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miércoles, 28 de agosto de 2019

Ministros Aprueban Tarjeta De Vacunación Regional Para Migrantes Venezolanos

Al término de la III Conferencia Regional de Ministros de Salud, realizada en Cúcuta, el Ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Juan Pablo Uribe, anunció la adopción de una tarjeta única de vacunación regional para migrantes venezolanos y un esfuerzo regional en otros cuatro temas. 

El encuentro, en el que participaron ministros y delegaciones de 10 países, asistieron ministros y delegados de Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Haití, Paraguay, Argentina, Canadá y Perú, además del país organizador, Colombia así como agencias internacionales, tuvo como objetivo diseñar acciones conjuntas para atender el impacto en los sistemas de salud que produce la migración venezolana. 

La reunión estuvo precedida por un recorrido por los centros de atención a los migrantes venezolanos en Cúcuta, que contó con el acompañamiento del Director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería, Víctor Bautista. 

El Ministro Uribe explicó que la tarjeta única de vacunación regional se implementará desde mediados de octubre con el apoyo de las agencias internacionales para su impresión, difusión y capacitación en su diligenciamiento, y que se espera llegar a un millón de tarjetas entregadas a esta población. 

“Una tarjeta unificada que muestra que nuestros países pueden trabajar unidos acordando esquemas, estándares de cuidado, protocolos que nos permitan ser más efectivos en la respuesta a esta crisis migratoria”. 

Explicó que la tarjeta busca que toda persona o familia que se esté desplazando por los territorios americanos tenga un esquema completo de vacunación que proteja su bienestar, que se garantice cuáles son los biológicos que necesita, en qué presentación aplicarlos y cómo registrarlos, y que si le faltan, se los administren y si ya los tiene, que no se repitan. Es, en síntesis, una medida para fortalecer la salud pública. 

Los otros temas acordados son esfuerzos adicionales para diseñar un plan estratégico de fronteras que permita disminuir la morbilidad por la malaria y la complicaciones en la salud pública; la creación de un fondo para apoyar el financiamiento de acciones de detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles; el fortalecimiento de la lucha contra del VIH, obteniendo más capacidades de prevención y acompañamiento a los migrantes en esta condición, y la elaboración de una estrategia para combatir las patologías mentales, capacitando al talento humano y priorizar la atención en violencia, abuso de drogas y estrés postraumático. 

Igualmente, se busca fortalecer el acompañamiento a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes y el cáncer, “para lo cual queremos avanzar en un fondo internacional de financiamiento que fortalezca en nuestros países esa respuesta”. 

Por último, se busca capacitar al personal médico de la región, con el apoyo de Estados Unidos, en el tratamiento de salud mental enfocado a los migrantes y a su integración con las comunidades. 

El director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería destacó a medios de comunicación el acompañamiento de los Ministros de Salud de la región en esta jornada y agregó que, si bien la zona de frontera ha recibido el mayor apoyo del Gobierno Nacional para la atención de esta población, “claramente la comunidad internacional y los esfuerzos adicionales que pueda recibir Colombia son en este momento muy estratégicos, dadas las condiciones y la complejidad de la crisis migratoria venezolana”. 

"Nuestros países han hecho grandes esfuerzos ante la migración venezolana y podemos ser más eficientes planteando respuestas conjuntas, como lo hemos hecho hoy después de un recorrido por el hospital 'Erasmo Meoz', el paso fronterizo y los puntos de atención a los ciudadanos de ese país en Cúcuta, y el trabajo técnico en las mesas del Puente de la Unidad", aseveró el ministro Uribe Restrepo. 

Por su parte, Alex Azar, secretario de Salud de EE. UU., aseguró que todos los países del hemisferio occidental están comprometidos con ayudar a los migrantes, atendiendo sus problemas de salud, y con las naciones vecinas que reciben el flujo migratorio de venezolanos"

"Esta mañana pudimos ver los efectos devastadores que sufren los venezolanos por cuenta del régimen de Nicolás Maduro: adultos mayores, niños y mujeres con desnutrición, ausencia de atención y de medicamentos esenciales", aseveró Azar. 

En el primer trimestre del 2020, los países de la región se volverán a reunir en Panamá para seguir analizando la situación y revisar las medidas adoptadas este lunes en Cúcuta. 

En este sentido, Rosario Turner, ministra de Salud de ese país, aseguró que este tipo de reuniones deben seguirse realizando, pues solo de manera conjunta los países podrán enfrentar los retos de la migración. 

