Estados Unidos sigue figurando como el principal destino para las empresas que quieren invertir o abrir compañías nuevas, señala un informe de las Naciones Unidas.
Los países más al norte de la región de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, componen la principal región en “innovación” en el mundo, de acuerdo con el Índice Mundial de Innovación 2019, publicado por un organismo de las Naciones Unidas.
El índice se basa en 80 indicadores para hacer su evaluación sobre las innovaciones, incluyendo el acceso a una fuerza de trabajo con formación especializada, infraestructura de alta tecnología y crédito. Otro factor: sólidas leyes para proteger los derechos depropiedad intelectualque permitan a los inversionistas e inventores ser dueños de sus ideas y tener el exclusivo derecho a usarlas para ganar dinero con su arduo trabajo.
Estados Unidos figura primero en sofisticación del mercado, que se refiere a la disponibilidad de crédito, inversiones; comercio, competitividad y escala mercantil.
Elinforme anual(PDF, 2,9 MB) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de las Naciones Unidas, se fija en los entornos de las reglamentaciones y del sector privado en 129 economías para evaluar sus niveles de innovación y su potencial empresarial.
U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) has arrested millions of people based on unreliable electronic databases. In a recent court decision with nationwide impact, a federal judge in Californiaruledthat parts of this mass deportation program—called Secure Communities—are unconstitutional.
ThroughSecure Communities, anyone arrested and fingerprinted for any reason has their fingerprints sent to ICE. ICE runs those fingerprints through certain databases and then, often without any additional investigation, issues adetainer—a request that the federal, state, or local law enforcement agency hold the person for up to 48 hours after they would otherwise be released from custody. This extra time allows ICE to arrest the person. This means that ICE asks state officers to arrest people for deportation based on nothing more than a few clicks on a computer.
In Gonzalez v. ICE, a case brought on behalf of people who are or will be the subject of a detainer issued by an ICE officer in the central region of California, the court found that Secure Communities is fatally flawed. The databases include incomplete, outdated, and incorrect information.
The results are predictable. Countless people have been arrested without adequate cause. For example, from May 2015 to February 2016, ICE asked law enforcement officers to arrest almost 800 people who were either U.S. citizens or otherwise not deportable. The court ruled that ICE violates the U.S. Constitution in two ways when the agency issues a detainer based solely on these faulty databases.
First, ICE is asking state officers to make an arrest without “probable cause” that the person is deportable. Second, in many cases, ICE is asking state officers to do something they aren’t allowed to do—arrest someone for the purpose of deportation. In many states, law enforcement officers are only allowed to arrest a person for a crime.
The court blocked ICE from issuing detainers relying on nothing more than error-prone databases and from making these arrest requests in states where law enforcement officers are not authorized to arrest for deportation.
Though the court’s order applies to ICE agents in California, this includes ICE’s Pacific Enforcement Response Center, which issues detainers across the county when local ICE offices are closed. As a result, the court’s decision is an important check on ICE’s unconstitutional deportation machine.
No Name Kitchenquiere compartir con ustedes un resumen de las noticias más relevantes que tuvieron lugar durante el pasado mes de agosto. Esta ONG se encuentra asistiendo refugiados en los Balcanes y elabora mensualmente unreporteen el que deja asentados todos los hechos de represión violenta que sufren las personas que intentan cruzar hacia Croacia y demás países de la Unión Europea.
Lamentamos informar que el mes de agosto vio niveles altísimos de violencia en las deportaciones ilegales perpetradas en las fronteras de la Unión Europea (UE) de la región de los Balcanes. Una vez más, las evidencias contundentes de la tortura que ejerce la policía croata dan cuenta de la libertad de acción con la que actúan las fuerzas policiales de la frontera.
Diferentes Sectores Unidos En La Violencia
Si bien las deportaciones ilegales de Italia a Bosnia y Herzegovina vía Eslovenia y Croacia son poco comunes, el pasado agosto un grupo de refugiados fue detenido por la policía italiana en Trieste. Los llevaron a una oficina gubernamental y tanto en Italia como en Eslovenia les tomaron las huellas digitales y fotografías y los obligaron a firmar documentos escritos en un idioma que no entendían. Una vez en Croacia, y antes de llevarlos a la frontera bosnia, los policías destruyeron a martillazos sus teléfonos.
