La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en asocio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), ha comenzado a instalar los primeros paneles para el nuevo sistema de muro fronterizo en el Valle del Río Grande (RGV) de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en Hidalgo Condado de Texas.
El sector más activo de la nación, el Valle del Río Grande es la ubicación de mayor prioridad de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para la construcción de un nuevo sistema de muro fronterizo. El sector del Valle del Río Grande representa aproximadamente el 40 por ciento de las detenciones ilegales de extranjeros y ocupa el primer lugar en la incautación de cocaína y marihuana a lo largo de la frontera suroeste. La mayoría de las actividades ilegales se producen en áreas con infraestructura y tecnología limitadas.
El nuevo sistema de muro fronterizo mejorará la capacidad del Sector del Valle del Río Grande para impedir y negar los cruces fronterizos ilegales y las actividades de tráfico de drogas y personas de las organizaciones criminales transnacionales.
"Habiendo trabajado anteriormente en el sector de Tucson, he visto cómo los muros son extremadamente efectivos para cambiar el entorno operativo en el que trabajamos", dijo Rodolfo Karisch, agente jefe de la patrulla del sector del Valle del Río Grande. “Los lugares donde se han construido barreras físicas redujeron los flujos de inmigración ilegal, el contrabando organizado y la degradación ambiental. Espero poner esta capacidad a trabajar en nuevas ubicaciones en el sector del Valle del Río Grande".
Este proyecto consiste en aproximadamente ocho millas de un nuevo sistema de muro de diques en lugares donde actualmente no existen barreras. El contrato para este proyecto se adjudicó ennoviembre de 2018. Este proyecto es similar a las 76 millas del nuevo sistema de muro fronterizo construido recientemente en los sectores de San Diego, El Centro, Yuma y El Paso.
Además de una barrera física, el nuevo sistema de muro de diques también incluye una zona de control, que incluirá tecnología para proporcionar conciencia de la situación, así como una carretera para el acceso lateral.
Desde enero de 2017, se han identificado aproximadamente $ 9.8 mil millones para construir aproximadamente 509 millas de nuevo sistema de muro fronterizo a través de una combinación de fondos del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Defensa y el Fondo de Confiscación del Tesoro. Esto incluye aproximadamente 110 millas de nuevo sistema de diques y muros fronterizos dentro del Sector del Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza en áreas donde actualmente no existen barreras.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza continúa implementando la Orden Ejecutiva 13767 del Presidente Trump, también conocida como Mejoras de la Seguridad Fronteriza y la Aplicación de la Ley de Inmigración, tomando medidas para planificar, diseñar y construir rápidamente un muro físico utilizando materiales y tecnología apropiados para lograr de manera más efectiva el control operativo de la frontera sur.
The cost of filing an application for citizenship—usually a hefty $725—has long been abarrierfor some immigrants. Now, a change to the naturalization process may leave even more people priced out of becoming a U.S. citizen.
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) recently announced a new policy that will change how the agency determines eligibility for awaiverof its application fees. It is set to go into effect December 2.
The policywill narrow the fee waiver eligibility for those applying for citizenship, green cards in certain categories, work permits, and other immigration benefits.
Currently, USCIS has a straightforward way of determining eligibility for a fee waiver. If an applicant receives a means-tested benefit—such as Medicaid or supplemental food assistance—then they automatically qualify for a fee waiver. As of 2017, approximately40% of all citizenship applicantsrequested this fee waiver;most did soby showing they received a means-tested benefit.
The new policy will eliminate the means-tested benefit from the eligibility criteria.
Under the change, people may only request a fee waiver if they can prove their annual household income is at or below 150% of the Federal Poverty Guidelines or if they can demonstrate financial hardship by some other means.
The two remaining alternatives are more difficult to prove. They require substantial documentation and often the help of an attorney. Sifting through this documentation would likely be more time-consuming for an alreadyoverburdened USCIS, creating even greater backlogs.