"Esa cuarta conferencia va a ser muy exitosa, porque este gran proceso que estamos haciendo los países nos sirve para validar los mecanismos que empleamos para atender esta situación crítica de la migración", dijo Turner.

 

Fuente: Ministerio De Salud De Colombia 

https://www.inmigracionyvisas.com/a4423-Aprueban-Tarjeta-De-Vacunacion-Para-Migrantes-Venezolanos.html 

martes, 27 de agosto de 2019

Estados Unidos Cancela Programa Para Tratamiento Médico A Inmigrantes

El Gobierno del presidente Donald Trump a través de cartas enviadas a familiares de personas que reciben tratamiento médico informo que eliminó la protección que permitía a inmigrantes permanecer en el país y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares recibían tratamiento médico de vida o muerte.

Con esta medida se obliga a familiares y enfermos buscar un tratamiento en sus países de origen, muchos de los cuales podrían ser de menor calidad, sin embargo lo mas crítico es que estas personas podrán ser deportadas aunque su vida este en riesgo de muerte. El gobierno cerró el programa y no están considerando aplicaciones que estuvieron pendiente ya sea de hace unos meses o de hace años.

Esta medida afecta todas las solicitudes pendientes, incluyendo aquellos pedidos de renovación a la autorización por dos años, así como a quienes la piden por primera vez. La única excepción es para miembros del ejército y sus familiares. Desde ya abogados están trabajando las acciones legales para evitar que esta medida se lleve a cabo.

 

 

 

Fuente: Youtube Noticias Telemundo  

https://www.inmigracionyvisas.com/a4422-cancelan-programa-para-tratamiento-medico.html

Programa Abrazando Almas Reúne Familias En Estados Unidos

A la fecha son 3 mil 500 las personas beneficiadas con el programa Abrazando Almas que impulsa el Gobierno del Estado a través del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, y el que tiene como finalidad que padres y madres de duranguenses que viven en los Estados Unidos puedan reunirse con sus hijos después de varios años de no verse debido a restricciones de tipo migratorio.

El mandatario estatal, José Rosas Aispuro Torres recordó que siendo candidato a Gobernador del estado se reunió con paisanos que viven en la Unión Americana, quienes pidieron la creación de un programa de reunificación familiar. 

Por ello, al asumir el cargo se conforma el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango, para posteriormente dar inicio al programa Abrazando Almas cumpliendo así las promesas de campaña. 

El titular del Ejecutivo, manifestó que mediante Abrazando Almas, el Instituto de Atención y Protección al Migrante funge como gestor y enlace con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, y los involucrados para la obtención de la visa que les permita visitar a sus familiares. 

El proceso inicia desde que acuden a registrarse a la dependencia estatal, el llenado de la Forma DS-160 (sin ningún costo) que es el derecho a visa, y el acompañamiento durante el viaje del grupo de adultos mayores tanto a Monterrey como a los Estados Unidos, detalló. 

Con este esquema de apoyo se ha logrado la autorización de 400 visas y se han realizado 12 eventos de reunificación en Estados Unidos en lugares como: Chicago (4), Dallas (4) y, Los Ángeles (4). 

Cabe mencionar que un 40 por ciento de las personas que viajaron a través de este programa, han regresado a visitar a sus familiares, ya que la visa que se les autoriza, tiene vigencia por diez años. 

A continuación dos historias del programa Abrazando Almas que brinda facilidades a las familias que han estado alejadas por años para tramitar la Visa y poder viajar a los Estados Unidos para reunirse con sus hijos.






Fuente: Gobierno del Estado de Durango - Youtube Gobierno del Estado de Durango 

https://www.inmigracionyvisas.com/a4421-Programa-Abrazando-Almas-Reune-Familias-En-Estados-Unidos.html

Immigration “Restrictionists” Hitting Their Stride Under Trump, But We Can Stop Them

By Wendy Feliz www.immigrationimpact.com 

Short-term thinking is inferior to long-term thinking, some argue, because it does a disservice to the future and those who will live it. Two long-term thinkers who have profoundly impacted U.S. immigration policy were recently in the headlines: John Tanton and Cordelia Scaife May.

Both helped give rise to the current immigration “restrictionist” movement in America through four decades of building and funding a network to advance their cause. 