Lo que queremos resaltar de este procedimiento es la complicidad que existe entre los diferentes actores que participan de este tipo de deportaciones ilegales: intérpretes, personal administrativo, trabajadores sociales, policías, militares y la Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). Todos ellos y a su manera ejercen algún tipo de violencia, ya sea física y/o psicológica. En el caso de los oficiales de Frontex, se tomaron atribuciones como la de interrogar informalmente a los refugiados y tomarles fotografías, participando así de este sistema informal de expulsiones que incluyen actos de violencia y supresión de los derechos humanos.
Dispersión De Refugiados Luego De La Expulsión: Otra Forma De Violencia
Es una táctica que consiste en devolver a quienes intentan entrar en otro país a un sitio alejado del lugar original de partida. Es decir que no solo tienen que soportar la violenta expulsión, la confiscación y destrucción de sus pertenencias, sino también deben pasar semanas y hasta meses viajando en pésimas condiciones para poder llegar a su lugar de origen.
Agosto Fatal
Seis personas murieron ahogadas en los ríos de la ruta balcánica, un saldo que sigue confirmando los riesgos mortales que corren los grupos de refugiados. Por otro lado, en Bosnia, agosto dejó un saldo de 18 heridos en manos de la policía croata fronteriza.
LaBVMN(Border Violence Monitoring Network) recibió 20 reportes de expulsiones violentas que involucraron a 378 personas en tránsito: once fueron deportaciones ilegales hacia Bosnia, siete a Serbia y dos a Grecia.
Mientras tanto, las condiciones de vida de los campamentos de refugiados continúan en claro detrimento y son un reflejo de las políticas de los Estados que se “ocupan” de los refugiados.
Finalmente, el gobierno esloveno autorizó la construcción de un cerco de 40 km de largo en las márgenes del río Kolpa en el límite que comparte con Croacia, lo que sumará un total de 219 km.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Departamento de Salud que redacte una normativa que obligue a los hospitales y las compañías de seguros que publiquen el precio de sus procedimientos y pruebas médicas. El dirigente estadounidense firmó una orden ejecutiva para que se dé a conocer esta información, algo que actualmente no sucede, según informó la agencia EFE. "Con esta orden, los hospitales estarán obligados a publicar de una manera clara, directa y accesible los precios que reflejan lo que los pacientes tienen que pagar por sus servicios", aseguró durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
"Daremos a los pacientes la información que necesitan para buscar los mínimos costos y el máximo cuidado", añadió. Se trata de explicar en la normativa cuánto tendrán que pagar los pacientes y cuándo están cubiertos por las aseguradoras.
Las empresas del sector médico no acogieron de buen grado que tengan que difundir los precios de sus procedimientos, ya que consideran que perjudicará la competencia de libre mercado entre las compañías de seguros. En el territorio estadounidense los ciudadanos no disponen de un sistema público de salud, por lo que muchos tienen atención médica mediante los seguros médicos privados que tienen a través de sus trabajos.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2010, por iniciativa del entonces mandatario Barack Obama, una ley llamada "Obamacare", que obligó a las compañías a dar cobertura sanitaria a sus trabajadores sin tener en cuenta las enfermedades que habían tenido en el pasado. Sin embargo Trump, desde su llegada al poder, ha trabajado para anularla al mismo tiempo que la ha debilitado. Un buen ejemplo es el fin de los subsidios para las aseguradoras sanitarias, lo que permitía subvencionar cuidados para las personas con menos recursos.
Compartimos el video del canal de YouTube RT en Español que en el capítulo de Sueños y Pesadillas explora una de las facetas sociales más amables de la sociedad: la solidaridad. En un recorrido que incluye varios puntos del país, conoceremos la historia de varias personas que dedican buena parte de su tiempo y energías a satisfacer las necesidades de los demás, a través del voluntariado o de proyectos personales .
Una de esas personas es Yomayra Rodriguez, voluntaria de Citymeals, una organización neoyorquina que se dedica a llevar comida a personas mayores que tienen dificultades para acceder a una alimentación básica. Zoila Chunoo es una de las beneficiarias de este servicio. Esta señora, que admite que no tiene ya "mucha energía para salir a la calle", agradece la comida, que es sana y se ajusta a sus necesidades, pero aprecia sobre todo la calidez emocional que le proporciona recibir la visita desinteresada de estos voluntarios, de quienes asegura que "son un tesoro".
