Miles de venezolanos han sido víctimas de “malos tratos y torturas a críticos del gobierno y sus familiares, violencia sexual, muertes y desapariciones forzadas” bajo el régimen ilegítimo de Maduro, según un informe de la ONU publicado el 5 de julio.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo al presentar el informe que las instituciones esenciales y el estado de Derecho en Venezuela están profundamente erosionados. Bachelet destacó que las comunidades indígenas están siendo explotadas en condiciones de esclavitud para extraer ilegalmente oro.
A continuación el informe de la ONU
GINEBRA (4 de julio de 2019) – Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado hoy insta al Gobierno de Venezuela a que adopte de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles y políticos que se han documentado en el país.
El informe del ACNUDH advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, realizadas en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales del ACNUDH permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet.
“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales e impartir justicia a las víctimas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.
En el informe se detalla la militarización constante de las instituciones del Estado. Tanto a civiles como a militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Los grupos paramilitares progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. El ACNUDH documentó 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido anormalmente elevada, según señala el informe. En 2018 el gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron ejecutadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
El informe indica también que hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de inmunidad parlamentaria.
Aunque la Alta Comisionada aplaudió la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.
En el informe se hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a remedios judiciales.
“Son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan. “La oficina del Fiscal General casi nunca cumple su obligación de investigar y procesar a los responsables y el Defensor del Pueblo guarda silencio ante las violaciones de derechos humanos”.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el ámbito de los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de entidades de prensa y la detención de periodistas independientes. “En los últimos años, el gobierno ha tratado de instaurar su hegemonía en materia de comunicación, mediante la imposición de su propia versión de los hechos y la creación de un contexto que socava a los medios independientes”.
Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis. Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de población carecen de acceso a la distribución de comida y los entrevistados acusaron a las autoridades de excluirlos porque no eran partidarios del Gobierno.
La situación sanitaria del país es terrible: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la crisis humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. “Las actividades mineras, especialmente en Amazonas y Bolívar, …han acarreado violaciones de algunos derechos colectivos, entre ellos los derechos a preservar las costumbres, los medios de vida tradicionales y el vínculo espiritual con la tierra”, señala el documento.
En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por el ACNUDH.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, libre del miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.
“En Caracas, un sacerdote católico me dijo: ‘Esto no es un asunto de política, sino del sufrimiento de la población’ –y ese es también el objetivo de este informe, que trata de dar voz a las víctimas y poner de relieve los múltiples obstáculos que impiden la realización de los derechos humanos a los que cada venezolano tiene derecho”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina sigue dispuesta a seguir aportando su esfuerzo”.
Bachelet destacó que las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo demuestran que los indicadores económicos clave comenzaron a declinar mucho antes de agosto de 2017, cuando comenzaron las sanciones extranjeras.
“Una de las estadísticas más perturbadoras” en el informe, indicó la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Morgan Ortagus, “es que las Fuerzas de Acciones Especiales del ex régimen de Maduro mataron por lo menos a 5.287 personas en 2018 y, como mínimo, otras 1.569 hasta el mes de mayo de 2019”.
Anunció que el organismo de prevención de la tortura de la ONU visitará los centros de detención de Venezuela en respuesta a las conclusiones del informe.
Ortagus instó a la comunidad internacional a reconocer formalmente al presidente interino Juan Guaidó y a que “retiren todo apoyo al control de facto del poder del ex régimen de Maduro” a la luz que arroja el informe de la comisionada de Derechos Humanos.
El miércoles 10 de Julio en el Capitolio, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos oyeron el desgarrador testimonio de una madre guatemalteca cuya pequeña hija murió tras haberse enfermado en una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cerca de la frontera de Estados Unidos con México.
Yazmin Juárez afirma que su hija de 18 meses de edad, llamada Mariee, estaba sana cuando la trajo a Estados Unidos en el mes de marzo en procura de asilo político. Pero una semana después de que ambas fueran encarceladas en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, la niña comenzó a tener tos, diarrea, vómitos y una fiebre que alcanzaba los 40º C. Juárez afirma que su hija recibió atención médica inadecuada en una clínica instalada en el gimnasio del centro de detención.
Tras ser liberadas, Juárez llevó rápidamente a su hija a un servicio de emergencia. La niña estuvo hospitalizada durante seis semanas antes de morir a causa de complicaciones derivadas de una grave infección en el pulmón.