Tanton was a Michigan-based ophthalmologist who recently died at the age of 86. He was also the architect of the modern-day “restrictionist” movement. He founded groups like the Federation for American Immigration Reform (FAIR) , Center for Immigration Studies, and the Immigration Reform Law Institute. Each group seeks to severely limit immigrants, and non-immigrants, from entering the United States. 

May died in 2005. However, the New York Times recently unpacked her legacy in print and on its podcast, The Daily. May was a key partner to Tanton, providing the funding to prop up the research and advocacy activities of his restrictionist groups. They left behind a well-financed network.

Since FAIR’s founding in 1979, the network has argued that America needed to “restrict” who came into the United States in order to control population growth and other environmental concerns. However, while the network claims their policies are not animated by racial animus, Tanton’s writings, revealed late in his life, tell a different story. 

In 1993, he famously wrote, “I’ve come to the point of view that for European-American society and culture to persist requires a European-American majority, and a clear one at that.” He also shared dire warnings of a “Latin” onslaught that needed to be stopped. 

More dangerous than policymaking alone, the network has worked to persuade the public and advance a narrative that the nation is under threat from newcomers through their work in the media and public square. They have played on the public’s biases and fears for decades and encouraged Americans to turn their backs on newcomers and to fear diversity. 

Today, the leaders groomed by this network sit in key offices within immigration agencies and even in the White House. Their long-standing plans for severe restrictions on who can enter the country are beginning to take hold. 

In just the last few years, their acolytes have placed unnecessary and burdensome hurdles in front of newcomers. One of the most recent is the Trump administration’s new public charge rule, which makes it far easier for the government to deny entry to someone based on their perceived economic status. This now means only privileged individuals have a shot at the American dream. 

They have also increased scrutiny and denial of visas and closed many immigration field offices worldwide, making it even harder for an individual to apply for and obtain a visa. They are even discouraging international students from attending U.S. universities by making visas far more difficult to obtain. This is in addition to making it increasingly difficult for asylum seekers and refugees to seek safety in the United States. They are now forcing asylum seekers to wait in dangerous countries for long periods before they are considered for safe passage. 

They have also unveiled strategies to purge immigrants who are already living in the United States—some for decades—through policies that end Temporary Protected Status for thousands, expand detention, and fast-track deportations by removing court hearings from the process, a program known as expedited removal. 

By mainstreaming their restrictionist views, they have even primed some of the public to accept and even support these restrictive, cruel, and un-American policies. Increasingly Americans see immigration as a problem and not an opportunity. 

What we now see play out every day on immigration policy is no accident. It’s the result of a long-term vision of a nation that strictly limits who may enter. 

All Americans who are concerned with America’s legacy and future must take a step back and assess how we have been countering the restrictionist movement and what new strategies we need to roll back their impact and advance the vision of the America we want to live in. We must act quickly before the United States abandons this legacy and becomes a fundamentally unwelcoming nation. 



Source: www.immigrationimpact.com 

https://www.inmigracionyvisas.com/a4420-Immigration-Restrictionists-Hitting-Their-Stride-Under-Trump.html


lunes, 26 de agosto de 2019

Documentos De Viaje En Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) expide cuatro tipos diferentes de documentos de viaje:
  • Permiso Adelantado
  • Documento de Viaje de Refugiado
  • Permiso de Reingreso
  • Documentos de Transporte

Si usted tiene una emergencia y necesita viajar fuera de Estados Unidos, puede consultar la seccion Viajes de Emergenciapara detalles adicionales. 


Advertencia
Si usted ha estado en los Estados Unidos ilegalmente, podrá estar sujeto a una prohibición de admisión si sale de EE.UU., aun cuando se le haya emitido un Documento de Viaje. Para más información, vea la Sección 212(a)(9) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). 

Si usted es un asilado que solicitó asilo en o antes del 1 de abril de 1997, su estatus de asilado puede ser cancelado si regresa al país desde el cual estaba buscando protección. Para más información vea el enlace “Hoja informativa: Viajar fuera de los Estados Unidos como solicitante de asilo, Asilado, o Residente Permanente Legal que obtuvo ese estatus basándose en estatus de Asilo” (PDF, 45 KB) (en inglés). 


>> Permiso Adelantado

Un Permiso Adelantado le permite viajar de regreso a Estados Unidos sin tener que solicitar una visa. Una compañía de transporte (aerolíneas) podría aceptar un documento de permiso adelantado en lugar de una visa como prueba de que usted está autorizado a viajar a Estados Unidos. Un documento de permiso adelantado no remplaza a su pasaporte. 