Otro de los testimonios recogidos en este episodio es del exitoso empresario Cárlos Gómez, que explica que la importante labor de ayuda filantrópica que lleva a cabo con las comunidades latinas en Nueva York no son fruto de una decisión puntual, sino de su educación. "Mi familia me inculcó, desde pequeño, que lo más hermoso de la vida es ayudar y dar", asegura.
También conoceremos a Fernando Ponce Laspina, cuyo pasado relacionado con el crimen –por el que cumplió una condena en la cárcel– no le ha impedido dar un importante giro a su vida. Hoy gestiona un gimnasio de boxeo en el Bronx, donde entrena a jóvenes latinos para mantenerlos apartados de las calles. "Yo quería hacer una actividad que beneficiara a los hispanos", indica Fernando, que señala que las autoridades "estaban ayudando más a los blancos y a los negros, pero a los hispanos no". Su gimnasio se ha convertido, además, en un verdadero centro cultural donde se realizan todo tipo de actividades, desde ensayos musicales hasta charlas temáticas
Finalmente la historia de Catalino Tapia, un inmigrante latino que llegó a EE.UU. siendo muy joven y tuvo que trabajar muy duro para abrirse camino. Se hizo jardinero y prosperó considerablemente, y ahora invierte su dinero en financiar la formación en jardinería de jóvenes hispanos, principalmente a través de una fundación que creó con la ayuda de su hijo. "Yo me prometía que un día iba a hacer algo para ayudar a jóvenes latinos", reconoce este veterano jardinero y filántropo.
La frontera suroeste vive una crisis humanitaria y de seguridad debido a niveles históricos de migración irregular y tráfico ilegal de personas. Más del 72 % de todos los migrantes arrestados en la frontera suroeste en el mes de agosto del año fiscal 2019 son de países de la región norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala.
En reconocimiento de los factores de expulsión y atracción que causan la migración irregular a Estados unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha firmado acuerdos y convenios con cada uno de estos países para expandir sus capacidades de asilo y mejorar la defensa, seguridad y prosperidad de la región. Con estos acuerdos y convenios los Estados unidos asume el compromiso de ser un buen socio con sus vecinos centroamericanos y trabajar para desarrollar una región económicamente dinámica.
Juntos, el DHS y sus socios están desarrollando una región prospera a fin de que los centroamericanos sientan la confianza de poder vivir en sus países en lugar de poner sus vidas en las manos de traficantes y organizaciones criminales para realizar el peligroso viaja a través de la frontera de Estados Unidos.
Muchos de estos migrantes son personas vulnerables de los países del Triángulo Norte, explotados por organizaciones transnacionales criminales y forzados a realizar un viaje muy largo y peligroso. DHS está aprovechando una oportunidad histórica para trabajar con nuestros socios de la región para identificar y confrontar muchos de los problemas que permiten el tráfico ilegal de personas, y también para darles protección a las poblaciones vulnerables lo as cercar posible a sus países.
Tipos De Acuerdos
Acuerdos De Cooperación De Asilo (ACA)
Estos acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras, una vez que entren en vigencia permitirán a los migrantes buscar protección dentro de la región para facilitar la cooperación entre Estados Unidos y los gobiernos de los países receptores u organismos internacionales a fin de expandir sus sistemas de protección humanitaria.
Convenios De Seguridad Fronteriza
El propósito de estos convenios es desplegar funcionarios del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos como consejeros y asesores de sus contrapartes en la policía, la seguridad fronteriza, inmigración y aduanas del país receptor.
Convenios Del Programa Para Intercambiar Información Biométrica (BDSP)
El propósito de estos convenios es mejorar la cooperación entre el DHS y los países del Triangulo Norte a fin de prevenir y combatir el crimen y otras amenazas a la seguridad pública mediante una mayor recolección de datos biométricos y el intercambio de información. El intercambio de información biométrica y datos personales le permitirá al DHS y los países del Triángulo norte verificar con más facilidad las identidades de migrantes irregulares a fin de detectar las actividades de organizaciones trasnacionales criminales, traficantes ilegales de personas y criminales buscados por la ley.
Acuerdos Para Programas De Trabajadores Temporales En Actividades Agrícolas Y No Agrícolas
Acuerdo del Departamento de Trabajo para mejorar las operaciones y la implementación del programa de Visas para no inmigrantes. Estos acuerdos fortalecen la cooperación bilateral entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Esto es clave para garantizar que las personas no sean victimizadas cuando intenten buscar empleo temporal al establecer un reclutamiento, empleo y condiciones laborales seguras y legales.