Yazmin Juárez dijo: “Toda la ardua labor que llevaron adelante estos doctores llegó demasiado tarde. Mi Mariee murió el Día de la Madre, el día en que en mi ciudad, en mi país, celebramos el Día de la Madre. Al abandonar el hospital ese día, todo lo que llevaba conmigo era un trozo de papel con la impresión de las manos de Mariee en tinta rosada que el personal había hecho para mí. Eso es todo lo que me quedó, la impresión de sus manos. Las enfermeras lo habían hecho el día anterior como regalo del Día de la Madre”.
Juárez entabló una demanda judicial por 60 millones de dólares contra Estados Unidos por la muerte por negligencia de su hija Mariee. La menor es una de los siete niños que han muerto el último año bajo custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses o poco después de su liberación. Antes del año pasado, ningún niño había muerto bajo custodia de autoridades de inmigración en Estados Unidos por más de una década.
Mientras tanto, el medio de comunicación Mother Jones informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inauguró tres nuevas cárceles para inmigrantes en lo que se conoce como el sur profundo del país, como parte de un intento por eludir el límite impuesto por el Congreso en cuanto a la cantidad de personas que pueden estar bajo detención migratoria en Estados Unidos.
Entre los nuevos centros de detención se encuentra el Centro Correccional del Condado de Adams, una prisión del estado de Misisipi operada por la corporación penitenciaria con fines de lucro CoreCivic. Dicho centro ha dado lugar a diversos informes en los que se denuncia una inadecuada atención médica, maltrato por parte del personal y comida en mal estado. En 2012, en este centro de detención hubo una revuelta carcelaria que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un guardia. Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas alberga en sus prisiones a aproximadamente 54.000 personas, lo que constituye un récord histórico y sobrepasa el número límite de aproximadamente 40.000 personas establecido por el Congreso.
After months of speculation, theSupreme Court agreedto review three cases challenging the Trump administration’s decision to end Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). The Court is expected to issue its decision by June 2020, coming in the midst of the presidential race. In the meantime, current DACA recipients remain eligible to submit their renewal applications.
Even if the Supreme Court rules against the Trump administration, a long-term solution for Dreamers would not be provided. It would only restore the situation to the status quo before the Trump administration ended DACA, leaving many young people with lapsed or no protections.
The cases reached the Supreme Court after the Department of Justice filed a special request for “certiorari before judgement,” which skips waiting on a federal appeals courts decision and requests to be heard by the Court. In total, four appeals courts have heard arguments on whether President Trump went through the proper procedure before ending DACA. Both the Ninth Circuit and the Fourth Circuit held that Trump’s decision to end DACA was improper. Decisions are still pending in the Second Circuit and D.C. Circuit.
Currently, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is required to continue accepting and processing DACA renewal applications. Those who are currently granted renewals will continue to receive protection from deportation and work permits, unless the Supreme Court issues a decision otherwise.
What does the Court’s future decision mean for DACA recipients? For most, continued and distressing uncertainty.
If the Court rules in the Trump administration’s favor, nearly 700,000 DACA recipients would be left without permits to work legally and will be at risk of deportation. As a result, DACA recipients are left to wonder what their status will be in the future.
DACA recipients are not the only ones that hope for an opportunity to stay in the country that they call home. In June, the House of Representatives took the opportunity to put forward definitive answers for the future of DACA bypassing the American Dream and Promise Act.This bill provides a path to citizenship for DACA recipients, as well as those with Temporary Protected Status and protections under Deferred Enforced Departure.
The Supreme Court’s decision to take up the DACA cases emphasizes that Dreamers can no longer wait for more court decisions granting temporary relief of deportation. For them, hopes for a permanent solution currently lie in the hands of Congress. As polls show, thevast majorityof Americans support Dreamers and want to give them an opportunity to continue topositively impactthe country. That is why a long-term solution for Dreamers and others who live in insecurityis way past due.
Un informe de la cadena de noticias NBC da a conocer nuevas denuncias de maltrato y violencia sexual padecidos por menores migrantes en un centro de detención de Yuma, Arizona. En casi 30 testimonios recopilados por personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos a cargo de los casos, los menores se quejaron de pasar hambre, de tener que dormir en pisos de cemento o a la intemperie y de falta de acceso a instalaciones sanitarias básicas. Una joven de 15 años de edad declaró que un agente la había manoseado por debajo de la ropa en lo que supuestamente era un cacheo de rutina y que había bromeado con otros agentes mientras la hacía pasar por esa horrible experiencia.
El Gobierno de Donald Trump ha desmentido informes de abusos contra migrantes detenidos a pesar de las recientes visitas de congresistas a cárceles de migrantes y de las numerosas denuncias sobre abusos registradas por peritos judiciales y otros expertos. Trump sostuvo que los migrantes estaban “muy felices” y el secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que las denuncias “no han sido corroboradas”. Legisladores demócratas convocaron a McAleenan para que brinde declaraciones acerca de las condiciones que enfrentan los migrantes encarcelados.