Por favor, tenga en cuenta que tener un documento de permiso adelantado no garantiza que se le permitirá el reingreso a Estados Unidos. En el aeropuerto o la frontera, el oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tomará la decisión final sobre si le permitirá reingresar a Estados Unidos. 

El permiso adelantado se utiliza más comúnmente cuando alguien tiene en trámite un: 


>> Documento de Viaje de Refugiado

USCIS emite documentos de viaje de refugiado a personas que tienen estatus de refugiado o asilado, y a residentes permanentes que obtuvieron su Tarjeta Verde a a base de su estatus de refugiado o asilado. 

Usted tiene que tener un documento de viaje de refugiado para regresar a Estados Unidos si: 
  • Tiene estatus de refugiado o asilado, pero no es un residente permanente legal (posee una Tarjeta Verde, Green Card),
  • Tiene el estatus de asilado o refugiado derivado.

Si usted no obtiene un documento de viaje de refugiado antes de salir de EE.UU., es posible que no pueda reingresar a Estados Unidos, o que lo coloquen en un proceso de remoción ante un juez de inmigración. 

Para más información, vea el enlace “Hoja informativa: Viajar fuera de los Estados Unidos como solicitante de asilo, Asilado, o Residente Permanente Legal que obtuvo ese estatus basándose en estatus de Asilo” (PDF, 45 KB)(en inglés) 


>> Permiso de Reingreso

Los residentes permanentes o condicionales deben solicitar un permiso de reingreso si desean salir de Estados unidos por un año o más. Mientras el permiso de reingreso sea válido, se le permitirá solicitar admisión a Estados Unidos sin tener que obtener previamente una visa de reingreso a través de la embajada o el consulado de EE.UU. Vea la página del Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje, para obtener información sobre cómo solicitar este permiso.


>> Documento para Transporte

Si actualmente está en Estados Unidos, tiene disponible inmediatamente una visa de inmigrante en las categorías de EB-1, EB-2, y EB-3, y cumple con ciertos otros Los documentos para transporte permiten a las líneas aéreas u otros medios de transporte abordar a residentes permanentes que han estado fuera de Estados Unidos temporalmente y cuyas Tarjetas Verde o Permisos de Reingreso fueron robadas, extraviadas o destruidas. Si usted es residente permanente en esa situación, puede que presentar el Formulario I-131A. Para más información, vea el Formulario I-131A, Solicitud de Documento de Viaje (Documento de Transporte).



Fuente: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) 

https://www.inmigracionyvisas.com/a4419-Documentos-De-Viaje-En-Estados-Unidos.html

Obispos De Estados Unidos Critican La Detención Indefinida De Niños Inmigrantes

Por: Lisa Zengarini - Ciudad del Vaticano

Una medida “ilegal e inhumana”. Así es como los obispos estadounidenses definen la nueva regulación anunciada el 21 de agosto por el presidente Trump que permite la detención indefinida de las familias de inmigrantes irregulares con hijos. La medida, que deberá ser aprobada por un juez federal, tiene como objetivo abolir la norma contenida en el llamado “Acuerdo Flores”, que establece un máximo de 20 días de detención para las familias de inmigrantes irregulares, a menos que sus hijos menores de edad sean alojados en instalaciones apropiadas. 

La Legislación Vigente Establece Un Plazo Máximo De Detención De 20 Días

La nueva norma, por otra parte, permite la detención en cualquier centro hasta que los distintos tribunales se hayan pronunciado sobre las solicitudes de asilo, la puesta en libertad provisional o la posible expulsión de los migrantes. La iniciativa, que fue fuertemente apoyada por los republicanos, se basa en la convicción declarada de que la mayoría de las familias liberadas después de 20 días no se presentan en las diversas audiencias judiciales. Tesis no apoyada por los datos reales reportados por los medios de comunicación estadounidenses, según los cuales seis de cada siete familias liberadas aparecen en los tribunales. 