Acuerdos Con Guatemala
Arreglo De Seguridad Fronteriza Sobre La Migración Irregular GAIM Firmado el 31 de mayo 2019 “Memorándum de Cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala sobre actividades de seguridad que hacen posible enfrentar la migración irregular”
Acuerdo De Visas H2A Firmado 30 de junio de 2019 “Acuerdo entre los Estaos Unidos de América y la Republica de Guatemala concerniente al programa de trabajadores agrícolas temporales”
Acuerdo de Cooperación de Asilo Firmado el 26 de julio de 20019 “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para examinar los reclamos de protección”
Convenio Sobre El Programa Para Intercambiar Datos Biométricos Firmado el 22 de agosto de 2019 “Memorándum entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República de Guatemala para fortalecer la seguridad fronteriza a través del intercambio de información”
Acuerdos Con Honduras
Acuerdo De Cooperación De Asilo Firmado 25 Setiembre de 2019 “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la Republica de honduras para cooperar en examinar los reclamos de protección”
Acuerdo de Seguridad Fronteriza Firmado el 27 de Septiembre de 2019 “Memorándum de Cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Ministerio de Gobierno de la Republica de Honduras sobre actividades de seguridad que hacen posible abordar la migración irregular”
Convenio Sobre El Programa Para Intercambiar Datos Biométricos Firmado el 27 de septiembre de 2019 “Memorándum entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la Republica de Honduras para fortalecer la seguridad fronteriza a través del intercambio de información”
Acuerdo De Visas H2A y H2B Firmado e27 de septiembre de 2019 “Acuerdo concerniente a los programas de trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas”
Acuerdos Con El Salvador
Acuerdo De Cooperación De Asilo Firmado 20 de Septiembre de 2019 “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la Republica de El Salvador para cooperar en examinar los reclamos de protección”
Cientos de solicitantes de asilo a quienes les ha sido impedido el ingreso a Estados Unidos bajo la política de “Permanecer en México” impuesta por Trump tomaron el pasado jueves el concurrido puente internacional situado entre la ciudad de Matamoros, en México, y Brownsville, en el estado de Texas, durante 15 horas.
Los cientos de migrantes, entre los que se encontraban familias con niños, protestaban por las condiciones peligrosas y antihigiénicas en las que se ven obligados a vivir mientras esperan sus audiencias de asilo en Estados Unidos. En la tarde del jueves, oficiales pertenecientes a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dispararon bombas de humo contra los manifestantes.
President Trump invoked the same legal authority used for the Travel Ban to impose asweeping new ban on legal immigrationlast week. Under the new ban, whichanalysis suggestscould block as much as two thirds of all immigrants from coming to the United States, immigrants will be banned from entering unless they can prove they will be covered by private health insurance within 30 days of entry. The ban is set to go into effect on November 3, 2019.
Immigrants will also be permitted into the United States if they can prove they are wealthy enough to pay for any “reasonably foreseeable medical costs” out of pocket. However, the rule does not provide any guidance on what constitutes a “reasonably foreseeable medical cost” and leaves it up to the Secretary of State to create new rules implementing the Ban.
Depending on how those rules are written, the Healthcare Ban could impose a direct wealth test on immigrants; a stark rejection of the principles of immigration that have guided America for generations.
Like the Travel Ban which was eventuallyupheld by the Supreme Court, this new ban invokes a provision of the Immigration and Nationality Act. That provision allows the president to declare that the entry of “certain” noncitizens is “detrimental to the United States.” As with the Travel Ban, those subject to this ban will be denied visas and barred from entering the United States as permanent residents.
Under the new Healthcare Ban, immigrants must demonstrate that they will be covered by private health insurance. In addition, subsidized health insurance plans purchased through the Affordable Care Act exchange would not be counted. This could create a huge hurdle for immigrants lacking employer-provided health insurance.
The Healthcare Ban could lead to nearly 70% all legal immigrants being denied entry. According to theMigration Policy Institute, 34% of recent legal immigrants are uninsured, and an additional 31% have health insurance plans that wouldn’t qualify under the Healthcare Ban.
The requirement to purchase unsubsidized health insurance will provide a particular hurdle for immigrants.