Por otra parte, un reciente informe de los periódicos The New York Times y El Paso Times detalla las pésimas condiciones que se viven actualmente en la estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, donde cientos de menores migrantes se encuentran detenidos sin acceso a suficientes alimentos, agua, instalaciones sanitarias, camas o atención médica adecuada.
Agentes fronterizos denunciaron la propagación de “brotes de sarna, herpes y varicela” entre los menores. Un miembro del personal sostuvo que se le había ordenado sacar las camas de los menores para hacer más espacio en las superpobladas celdas. El centro de detención ha sido descrito por un experto que las visitó como una “cárcel de menores”.
Las visas para turismo pueden tramitarse ante cualquierRepresentación Consular de la República Argentina. El plazo de permanencia autorizado para este tipo de visa es de hasta noventa (90) días. El trámite es personal, y el solicitante deberá presentar la siguiente documentación (en original y copia) ante el Consulado correspondiente:
Requisitos:
Pasaporte válido con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de ingreso al país, y al menos una hoja (dos carillas) en blanco disponible.
Dos (2) fotografías actuales 4x4cm, de frente, a color, fondo blanco.
Formulario de solicitud de visa completo (preferentemente en forma electrónica) y firmado por el solicitante.
Constancia de solvencia económica (Por ejemplo, últimos recibos de haberes, último resumen de tarjeta de crédito o último resumen de cuenta bancaria).
Reserva de pasaje de ida y vuelta (se recomienda no adquirir los pasajes hasta tanto la visa no haya sido otorgada).
Reserva hotelera e itinerario turístico.
En caso de no contar con reserva hotelera, y si mediara invitación de persona física, una carta de invitación.
Pago del arancel consular: $150 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación).
Entrevista consular.
La enumeración precedente no es taxativa y la autoridad consular podrá requerir documentación supletoria o adicional, según lo estime pertinente.
EL SÓLO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS NO GARANTIZA EL OTORGAMIENTO DE LA VISA, SIENDO ESTA UNA PRERROGATIVA EXCLUSIVA DEL ESTADO ARGENTINO
Cómo se hace:
Para iniciar el trámite de visa, deberá tomar contacto con la Representación Consular correspondiente a fin de concertar una cita y coordinar la presentación de la documentación.
Observaciones:
La información aquí disponible no es aplicable a ciudadanos de la República Popular China, a quienes se aplican requisitos diferenciales en virtud de un acuerdo internacional vigente en la materia.
Las visas para negocios pueden tramitarse ante cualquierRepresentación Consular de la República Argentina. El plazo de permanencia autorizado para este tipo de visa es de hasta sesenta (60) días. El trámite es personal, y el solicitante deberá presentar la siguiente documentación (en original y copia) ante el Consulado correspondiente.
Requisitos:
Pasaporte válido con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de ingreso al país, y al menos una hoja (dos carillas) en blanco disponible.
Dos (2) fotografías actuales 4x4cm, de frente, a color, fondo blanco.
Formulario de solicitud de visa completo (preferentemente en forma electrónica) y firmado por el solicitante.
Carta de invitación del invitante en la República Argentina.
Constancia que acredite la actividad comercial/laboral desarrollada en el país de origen (por ejemplo, constancia de trabajo con membrete de la compañía).
Reserva de pasaje de ida y vuelta (es recomendable no adquirir los pasajes hasta tanto la visa no haya sido otorgada).
Reserva hotelera o comprobante de alojamiento en la República Argentina.
Pago del arancel consular: $200 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación).
Entrevista consular.
La enumeración precedente no es taxativa y la autoridad consular podrá requerir documentación supletoria o adicional, según lo estime pertinente. El sólo cumplimiento de los requisitos mencionados no garantiza el otorgamiento de la visa, siendo esta una prerrogativa exclusiva del estado argentino
Cómo se hace:
Para iniciar el trámite de visa, deberá tomar contacto con laRepresentación Consularcorrespondiente a fin de concertar una cita y coordinar la presentación de la documentación.
El solicitante deberá presentar la siguiente documentación (en original y copia) ante el Consulado correspondiente:
Pasaporte válido con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de ingreso al país, y al menos una hoja (dos carillas) en blanco disponible.
Dos (2) fotografías actuales 4x4cm, de frente, a color, fondo blanco.