Consecuencias Para Los Niños Inmigrantes

Para los obispos, esta disposición tendrá “consecuencias desgarradoras” para los niños inmigrantes, los más vulnerables entre los migrantes dijo Mons. Joe Vásquez, obispo de Austin y presidente de la Comisión para la Migración de la Conferencia Episcopal (Usccb). Es un intento de “eludir las obligaciones existentes que socavan la protección de estos niños”, denuncia el prelado en una nota. “El reglamento pondrá en peligro el bienestar y el trato humano de los niños migrantes bajo custodia federal y les causará un sufrimiento duradero”. De ahí la firme oposición de los obispos: “Muchos niños se verán perjudicados por esta nueva regla y esto es simplemente inaceptable”, concluye la nota. 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos también se opuso a esta regla cuando fue propuesta inicialmente por el DHS y el HHS al presentar comentarios detallando las preocupaciones con respecto a la regla e instando a que fuera rescindida. 

En el sitio web de Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (http://www.usccb.org) se encuentra el comunicado de prensa que dice:

El obispo Joe S. Vásquez de Austin, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), condenó la regla final publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en relación con el cuidado y la custodia de niños inmigrantes en virtud del Acuerdo de Conciliación de Flores. El acuerdo establece principios fundamentales y protecciones críticas con respecto al cuidado, la custodia y la liberación de los niños inmigrantes que se encuentran bajo custodia federal, incluidos los requisitos generales de que se alojen en el entorno menos restrictivo y en instalaciones autorizadas para el cuidado de niños. La regla socavará drásticamente las protecciones existentes de Flores para niños inmigrantes bajo custodia federal.

"Esta regla tendrá consecuencias desgarradoras para los niños inmigrantes, aquellos a quienes el Papa Francisco ha considerado "el grupo más vulnerable" entre los migrantes", dijo Vásquez. “Es un intento de la Administración de eludir las obligaciones existentes y socavar las protecciones críticas para estos niños. Esta regla pondrá en peligro el bienestar y el trato humano de los niños inmigrantes bajo custodia federal y dará como resultado que los niños sufran consecuencias duraderas de ser detenidos por períodos prolongados en detención familiar. Nos oponemos a esta regla que creemos que es ilegal e inhumana. Innumerables niños se verán perjudicados por esta nueva regla y esto simplemente no es aceptable". 



Fuente: www.vaticannews.va - Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos www.usccb.org 

 

https://www.inmigracionyvisas.com/a4418-Obispos-Critican-La-Detencion-Indefinida-de-inmigrantes.html

What We Know About The Harms Of Public Charge So Far

By Emily Ruskin, UnidosUS Immigration Policy Analyst

On August 14, the Department of Homeland Security (DHS) published a final rule on public charge, effective October 15. The rule broadens the ‘public charge test’ immigration officials use to determine who qualifies for a green card (Lawful Permanent Resident status, LPR) or extensions to certain visa classes. The rule expands criteria which count against eligible immigrants in their applications, including having a critical health condition, one’s age, or accessing public benefits, such as Medicaid or SNAP (foods stamps). In essence, the new rule creates a wealth test to block low-income immigrants from obtaining green cards. 

This is by design; according to the Washington Post, Trump aide Stephen Miller “views the public charge rule as vital to his goal of reducing immigration, and he has told colleagues it will have ‘socially transformative effects’ on American society.” UnidosUS warned of the administration’s racially charged shadow war on immigrant families in 2018. 

The magnitude of the rule’s impact is still uncertain. A DHS analysis estimates the final rule will directly impact between 230,000 and 300,000 people in immigrant households due to forgoing or disenrolling from necessary public benefits. Still, the impacts could be broader: the rule gives case officers wide discretion to deny a green card application if they find the applicant “likely” to become a public charge in the future. The chill that criteria as vague and subjective as “likely” casts on immigrant communities will cause pervasive, indirect harm, and DHS knows it. The agency acknowledges the new rule could lead to worse health outcomes, increased rates of poverty and housing instability, and reduced productivity and educational attainment across the country, but does not estimate how far the chilling and spillover effects might reach. DHS’s analysis of the rule also omits the rule’s estimated economic impacts. Perhaps this is because the Fiscal Policy Institute estimates the ripple effects of the rule change could cost the American economy up to $33 billion and 230,000 jobs. 

Nay-sayers may minimize the threat of public charge, pointing to earlier, harsher drafts as evidence that the final rule will have a limited impact. Given the chilling effects mentioned above however, many American children are at risk of losing critical supports: Medicaid/CHIP and SNAP are necessary lifelines for more than nine million U.S. born children in immigrant families. Pediatricians from Harvard warn the spill-over effects of public charge could prevent up to two million children with chronic illnesses and special health needs from receiving the care and nutrition they need; the doctors predict this could cause avoidable lifelong disabilities and even child deaths. The harm to children under public charge is part of a larger assault on nearly six million U.S. citizen children in immigrant families, which UnidosUS exposed in a March 2019 report. 