According to the Kaiser Family Foundation, the majority of individual health insurance plans purchased on the individual market are subsidized plans—which would not count as health insurance for the purpose of the Ban. Out of 13.7 million people who enrolled in the individual market in the first quarter of 2019, two thirds of the total (9.3 million) received subsidies.
The Healthcare Ban does provide some exceptions, including one for minor children of U.S. citizens and immigrants who are already in the United States. There is also a limited exception for parents of U.S. citizens, who still must prove that their healthcare “will not impose a substantial burden on the United States healthcare system.”
The Healthcare Ban comes just days before the Trump administration’s much-attackednew “Public Charge” rulegoes into effect on October 15. That rule sought to limit legal immigration by expanding the groups of immigrants excluded as “public charges” because they might use public benefits in the future.
But the Healthcare Ban sweeps far more broadly than public charge, targeting even immigrants who would easily meet that rule’s new standards.
Given the extreme damage that the new ban would do to legal immigration, legal challenges are likely. President Trump has made hisdislike for immigrants who use public benefitsclear, and his general anti-immigrant attitude is likely to form one basis for the lawsuit. And unlike the Travel Ban, where much of President Trump’s statements occurred before he became president, challengers will be able to draw on a long list of anti-immigrant actions and rhetoric taken throughout his term in office.
El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU. Julián Castro
escoltó el lunes a una docena de solicitantes de asilo al paso
fronterizo entre Estados Unidos y México situado en la ciudad de
Brownsville, en el estado de Texas, en un intento por desafiar la
llamada política de “Permanecer en México” del presidente Trump.
El grupo incluía a una mujer salvadoreña con discapacidad y a sus
familiares, así como a nueve personas pertenecientes a la comunidad
LGBTQ de Cuba, Guatemala y Honduras. Muchos de ellos han indicado que
fueron amenazados y agredidos durante el periodo de tiempo que se han
visto forzados a esperar en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros
hasta que se procese su solicitud de asilo.
A los solicitantes de asilo que acompañaba Castro se les negó la entrada a Estados Unidos.
En Twitter, Castro escribió “Por ley, se supone que estos migrantes
están exentos de la política de Permanecer en México, pero @CBP [la
Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza] ha decidido ignorar su
debido proceso. Indignante”.
Compartimos la entrevista en inglés a Julian Castro, quien habló con
https://www.democracynow.org desde la ciudad de San Antonio, en el
estado de Texas, donde fue alcalde desde 2009 a 2014 AMY GOODMAN: This is Democracy Now! I’m Amy Goodman, with Juan González. JUAN GONZÁLEZ: We turn now to Democratic presidential
candidate and former Housing Secretary Julián Castro. On Monday, he
escorted a dozen asylum seekers to the U.S. port of entry at
Brownsville, Texas, in a challenge to President Trump’s “Remain in
Mexico” policy. The group included a disabled Salvadoran woman and her
relatives, as well as nine LGBTQ people from Cuba, Guatemala and
Honduras. Many of them report they’ve been threatened and assaulted
while they’ve been forced to wait in the Mexican border city of
Matamoros. The asylum seekers were refused entry into the United States.
AMY GOODMAN: On Twitter, Julián Castro wrote, quote,
“By law, these migrants are supposed to be exempt from the Remain in
Mexico policy—but @CBP [Customs and Border Protection] had decided to
ignore their due process. Outrageous.”
Julián Castro joins us now from San Antonio, the city where he served as
mayor from 2009 to 2014, now attempting to become the first Latino
president of the United States.
Secretary Castro, welcome back to Democracy Now! Can you tell us exactly what you did this week? JULIÁN CASTRO: Yeah. Good morning. Thanks for having me.
So, I was invited by the Texas Civil Rights Project, that works with
migrants who are seeking asylum and who have been caught up in the Trump
administration’s “Remain in Mexico” policy — technically called the
Migrant Protection Protocol policy — which has them claim asylum here,
and then sends them to wait in Mexico while their asylum claim is
adjudicated. I had been asked to visit Matamoros, on the other side of
Brownsville, Texas, because you have about a thousand people who are
there, who — most of whom are seeking asylum, waiting for their court
dates, that are caught up in this “Remain in Mexico” policy.