Filing fees may be out of reach for many people, including low-income immigrants, the elderly, and families that file more than one application at a time. With limited ways to get a fee waiver, some people may be deterred from applying for immigration benefits—including citizenship—at all.
The policy change is one ofmany attacksthe Trump administration has made against legal immigration. It comes just two weeks after the Trump administration’spublic charge rulegot struck down in several federal courts. The rule would have made it easier for the government to deny a green card to immigrants it deemed likely to receive certain public benefits in the future, including non-cash benefits like Medicaid or food stamps. The widely condemned rule , and its counterpart for immigrant visa applicants, was also seen as a “wealth test” for those wanting to live in the United States.
This latest policy change creates more obstacles for people navigating our immigration system. Our process should encourage people to become U.S. citizens, not turn them away with high fees and inflexible criteria.
El Boletín de visas es un documento que expide cada mes el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que permite saber a una persona con una petición de visa aprobada ya sea por solicitud basada en la familia o de empleo cuando puede solicitar la visa, es decir cuando puede iniciar la fase final de la tramitación.
A continuación encontrara el primer Boletín de Visas del año fiscal 2019-2020 emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, correspondiente al mes deNoviembre 2019, el cual determina cual es la disponibilidad de visas de inmigrante por solicitudes de residencia con base familiar y empleo.
El centro nacional de visas tiene una plaforma totalmente electronica, todo el proceso SEAC El gobierno de los Estados Unidos continua promoviendo la inmigración de forma legal, y con la plaforma totalmente electronica ha permitido avances significativos, para el mes de noviembre los avances fueron en promedio de un mes.
La categoría F1(Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses) avanzo por un mes y medio, con un tiempo de espera general de 6 años 8 meses.
La categoría F2(Cónyuges e hijos de residentes permanentes) esta trabajando con la fecha actual es decir con las solicitudes que se están recibiendo, están al día, ya no tiene tiempo de espera después de su aprobación por parte del USCIS, claro esta que la aprobación puede tomar entre seis meses y dos años, es decir se puede presentar el ajuste de estatus directamente.
La categoría F2B(Hijos e hijas solteros de residentes permanentes) avanzo un mes y siete días, en promedio el tiempode espera es de 5 años y tres meses.
La categoría F3(Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, sus esposas e hijos) avanzo un mes y el tiempo de espera general es de 12 años.
La categoría F4(Hermanos y hermanas de ciudadanos adultos de Estados Unidos) un mes y quince días, con un tienmpo de espera general de 12 años 10 meses.
El juez federal de Portland, Oregon, Michael Simon emitió una orden preliminar el sábado 2 de noviembre donde suspendió la regla del gobierno del presidente Donald Trump que requería que los inmigrantes, demostraran que podrán contar con seguro médico o pagar por atención de salud antes de poder obtener visas y que entraba en vigor el domingo 03 de noviembre.
Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG presentaron el miércoles, una demanda federal con el argumento de que la medida descartaría, a casi dos terceras partes de los posibles inmigrantes legales.
La denuncia también señaló que la regla también reduciría enormemente, o eliminaría el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos, con visas patrocinadas por familiares.
“Estamos muy agradecidos de que la corte reconociera la necesidad de bloquear de inmediato la regla de atención médica”, dijo la abogada senior del Justice Action Center Esther Sung, quien presentó argumentos en la audiencia, del sábado a nombre de los demandantes. “La medida separaría a las familias, y reduciría dos terceras partes de la migración basada en, ‘green cards’ a partir de esta noche, en caso de que no se suspendiera la prohibición”.
El decreto que firmó el presidente Donald Trump a principios de octubre, aplica a personas que aspiran a visas de migrante desde el extranjero, y no a quienes ya están dentro de Estados Unidos. No afecta a los residentes legales permanentes, así como tampoco a solicitantes de asilo, refugiados o menores de edad.
La proclamación indica que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país, a menos que obtengan cobertura de salud en un lapso de 30 días, después de su entrada o cuenten con los suficientes recursos económicos, para cubrir cualquier costo médico.