Historical data back these fears. Following the Welfare Reform Act of 1996, immigrant enrollment in public assistance programs dropped drastically—between 20 and 60%, depending on the program—despite most immigrants remaining eligible for benefits. Confusion and fear were so widespread that U.S. citizen enrollments also dropped 14%. Indeed, chilling effects became so dire, the federal government issued tri-agency guidance to state governments in 2000 to reverse some of the damage. These chilling effects are well documented; in fact, they are published on the U.S. Department of Health and Human Services website. To resurrect such a damaging policy despite robust evidence of its harm indicates that indeed, the harm is intentional. 

Early reports of chilling effects before the final rule was published already suggest the new rule poses a threat to millions of Americans and their families, especially low-income households and people of color. Evidence of chilling effects are especially clear in programs which are explicitly exempt from public charge, such as programs for children. Below are some examples of how the fear and confusion surrounding public charge are already harming families across the United States. 

Negative Health Impacts
  • Health Care: Since the announcement of the proposed rule in 2018, researchers have observed drops in Medicaid and CHIP enrollments. Georgetown University’s Center for Children and Families found that more than 800,000 (or 2%) fewer children were enrolled in Medicaid and CHIP at the end of 2018 than in 2017. Child enrollments have only declined once since 2000, and in fact were up 5% in 2017. While there may be other contributing factors to changes in enrollments, such a steep reversal defies nearly two decades of trends. For now, state-funded health insurance is exempt from public charge. All the same, in 2019, Covered California—the state’s health exchange marketplace—reported disenrollment by members of households where English is not the primary language between 28 to 46%. Enrollment for English speakers dropped only 22% in that same time frame.
  • Nutrition: The American Public Health Association noted a 10% drop in eligible immigrant SNAP enrollments nationwide in 2018. The outlook is made grimmer by a March 2019 study, which found that drops in SNAP are rising concurrently with an increase in child food insecurity in the United States, especially in immigrant families. At the local government level, New York City saw a nearly 14% drop in Hispanic immigrant enrollments in SNAP from 2018 to 2019, and a 6.4% drop in Hispanic U.S. citizen enrollments in SNAP. There are also anecdotal reports that immigrants are avoiding food banks out of fear. Despite being completely exempt from public charge, agencies in at least 18 states are reporting drops in participation in the federal nutrition program for women, infants, and children (WIC), some by as much as 20%.

Other Negative Impacts
  • Education: Free and reduced-price school lunch programs are also exempt from public charge, but some immigrant families are still fearful. Not only do students who disenroll miss out on critical nutrition for their development, schools miss out on critical funding. Schools rely on free and reduced lunch enrollment counts for Tile I federal funds: dropping headcounts mean dropping dollars, as a school in Baltimore learned. At the higher education level, U.S. citizen children in immigrant families are afraid to apply for financial aid for fear it might risk their loved ones’ immigration status. As a bitter irony, the unaided cost is deterring some children in immigrant families from pursuing college degrees, which are widely understood to be key components of the “bootstraps” by which Acting USCIS Director Ken Cuccinelli would have immigrants and their families pull themselves up.
  • Survey results: Researchers at the University of California, San Diego conducted surveys of undocumented immigrants living in the United States before the final rule was published. Respondents with U.S. citizen children were 10% less likely to seek preventive health care services for their children when they were told about proposed changes to the public charge rule. In a 2019 Urban Institute survey, one in seven immigrant adults polled reported they avoided public benefits in 2018. In Hispanic immigrant families and families with children, closer to one in five respondents avoided benefits in 2018.

Critics of public benefits who favor welfare ‘reform’ may tout dropping enrollments as a success. It is hard to imagine a ‘successful’ policy that actively, knowingly harms children. Today, we fancy such callousness to be a relic of a Dickensian past—an old man in a dressing gown, cursing those who cannot afford to live to hurry up and die, “and decrease the surplus population.” But in 2019, it is very much our present, and if we do not stop this rule now, we also risk our nation’s future. 
The lengths that this Administration will go to instill fear and chaos in our community has no bounds. The puts American children living in mixed-immigration status at risk. Everyone should fight this unjust, bigoted, and counterproductive regulation.
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Source: www.blog.unidosus.org 
https://www.inmigracionyvisas.com/a4417-the-harms-of-public-charge-in-United-States.html