And we wanted to highlight especially the claims of members of the LGBTQ
community and also one person who is disabled. She’s deaf. We were
highlighting them specifically because under the terms of the “Remain in
Mexico” policy itself, somebody with a physical issue or mental health
trauma is supposed to be exempted. In other words, they’re supposed to
be allowed to remain in the United States while their claim is
adjudicated, instead of being sent back to Mexico. These members of the
LGBTQ community, they have been persecuted. They’ve been subjected to
violence. They’ve been threatened. They’re suffering trauma and, some of
them, PTSD. And so, we believe that they should qualify for that
exemption because of the mental health trauma they’re going through. And
the person who is deaf has a physical disability, a physical issue. She
never should have been put in that program in the first place.
And let me just say, you know, when I went over there, as I mentioned,
there are over a thousand people. They’re all living in tents. They told
me, to a person, that they don’t have clean water to drink, that a lot
of the kids there are sick. I saw children as young as 12 days old, a
baby that was 12 days old. They’re living basically in a field that’s
right near the river, the Rio Grande river, and right next to the border
station. So, these are people who are in desperate circumstances,
living in unsanitary conditions, in squalor, not knowing what’s going to
happen to them, and pleading for help.
We took these 12 individuals to present to the Border Patrol agents,
CBP. And they were eventually interviewed, and then they were all sent
back. They were all denied any kind of relief under the exemption in the
MPP policy. JUAN GONZÁLEZ: Well, Secretary Castro, I wanted to ask
you, because, obviously, Mexico has to participate in this “Remain in
Mexico” policy. And I don’t know if you saw the op-ed piece that Jorge
Ramos, the co-anchor of the national Univision News had in The New York
Times this week, where he said Mexico may not be paying for the wall,
the Trump wall, but Mexico has effectively become the wall and is
participating in this attempt of President Trump to prevent more people
from coming into the country. I’m wondering about your sense of the
Mexican policy under President López Obrador? JULIÁN CASTRO: Yeah, I did not see that op-ed, but I
think that Jorge puts it very well there, that — you know, that this was
something that Mexico agreed to. And to me, that was surprising, given
the history of López Obrador and what I thought he would stand for and
do once he was in office.
The other thing that’s been a concern is that, you know, of course, for
the municipality, for Matamoros and for the state government there, they
do have a responsibility to help make sure that these individuals are
safe, that they’re living in sanitary conditions. I was told by one
person on the other side of the border that the city is trying to do
something, but trying to get folks to move to a different part of the
community, of the city, where they’re trying to — they’ve tried to
establish more sanitary conditions and better living conditions. I don’t
know whether that’s accurate or not — it may well be accurate — but
that there’s a hesitancy among the migrants there because of the lack of
safety in other parts of the community. And, you know, they feel like
they want to be there, of course, near the Border Patrol station, when
they have their hearing, or there’s just this sense of being close to
the United States. And so they’ve been hesitant to go to that other
place that may have been established by the city for them to be at. AMY GOODMAN: So what are you demanding of the president right now? JULIÁN CASTRO: Well, he should end this policy. If I
were elected president, I would immediately end this “Remain in Mexico”
policy. It flies in the face of the United States policy of allowing
people who are making a claim of asylum to remain in the United States
while their claim is adjudicated.
So we need to do a couple things. Number one, we need to end this policy
and allow people to remain in the safety of the United States.
Secondly, and just as importantly, we actually need to create an
independent immigration court system, that’s independent from the
Department of Justice, with enough judges and support staff to hear
these asylum claims and get people an answer in a timely manner. Some
people will get asylum. We also know that some people will not. But
people should not be waiting years to get an answer on their asylum
claim. AMY GOODMAN: Let me ask you about The New York Times
report recently reporting President Trump privately pushed for shooting
migrants and for creating a, quote, “water-filled trench, stocked with
snakes or alligators,” along the U.S.-Mexico border; the Times also
detailing how Trump has privately proposed other radical measures to
curtail immigration, including closing the entire U.S.-Mexico border and
building an electrified border wall topped with spikes to pierce human
flesh; the Times revealing Trump has repeatedly raised the idea of
shooting migrants during staff meetings; the paper reporting, “After
publicly suggesting that soldiers shoot migrants if they threw rocks,
the president backed off when his staff told him that was illegal. But
later in a meeting, aides recalled, he suggested that they shoot
migrants in the legs to slow them down. That’s not allowed either, they
told him.” The Times article is based on the new book, Border Wars:
Inside Trump’s Assault on Immigration, by the Times reporters Michael D.
