Amy Goodman y Denis Moynihan
Dentro de unos días, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos. Su gobierno contará con el respaldo de ambas cámaras del Congreso, ambas controladas por el Partido Republicano. Ya se están preparando una serie de decretos y legislación regresiva para asegurarse de que los primeros 100 días de Trump en el gobierno logren borrar de un plumazo lo conseguido durante la presidencia de Obama.
Trump fue una de las principales voces del movimiento que, mediante una campaña racista, intentó socavar la legitimidad de Barack Obama, acusándolo de no ser ciudadano estadounidense, sino de haber nacido en Kenia. Ahora Trump pretende socavar el legado de Obama desde la presidencia. Pero Barack Obama seguirá siendo el Presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero. Hasta el último día de su mandato conserva las amplias facultades ejecutivas que le otorga el cargo. Por ese motivo, un creciente movimiento popular está instando a Obama a que utilice la clemencia ejecutiva y el indulto para proteger a los millones de inmigrantes indocumentados del país de ser deportados en forma masiva, como prometió una y otra vez Trump en la campaña presidencial.
Por si acaso alguien piensa que la promesa de deportación de Trump es pura bravuconería, la agencia de noticias Reuters informó el martes acerca de un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional que resumía una reunión de diciembre entre el equipo de transición de Trump y el organismo. Según Reuters, el equipo de transición de Trump solicitó detalles sobre la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, sobre la capacidad de incrementar la detención de inmigrantes y la posibilidad de restaurar la vigilancia aérea agresiva en la frontera sur de Estados Unidos (que el Gobierno de Obama disminuyó). Además, el equipo de Trump también consultó si algún funcionario del Departamento de Seguridad Nacional había “alterado la información biográfica de algunos inmigrantes por temor a que se violaran sus libertades civiles”, lo cual resulta aterrador.
Esta última pregunta revela la posible preocupación del equipo de transición de Trump de que empleados federales podrían estar eliminando de las bases de datos del gobierno información de identidad de los más de 740.000 jóvenes que se registraron en el Departamento en virtud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), iniciado en junio de 2012. El 5 de diciembre, un grupo de 106 congresistas escribieron al Presidente Obama para instarlo a que proteja esa información: “Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y funcionarios públicos han promovido el programa DACA para los Soñadores sobre la base de la premisa de que la información que proporcionarían al Departamento de Seguridad Nacional no sería utilizada en el futuro para deportarlos.
No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que el Gobierno de Trump traicione la confianza que estos jóvenes estadounidenses depositaron en nosotros y en el gobierno”, decía la carta. Además del nombre, fecha de nacimiento, huellas dactilares y otros datos biométricos, el Departamento de Seguridad Nacional también registra el domicilio de estas personas, lo que podría poner en peligro a otros miembros de la familia que carecen de documentación legal en Estados Unidos. El representante de Arizona Raúl Grijalva, que copreside el comité progresista del Congreso, habló con Democracy Now! al respecto: “Les pedimos a estos jóvenes que se presentaran de manera voluntaria y les garantizamos que protegeríamos su información y, lo que es más importante, la de sus padres y familiares en Estados Unidos ya sea que estén indocumentados o no”.
El Gobierno de Obama ya ha adoptado una medida similar tras la elección de Trump al poner fin formalmente al programa conocido como Sistema de Seguridad Nacional de Registros de Entradas y Salidas (NSEER, por sus siglas en inglés), creado en 2002 como parte de la “Guerra contra el terrorismo”. El programa estaba dirigido a personas provenientes de determinados países de población mayoritariamente musulmana y fue eliminado por Obama para evitar que sea utilizado como parte de un registro de musulmanes. A nivel local, ciudades como Nueva York también se están preparando para resistir las posibles políticas de Trump. El alcalde Bill de Blasio prometió proteger la información de más de 850.000 inmigrantes que tienen documentos de identidad municipales de la ciudad de Nueva York. Muchas ciudades se están convirtiendo en refugios de protección de los inmigrantes o están reafirmando su condición como tales, en respuesta a la amenaza de Trump de realizar deportaciones masivas.
Una serie de miembros del Congreso, junto con grupos como la Coalición Hispana de Nueva York y la Dream Action Coalition están solicitando al Presidente Obama que no solo proteja los datos registrados en las bases del DACA. Quieren que vaya más allá y conceda una amnistía a todas las personas que se registraron en el programa DACA. El reconocido lingüista y disidente político Noam Chomsky ha llevado esta idea más lejos. En un video publicado en Internet en apoyo a la campaña, dijo: “[Obama] debería proceder a lo que, de hecho, es una necesidad urgente: otorgar un perdón general a los 11 millones de personas que viven y trabajan aquí, ciudadanos productivos en todo sentido excepto en los papeles, que se ven amenazados con ser deportados por el gobierno entrante. Esta sería una terrible tragedia humanitaria y un atropello moral que puede evitarse mediante una amnistía general a las infracciones de inmigración, que el Presidente podría emitir. Y juntos deberíamos exigirle que adopte las medidas necesarias lo antes posible”.
“El poder del perdón presidencial es uno de los poderes con menos limitaciones otorgados al Presidente en la Constitución”, escribió James Pfiffner en 2007 para la fundación conservadora Heritage Foundation. Los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson otorgaron amnistía a rebeldes confederados. El Presidente Gerald Ford y el Presidente Jimmy Carter dieron amnistía a más de 200.000 estadounidenses acusados de resistir el alistamiento durante la Guerra de Vietnam (Donald Trump no necesitó pedir la amnistía, ya que obtuvo cuatro aplazamientos por asistir a la Universidad y uno por un supuesto espolón óseo). Cuarenta años después de Carter, el Presidente Obama puede utilizar su inmenso poder de perdón presidencial para apaciguar la guerra contra los inmigrantes que, de otro modo, bajo el Gobierno de Trump, corre peligro de ser cada vez peor.