La regla es tan solo el más reciente intento del gobierno de Trump por limitar el acceso, a los programas públicos mientras intenta alejar al país, de un sistema migratorio basado en la familia, y convertirlo en uno basado en méritos.
Al momento de la proclamación, la Casa Blanca dijo en un comunicado que se tomó, la medida porque demasiados extranjeros se aprovechaban de los, “generosos programas de salud pública” del país, y los inmigrantes contribuyen al problema de “costos de salud sin compensación”.
Según la regla de visado del gobierno, se puede adquirir un seguro requerido de forma individual u obtenerlo de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o de cobertura “catastrófica”.
El plan Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si utiliza los subsidios de la Ley de Protección al Paciente, y Cuidado de Salud Asequible para adquirir un seguro. El gobierno federal paga esos subsidios.
Nermina Mumic es austríaca, inmigrante y empresaria, musulmana y líder cívica, aunque no precisamente en ese orden.
Ella es también exalumna de la Iniciativa Liderazgo de Jóvenes de la Próxima Generación (YLI, en inglés), un programa de intercambio financiado por la embajada de Estados Unidos en Austria. YLI combina capacitación en liderazgo y participación comunitaria con referencia al trabajo con refugiados e inmigrantes. Los exalumnos del programa con frecuencia aportan nuevas perspectivas a los temas de integración.
Como parte de YLI, Mumic completó un curso intensivo de liderazgo y visitó Estados Unidos para recibir capacitación adicional. De las tres semanas durante las cuales visitó varios estados de Estados Unidos dijo: “me impresionó la manera natural con que la gente se maneja respecto a la religión y cómo eso es parte integral de la vida pública”.
La fe es importante para la inmigrante nacida en Bosnia. “En un ambiente locamente apresurado y ocupado la religión me aporta paz interior y fuerza”, dijo. En 2010, como estudiante de licenciatura, Mumic se integró a la organización llamada Juventud Musulmana de Austria, en parte por la visión que tenía de que era posible e incluso beneficioso ser musulmana y austríaca.
Mumic, que actualmente dirige la organización, comentó: “queremos que los jóvenes musulmanes participen en nuestra sociedad, que asuman responsabilidades y tengan una ciudadanía activa”.
Ella predica con el ejemplo. Luego de obtener un doctorado en matemáticas en la universidad de Viena, Mumic tuvo una idea comerciable en los mercados: un algoritmo para detectar anomalías en los ingresos de las descargas electrónicas de música. Para lograrlo ella fue cofundadora de la compañía Legitary, que en junio de 2019 ganó el primer premio en Mercadeo y Datos/Analítica en la competencia mundial Midemlab para empresas emergentes en la industria de la música.
En respuesta a un debate público en Austria, Mumic logró en 2018 un financiamiento para iniciar una campaña pionera de un año de duración para responder al antisemitismo en la comunidad musulmana. Trabajó con la embajada de Estados Unidos y con otros exalumnos de YLI en el proyecto, que refleja su compromiso de ser austríaca y musulmana.
Mumic tiene un consejo para los nuevos inmigrantes en Austria: “Aprovechen la enorme posibilidad que tienen aquí y consigan lo mejor de ello. Compartan con sus conciudadanos y con la sociedad lo que tengan que ofrecer: sus habilidades, su religión, su cultura”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un aviso del Registro Federal que extiende la validez de la documentación relacionada con TPS para los beneficiarios bajo las designaciones de Estado de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 4 de enero 2021.
El aviso extiende automáticamente la validez de los documentos de autorización de empleo; Formularios I-797, Aviso de acción; y Formularios I-94, Registro de llegada / salida (colectivamente, documentación relacionada con TPS). Las fechas de validez para los países afectados son:
El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudáncuya dé Fecha de vencimiento actual era el 2 de enero de 2020, se extenderá hasta el4 de enero de 2021
Hondurascuya dé Fecha de vencimiento actual era el 5 de enero de 2020, se extenderá hasta el4 de enero de 2021
Nepalcuya dé Fecha de vencimiento actual era el 24 de marzo de 2020 se extenderá hasta el4 de enero de 2021
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está extendiendo la documentación de TPS en cumplimiento de los requerimientos preliminares del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en Ramos, et al. v. Nielsen, et. Alabama. y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en Saget, et. al., v. Trump, et. Alabama. , y con la orden del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para que el Distrito Norte de California suspenda los procedimientos en Bhattarai v. Nielsen.