Shear and Julie Hirschfeld Davis. Julián Castro, if you could respond? JULIÁN CASTRO: I mean, that’s the product of a
deranged mind right there. What else can we say about that, except
that’s an individual with a deranged mind and, obviously, a lot of hate
toward these migrants? And, you know, this is the caliber of person
that’s sitting in the Oval Office right now. It’s just one more example
of why he should not be president of the United States, somebody who is
not only hateful, but who is so divorced from reality that he would, on
multiple occasions, bring up the idea of shooting people. It makes no
sense.
I hope that more and more Americans are paying attention to the
depravity of this president and the cruelty that he’s inflicted on
people that are simply seeking a better life. And that’s consistent with
people from different places all over the world that have come seeking a
better life, who have come from desperate circumstances throughout the
generations. And so, this is nothing new in our country’s history or the
history of the world.
And my hope is that this president is going to be held to account for
what he’s done in terms of violating his oath of office and abusing his
power, that he will be impeached, that he will be removed from office.
If he is not impeached and removed, he’s going to be defeated on
November 3rd, 2020, and that this nightmare, with respect to how he’s
treating migrants, will be over. JUAN GONZÁLEZ: Secretary Castro, I wanted to ask you
also, because the president often talks about how he’s opposed to people
coming into the country illegally, but the reality is that his policies
in terms of even legal immigration are dramatically different from past
policy. I think the Census Bureau is reporting we had the lowest number
of legal immigrants admitted into the country, just a couple hundred
thousand compared to an average of about a million a year in many past
years, the reduction in refugee admissions, the clampdown on asylum
requests. Could you talk about his policy toward legal immigration? JULIÁN CASTRO: Yeah. You know, sometimes it makes some
folks feel good when they can say, “Well, you know, I’m not really
against, or the president is not really against immigration; he’s
against undocumented immigrants, or so-called illegal immigrants.” But
as you point out, clearly, this is an assault on all immigrants,
undocumented and documented. This public charge rule that they’ve
proposed, that would essentially chill legal immigrants from
participating in American life, the cutbacks to the number of refugees
that we’ll accept, also this asylum policy that has been tightened, this
“Remain in Mexico” policy, that would deal with potential asylees — in
all of these ways, the president has sought to curtail legal
immigration. So, at the bottom of this is truly a vision of America that
looks like Donald Trump. That’s what he wants. That’s what he’s trying
to create. And so, people should not fool themselves.
What I believe is that our diversity in this country makes us strong,
that we can harness the potential of immigrants, and that, for
generations, immigrants, both documented and undocumented, have made
this country stronger, have powered our economy, have helped ensure that
we continue to move forward as a nation. And that’s going to continue
to be the case in the future. And I believe that we should increase the
number of people that we’re taking in as refugees and asylees, and that
we should put undocumented immigrants who are here in the United States
on a pathway to citizenship, as long as they have not committed a
serious crime here in the United States. That’s what I would do as
president.
El seis de septiembre se cumplió el plazo de los 90 días que Estados Unidos de Norte América, le dio al Estado Mexicano a raíz de la declaración conjunta que tuvo como tema principal frenar el flujo migratorio, bajo la amenaza de subir los aranceles. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó haber cumplido con los acuerdos, pero no informó el costo humano, económico y social de ese cumplimiento. Dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:
1)Seguridad: Implicó el despliegue de 25,441 agentes de la Guardia Nacional, en frontera sur, con un costo - sólo en salarios - de $483,379,000 pesos mensuales, sin considerar la alimentación y el alojamiento. Además de que no se les dio una capacitación ni un protocolo adecuado en materia de derechos humanos para atender a personas migrantes y sujetas de protección internacional, lo cual genera violaciones directas a los derechos de las personas en ya que su actuación es con base en criterios discriminatorios y violatorios de dignidad humana, porque es clara la premisa de que la nacionalidad de una persona no se ve a simple vista. Situación que se encuentra actualmente en estudio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2)Hemos dado un pasos atrás en el cumplimiento del Pacto Mundial celebrado en 2018, especialmente en el objetivo 13 titulado Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas, el cual a partir del párrafo 29 señala claramente el cumplimiento de acciones que tengan como fuente el uso de mecanismos basados en derechos humanos y el uso de un repositorio exhaustivo para difundir mejores prácticas a alternativas a la detención, que se cumpla con el derecho al debido proceso, que dicha detención no sea arbitraria, se base en la ley, en los principios de necesidad, proporcionalidad y la evaluación individual, que esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible.
