Federal Court Blocks Error-Prone ICE Deportation Program

By: Emma Winger www.immigrationimpact.com

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) has arrested millions of people based on unreliable electronic databases. In a recent court decision with nationwide impact, a federal judge in California ruled that parts of this mass deportation program—called Secure Communities—are unconstitutional.

Through Secure Communities, anyone arrested and fingerprinted for any reason has their fingerprints sent to ICE. ICE runs those fingerprints through certain databases and then, often without any additional investigation, issues a detainer —a request that the federal, state, or local law enforcement agency hold the person for up to 48 hours after they would otherwise be released from custody. This extra time allows ICE to arrest the person. This means that ICE asks state officers to arrest people for deportation based on nothing more than a few clicks on a computer.

In Gonzalez v. ICE, a case brought on behalf of people who are or will be the subject of a detainer issued by an ICE officer in the central region of California, the court found that Secure Communities is fatally flawed. The databases include incomplete, outdated, and incorrect information.

The results are predictable. Countless people have been arrested without adequate cause. For example, from May 2015 to February 2016, ICE asked law enforcement officers to arrest almost 800 people who were either U.S. citizens or otherwise not deportable. The court ruled that ICE violates the U.S. Constitution in two ways when the agency issues a detainer based solely on these faulty databases.

First, ICE is asking state officers to make an arrest without “probable cause” that the person is deportable. Second, in many cases, ICE is asking state officers to do something they aren’t allowed to do—arrest someone for the purpose of deportation. In many states, law enforcement officers are only allowed to arrest a person for a crime.

The court blocked ICE from issuing detainers relying on nothing more than error-prone databases and from making these arrest requests in states where law enforcement officers are not authorized to arrest for deportation.

Though the court’s order applies to ICE agents in California, this includes ICE’s Pacific Enforcement Response Center, which issues detainers across the county when local ICE offices are closed. As a result, the court’s decision is an important check on ICE’s unconstitutional deportation machine.

 

 

Source: www.immigrationimpact.com 

https://www.inmigracionyvisas.com/a4533-Federal-Court-Blocks-Error-Prone-ICE-Deportation-Program.html

Deportar Inmigrantes No Reduce El Crimen

La deportación masiva de inmigrantes de los Estados Unidos bajo el programa Comunidades Seguras no ha tenido un impacto apreciable en las tasas de criminalidad locales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inmigrantes deportados no tienen antecedentes penales graves.

Esa es la conclusión simple pero poderosa de un estudio reciente de la Universidad de California, Davis. El estudio examina la relación entre las deportaciones y las tasas de criminalidad en las localidades que implementaron Comunidades Seguras en algún momento desde su inicio en 2008. El programa se expandió para abarcar todo el país en 2013, fue suspendido por la administración de Obama en 2014 y fue reincorporado por La administración Trump en 2017.

Secure Communities fue lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a los inmigrantes en las cárceles de EE. UU. Que son deportables según la ley de inmigración. Bajo Comunidades Seguras, las huellas digitales de cualquier persona que haya ingresado en una cárcel por cualquier razón se verifican en las bases de datos de inmigración y criminales. Esto le da a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la oportunidad de detener a cualquier persona que esté detenida en una cárcel si se descubre que esa persona ha violado una ley de inmigración.

Desde 2008 hasta 2014, el año en que se suspendió temporalmente el programa, Comunidades Seguras facilitó más de 450,000 deportaciones. Y, sin embargo, el estudio encontró que incluso en localidades con grandes poblaciones indocumentadas afectadas por las deportaciones, las tasas de criminalidad no disminuyeron.

Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que el 16 por ciento de los deportados no tenían ninguna condena penal. El once por ciento de los deportados tenía la Conducta Bajo la Influencia (DUI) como su delito más grave, el 8 por ciento tenía violaciones de inmigración (como entrada o reingreso ilegal), el 5 por ciento fueron condenados por un delito de tráfico y el 5 por ciento fueron condenado por posesión de marihuana.

En otras palabras, poco menos de la mitad de todos los deportados a través de Comunidades Seguras no tenían condena o solo una menor, lo que hace muy poco probable que la eliminación de estos inmigrantes de la población estadounidense tenga un impacto significativo en las tasas de criminalidad.

El estudio también encontró que Comunidades Seguras no hizo nada para mejorar la efectividad de los departamentos de policía en la resolución de delitos. Esto se mide por sus "tasas de aprobación", lo que significa el número de delitos "eliminados" cuando la policía realiza un arresto, en comparación con el número total de delitos denunciados.

Los hallazgos de este estudio son consistentes con un cuerpo de investigación mucho más amplio que ha demostrado repetidamente, a lo largo de varias décadas, que la inmigración no tiene ningún efecto sobre el crimen. Esto refleja el hecho de que la mayoría de los inmigrantes no tienen antecedentes penales.

Como resultado, la aplicación de la ley de inmigración no es una herramienta muy efectiva para combatir el crimen. Necesitamos un retorno a las prioridades de aplicación racional y un énfasis en mejorar la seguridad pública para todos en nuestras comunidades.

 

Fuente: www.immigrationimpact.com

https://www.inmigracionyvisas.com/a4504-deportar-inmigrantes-no-reduce-el-crimen.html