En caso de que el gobierno prevalezca en su impugnación de la orden judicial preliminar de Ramos , la determinación del secretario de rescindir el TPS para Nicaragua y Sudán entrará en vigencia a más tardar 120 días después de la emisión de cualquier mandato de apelación ante el tribunal de distrito. La determinación del secretario de rescindir el TPS para El Salvador entrará en vigencia no antes de 365 días a partir de la emisión de cualquier mandato de apelación ante el tribunal de distrito de Ramos para permitir una transición ordenada para los beneficiarios afectados del TPS.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado una resolución que establece formalmente los próximos pasos a dar en la investigación de juicio político contra el presidente del país, Donald Trump. De esta manera, el Partido Demócrata finalmente logró formalizar la medida luego de que los republicanos criticaran esa enmienda "al estilo soviético" por falta de transparencia y debido proceso.
La iniciativa pone al presidente del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, a cargo del proceso de 'impeachment' y limita el acceso de congresistas republicanos y de los abogados de la Casa Blanca.
La medida autoriza a los comités a continuar sus investigaciones de juicio político y establece procedimientos y normas para las audiencias públicas, incluida la emisión de citaciones y el interrogatorio de testigos.
El Comité de Inteligencia, que ha estado celebrando audiencias a puerta cerrada sobre las interacciones de Trump con Ucrania, llevará a cabo audiencias abiertas antes de emitir un informe y trasladar sus hallazgos al Comité Judicial, además podría buscar evidencias adicionales y celebrar sus propias audiencias, en las que el equipo legal de Trump podría participar. Al concluir su investigación, el comité podría recomendar uno o más artículos de juicio político.
Por su parte el presidente Donald Trump ha reaccionado a la aprobación de la iniciativa publicando un mensaje en Twitter en el que la califica de "la caza de brujas más grande de la historia de Estados Unidos." además de expresar que "la farsa del 'impeachment' está haciendo daño al mercado de valores", pero "a los demócratas que se dedican a no hacer nada no les importa".
El Canciller de Ecuador José Valencia intervino en la Conferencia
Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de Migrantes y Refugiados
Venezolanos en Bruselas.
La crisis humanitaria transfronteriza y regional producida por el éxodo
venezolano hace indispensable la solidaridad de la comunidad
internacional. “Nos urge articular propuestas y acciones concretas,
efectivas e innovadoras para gestionar, obtener y canalizar los recursos
y el apoyo técnico y financiero de agencias multilaterales e
internacionales para atender mejor los compromisos humanitarios”, dijo
el canciller ecuatoriano José Valencia en la Conferencia Internacional
de Solidaridad sobre la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos que
se celebró este martes 29 en Bruselas.
El ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano dijo que se calcula que
hasta hoy, octubre de 2019, aproximadamente 4,3 millones de venezolanos
han abandonado su país y 60% de ellos se han instalado en Colombia,
Perú y Ecuador.
En lo que toca al Ecuador, desde enero de 2016 hasta hoy, ingresaron al
país aproximadamente 1 millón 900 mil ciudadanos venezolanos, de los
cuales cerca de 380 mil se han quedado en el territorio nacional.
Ecuador ha otorgado visa a más de 120 mil de entre ellos.
Estos ingresos y los que seguirán “sigue planteando un reto enorme para
el gobierno y para la sociedad ecuatoriana, en términos de su capacidad
de acogida y garantía de derechos para esta población migrante”.