De acuerdo a lo informado por la Unidad de Política Migratoria se han detenido a más de 108,503 personas. De estos 32,507 son menores. 1 Las estaciones migratorias se encuentran en una situación de hacinamiento que genera graves violaciones a la dignidad humana, discriminación, riesgos a la salud e integridad de las personas. Como ejemplo de ello se tiene la muerte de una niña guatemalteca el pasado mayo, situación que nos obligó como Organizaciones Civiles a presentar un juicio de Amparo en contra de las autoridades del INM en la Estación Migratoria de “Las Agujas”, mismo que continúa en trámite pese a diferentes retos que representan claramente violaciones al derecho a la justicia. Recientemente también murió una persona de origen haitiano en la Estación Migratoria Siglo XXI después de haber solicitado urgentemente atención médica toda la noche, situación también denunciada por las organizaciones en Tapachula.2 Situación que argumenta claramente que México es un país peligroso, derivado del Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México, se ha documentado la violencia, diversas agresiones y discursos de odio en contra de esta población.
3)Los exorbitantes costos de la política de detención -no sólo humanos sino también monetarios y sociales- se han documentado previamente, ya que el INM dedica gran parte de sus recursos a estos fines. 3 En nuestro informe de la Detención Migratoria, publicado en enero de 2019, señalamos que, en años recientes, el presupuesto del INM ha sido entre 2, 530 y 1,732 millones de pesos y su gasto ha sido entre los 4,308 y 5,276 millones de pesos.
4)Bajo el acuerdo hemos recibido más de 30 mil personas para esperar su procesamiento de asilo en Estados Unidos en la frontera norte de México. Estas personas consideran que su vida corre riesgos, por lo que México tiene la obligación de garantizar su seguridad, situación que ha sido por demás insuficiente. Cabe aclara que la proyección llega a ser de 60 a 80 mil a lo largo de toda la frontera solamente para este año. Esta población permanece desprotegida y sin acceso a asesoría legal, situación que ha sido alertada por organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos.
5)Las obligaciones de protección que tiene México siguen ausentes, en el discurso y en los hechos, ante un aumento en las solicitudes de asilo, no se ha reforzado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la cual trabaja con un presupuesto insuficiente aun cuando a la fecha ha recibido más de 48,254 solitudes de asilo, cuando el año pasado fueron 14,562 en el mismo periodo. Las autoridades no han tenido la capacidad de detectar a las personas que necesitan de protección, muchas de ellas han sido devueltas a sus países dónde su vida corre peligro.
6)Las personas no tienen acceso a la justicia, como lo señala también el Pacto Mundial, la Comisión Interamericana y diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano. En México, se puede visibilizar claramente que la presencia de condiciones de desigualdad real donde difícilmente se puede acceder a una representación, dejando a las personas en estado de indefensión, lo que imposibilita la presentación de quejas, recursos y medios de defensa legal para garantizar a las personas un debido proceso en condiciones de igualdad, motivo por el cual el Canciller Ebrad, refiere que sólo han sido presentadas 7 denuncias en contra de todas las violaciones que ha generado el ya mencionado acuerdo migratorio con Estados Unidos. Otro de los obstáculos para acceder a la justicia, es que no hay presencia de intérprete o traductor que es una de las garantías mínimas que deben de estar en un procedimiento administrativo migratorio. En el monitoreo realizado por Sin Fronteras a Estaciones Migratorias, es notorio que las personas nacionales países no hispanoparlantes, o que pertenecen a alguna comunidad indígena, enfrentan condiciones que afectan su integridad, o bien sufren de exclusión y abuso por falta de esta garantía.
Esta política migratoria ha servido para cumplir con las exigencias impuestas por los Estados Unidos, pero el costo humano ha sido muy alto. Nos ha llevado a cargar con muertes dolorosas como la de Oscar y Valeria, o la de Marcos en Saltillo frente a su pequeña hija. No hemos aumentado la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, -como lo marca el Objetivo 5 del Pacto Mundial- por el contrario, y por eso estamos obligando a las personas que huyen a buscar rutas peligrosas y clandestinas.
Nos ha llevado a incrementar la violencia y la xenofobia que crece día que día y que desafortunadamente legitima las acciones y violaciones a los derechos humanos, por lo anterior, desde Sin Fronteras IAP consideramos que hay formas menos costosas de afrontar el reto de la movilidad humana.
