitación. Fue entonces cuando logré hablar con el médico. Y lo que me pareció más preocupante fue que todas estas personas, no sólo el personal clínico y el médico, tuvieron acceso a información médica muy personal. Y en esa situación es difícil hablar de forma honesta sobre el historial médico de alguien, especialmente respecto a cosas como el VIH, u otro tipo de información médica altamente protegida, como los antecedentes psiquiátricos. Así que de repente todos estos extraños estaban en su habitación escuchando su historial médico, su pronóstico y diagnóstico actual. Y creo que eso, desde un punto de vista ético, realmente obstaculiza la capacidad de dar información precisa y generar confianza y consiguientemente, poder hacer preguntas relevantes. poder hacer preguntas relevantes. Todo eso fue preocupante. AMY GOODMAN:Quiero invitar a participar en esta conversación a Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional EE.UU., quien ha lanzado una campaña con el objetivo de lograr la liberación de Sara Beltrán. Recientemente hemos visto... no exactamente el discurso del Estado de la Unión, pero si el discurso del presidente de Trump ante la sesión conjunta del Congreso, y él continúa repitiendo eso de que va tras los "bad hombres", tras los criminales que amenazan nuestra seguridad nacional. ¿Puede hablar de cómo encaja Sara Beltrán en esto, de quién es ella, esta mujer de El Salvador? JUSTIN MAZZOLA:Bien. Bueno, creo que en primer lugar hay que recordar que fue detenida bajo el gobierno de Obama, durante su respuesta a la llegada masiva de familias, incluso de niños no acompañados, que llegaron a través del Triángulo Norte de Centroamérica, huyendo de la inestabilidad y la violencia que reina en esos países, incluyendo El Salvador, de donde es Sara. Y en ese entonces, la política del gobierno era la "detención como disuasión". Y querían enviar el mensaje de que si usted viene, esto es lo que va a enfrentar. Y el secretario [de Seguridad Nacional], Jeh Johnson, fue muy claro al respecto, y fue criticada por ello, pero esa política continuó. Así que tenemos a estos solicitantes de asilo, personas que huyen de la violencia de las pandillas, como en el caso de Sara, y de la violencia doméstica también, y que llegan aquí, y cuando cruzan la frontera y dicen que tienen miedo de volver a su país de origen, son inmediatamente detenidos a la espera de que se tome una decisión sobre su caso. AMY GOODMAN:Nos quedan 15 segundos. Explique que está pidiendo en este momento. JUSTIN MAZZOLA:Lo que hemos estado pidiendo desde hace tiempo es que Inmigración debe utilizar su discreción en lo que respecta al proceso de concesión de libertad condicional para liberarla, para que pueda recibir la atención médica adecuada y estar con su familia, que ya vive aquí. AMY GOODMAN:En Nueva York. JUSTIN MAZZOLA:En Nueva York, hasta que su solicitud de asilo se resuelva. AMY GOODMAN:Y, Fatma Marouf, ¿Qué espera que ocurra en la audiencia sobre su fianza que tendrá lugar hoy? FATMA MAROUF:Esta es una audiencia de fianza ante el Tribunal de Inmigración de Dallas, y esperamos que el juez le conceda la libertas bajo fianza. AMY GOODMAN:¿Y sabe cuánto tendrá que pagar, y si tiene la posibilidad de hacerlo? FATMA MAROUF:No lo sabremos hasta que el juez emita la orden. Su familia, evidentemente, ha estado trabajando duro para reunir todo el dinero posible con el fin de depositar una fianza. Y cuando sepamos la cantidad, será entregada de inmediato, si tienen esa cantidad. AMY GOODMAN:Bueno, sin duda seguiremos cubrir esta noticia. Pueden ir a nuestro sitio Web en democracynow.org, donde actualizaremos la información respecto a la audiencia de hoy. Fatma Marouf, abogada de Sara Beltrán Hernández; Bryn Esplin, experta en bioética; y Justin Mazzola, de Amnistía Internacional, Muchas gracias.