Los Desafíos De La Crisis Y La Cooperación Internacional
Valencia agradeció a la comunidad internacional y en especial a los
países donantes —muchos de ellos representados en esta Conferencia
Internacional de Solidaridad— por la sensibilidad que han mostrado desde
el inicio de la crisis. “Sin embargo, los desafíos de la crisis son
tales, que son necesarios un mayor compromiso y más recursos para
enfrentar los requerimientos actuales y futuros”.
Resaltó que, pese a la magnitud de la crisis migratoria venezolana, esta
ha movilizado solo una fracción del apoyo internacional que reciben los
países afectados por crisis similares en el mundo. Según la OEA, las
crisis de refugiados sirios han movilizado un promedio de US$ 5.000 por
persona en ayuda internacional, mientras que la crisis venezolana menos
de US$ 300 por persona.
De acuerdo a cifras del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes
(PRRM) establecido por agencias de las Naciones Unidas y organizaciones
de la sociedad civil, para atender la crisis en este año 2019 se estimó
que el Ecuador requería un presupuesto de 117,3 millones de dólares, de
los cuales solamente un 20%, es decir 23,8 millones de dólares, ha sido
financiado por la cooperación internacional.
Por otro lado, datos recientes del estudio que está realizando (en su
fase final) el Banco Mundial, indican que el costo fiscal adicional para
atender a los ciudadanos venezolanos durante los próximos años sería
superior a los 100 millones de dólares por año. “Como se puede ver, el
reto es enorme y el Estado ecuatoriano ha asumido y asumirá buena parte
de estos costos. Sin embargo, se espera la participación de la comunidad
internacional para colaborar, bajo el principio de la responsabilidad
compartida, con las necesidades y recursos que implica la atención de
esta crisis”, dijo Valencia.
¿Cómo Puede Ayudar La Comunidad Internacional A Enfrentar La Crisis?
Valencia dijo que, aunque los montos, canales y modalidades de
cooperación que escoja cada donante dependerán en buena parte de su
propia evaluación, sugería varias modalidades de cooperación:
Aportes no reembolsables a las entidades y
organizaciones que conforman la Plataforma de Coordinación de Respuesta
para Migrantes y Refugiados (entre otras OIM, ACNUR, PMA y PNUD).
Creación de fondos nacionales para la presentación y financiamiento
de proyectos orientados a migrantes y comunidades de acogida con
enfoque productivo y de generación de empleo.
Apoyos presupuestarios específicos para entidades de gobierno.
Cooperación técnica destinada a mejorar las capacidades nacionales e institucionales de integración de población migrante.
Concluyó señalando que la prioridad del Ecuador en los próximos años es
enfocar esa cooperación en procesos de regularización e integración
local de los migrantes.
The ideology of President Trump is about more than limiting how many immigrants enter the United States each year; it’s about turning back the clock on U.S. social history.
Arecent analysisby law professor Robert Tsai explores how President Trump’s ideology—labeled “Trumpism”—is the latest installment in a long-standing conservative movement to dismantle the legacy of the civil rights era and return the country to a more “traditional” social order.
This traditional order, which prevailed in the 1950s, has very little room for immigrants—particularly non-white immigrants from the developing world.
Tsai’s analysis begins by noting a key historical fact: that the Immigration and Naturalization Act of 1965 was an integral part of the civil rights struggle—just as much as the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. It broke down racial barriers that had dominated U.S. immigration law for decades. The fundamental principle behind all three laws was simple: the promotion of equality.
The Immigration and Naturalization Act of 1965 also had two other guiding principles: the preservation of family unity and the presumption that immigrants are capable of assimilating or integrating into U.S. society.
Although the new immigration system was not perfect, it did radically reduce the level of overt racial discrimination would-be immigrants to the United States had to endure. Prior to 1965, a “national origins quota” system dominated the U.S. immigration system for more than 40 years. That system favored immigrants from northern and western Europe, while discriminating against virtually everyone else in the world.
The 1965 law scrapped that system and significantly opened immigration from Latin America, Asia, and Africa, as well as Europe in its entirety.
As Tsai argues, that began tochange after 9/11, when institutional discrimination against Muslims skyrocketed in the name of “national security.”
The situation has gotten worse under the Trump administration. Both Latinos and Muslims are portrayed asexistential threatsto the nation. The Trump administration also ignores that immigrants havea long historyof successfully integrating into U.S. society. According to Tsai, Trumpism is fueled by anxieties over the demographic and cultural changes the nation has experienced since the adoption of a more open immigration system in the 1960s. In this sense, Trumpism is what Tsai calls an “ethno-nationalist movement.”
But Trumpism also borrows from other strains of conservative ideology, ranging from the Tea Party to the Moral Majority. As a result, it targets a host of “enemies” in addition to immigrants, such as the United Nations and the global trade regime.
Another key feature of Trumpism is its dependence on the unilateral power of the presidency to implement any policy change. With the House in Democratic hands and the Senate in Republican hands, Congress is effectively deadlocked.
The Trump administration therefore falls back on claims of “national security” or “national emergency” to justify its use of executive orders and federal regulations as it attempts to implement a sweeping agenda for which it has no clear mandate. As Tsai notes, President Trump has made no secret of hispreference for immigrants from Nordic countries—and his disdain for immigrants from places like Haiti, El Salvador, and basically any African country.
This attitude reflects more than just the president’s views on immigration. It reflects his views on race as well. It’s no wonder that he wants to lead the nation back to the 1950s, before the civil rights movement dared to challenge the racial hierarchy of U.S. society.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció hoy que a partir del 2 de diciembre ajustará la tarifa de petición para procesamiento prioritario de ciertas peticiones y solicitudes basadas en el empleo.
La tarifa deprocesamiento prioritario(en inglés) aumentará a $ 1,440 en comparación con la tarifa actual de $ 1,410 para elFormulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, y elFormulario I-140, Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero. Este aumento, que se realiza de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, refleja la cantidad total de inflación desde la implementación de la tarifa de procesamiento prioritario en junio de 2001 hasta agosto de 2019 basado en el Índice de Precios del Consumidor para Consumidores Urbanos (CPI-U). La última vez que USCIS aumentó la tarifa fue en 2018.
El procesamiento prioritario está autorizado para solicitar que un trabajador extranjero se convierta en un residente permanente legal de los Estados Unidos a través delFormulario I-140, Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero, también está disponible para solicitud de parte de un trabajador No Inmigrante con el fin de que éste ingrese a los Estados Unidos temporalmente para realizar servicios o trabajo, o a fin de recibir capacitación como No Inmigrante H1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 o un trabajador No Inmigrante R-1. Los peticionarios también utilizan este formulario para solicitar una extensión de estadía o cambio de estatus al de E-1, E-2, E3, H-1B1 o TN o una de las clasificaciones de visa mencionadas anteriormente para un extranjero a través delFormulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante.
El procesamiento prioritario es un servicio opcional autorizado para ciertos peticionarios que presentan los Formularios I-129 o I-140. El sistema permite a los peticionarios solicitar el procesamiento de estos formularios en 15 días, si pagan una tarifa adicional. La tarifa de procesamiento prioritario se paga además de la tarifa base de presentación y cualquier otra tarifa aplicable. No se puede eximir.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que se recaudarán $ 7.9 millones anuales adicionales en ingresos por el aumento en las tarifas de procesamiento de prioritario. USCIS utilizara los ingresos por tarifas de procesamiento prioritario para mejorar sus procesos de adjudicación y servicio al cliente, financiar el costo de proporcionar servicios prioritarios y modernizar sus sistemas de tecnología de la información.
Adicional el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cree que ajustar la tarifa permitirá que USCIS continúe brindando el nivel actual de servicio de procesamiento prioritario sin interrupciones o suspensiones futuras; sin embargo, el aumento moderado de la tarifa no eliminaría la posibilidad de que se necesiten otros cambios para mitigar el riesgo de interrupciones del procesamiento.