Formulario de solicitud de visa completo (preferentemente en forma electrónica) y firmado por el solicitante.
Precarga electrónica de datos efectuada por la casa de estudios, debidamente inscripta en RENURE. En caso de no encontrarse el invitante inscripto en RENURE, se agradecerá comunicarse al (54-11) 4317-0200/0303/0337 a fin de efectivizar la inscripción.
Acreditación de medios económicos suficientes para solventar estadía y estudios (la autoridad consular podrá requerir resumen de cuenta bancaria, tarjetas de crédito u otro) .
En caso de viajeros con 16 años cumplidos, certificado de antecedentes penales apostillado o legalizado, emitido por la autoridad competente de los países donde haya residido por más de 1 año durante los últimos 3 años.
En caso de viajeros con 16 años cumplidos, compromiso de decir la verdad o declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países, suscrita ante el cónsul.
Pago del arancel consular: $250 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación) .
Entrevista consular.
Costo:
Arancel consular: $250 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación)
Observaciones:
La enumeración precedente no es taxativa y la autoridad consular podrá requerir documentación supletoria o adicional, según lo estime pertinente.
EL SÓLO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS NO GARANTIZA EL OTORGAMIENTO DE LA VISA, SIENDO ESTA UNA PRERROGATIVA EXCLUSIVA DEL ESTADO ARGENTINO.
Para iniciar el trámite de visa, deberá tomar contacto con laRepresentación Consularcorrespondiente a fin de concertar una cita y coordinar la presentación de la documentación.
Visa De Estudiante - Estudios No Formales, Intercambio Cultural, Pasantías Y Estudios Parciales
Las visas para estudios no formales deben tramitarse ante laRepresentación Consular de la República Argentinaindicada en elpermiso de ingresoemitido por la Dirección Nacional de Migraciones. No se podrá dar curso a solicitudes de visa sin la previa emisión del mencionado permiso de ingreso. El trámite es personal.
Requisitos:
El solicitante deberá presentar la siguiente documentación (en original y copia) ante el Consulado correspondiente:
Pasaporte válido con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de ingreso al país, y al menos una hoja (dos carillas) en blanco disponible.
Dos (2) fotografías actuales 4x4cm, de frente, a color, fondo blanco.
Formulario de solicitud de visa completo (preferentemente en forma electrónica) y firmado por el solicitante.
Acreditación de medios económicos suficientes para solventar estadía y estudios (la autoridad consular podrá requerir resumen de cuenta bancaria, tarjetas de crédito u otro) .
Para estadías que superen los seis (6) meses, y en caso de viajeros con 16 años cumplidos, certificado de antecedentes penales apostillado o legalizado, emitido por la autoridad competente de los países donde haya residido por más de 1 año durante los últimos 3 años.
Para estadías que superen los seis (6) meses, y en caso de viajeros con 16 años cumplidos, compromiso de decir la verdad o declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países, suscrita ante el cónsul.
Pago del arancel consular: $150 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación) .
Entrevista consular.
Costo:
Arancel consular: $150 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación)
Observaciones:
La enumeración precedente no es taxativa y la autoridad consular podrá requerir documentación supletoria o adicional, según lo estime pertinente.
EL SÓLO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS NO GARANTIZA EL OTORGAMIENTO DE LA VISA, SIENDO ESTA UNA PRERROGATIVA EXCLUSIVA DEL ESTADO ARGENTINO.
Para iniciar el trámite de visa, deberá tomar contacto con laRepresentación Consularcorrespondiente a fin de concertar una cita y coordinar la presentación de la documentación.
El solicitante deberá presentar la siguiente documentación (en original y copia) ante el Consulado correspondiente:
Pasaporte válido con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de ingreso al país, y al menos una hoja (dos carillas) en blanco disponible.
Dos (2) fotografías actuales 4x4cm, de frente, a color, fondo blanco.
Formulario de solicitud de visa completo (preferentemente en forma electrónica) y firmado por el solicitante.
Constancia de residencia habitual en la jurisdicción del Consulado (mediante presentación de boleta de servicios u otra documentación probatoria).
Certificado de antecedentes penales apostillado o legalizado, emitido por la autoridad competente de los países donde haya residido por más de 1 año durante los últimos 3 años.
Compromiso de decir la verdad o Declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países, suscrita ante el cónsul.
Contrato laboral suscrito por el empleador, en el cual conste el número de inscripción en RENURE de la entidad contratante, con firma de su representante certificada por escribano público argentino y legalizada por Colegio de Escribanos correspondiente. El solicitante del visado deberá firmar dicho contrato ante el cónsul. En caso de no encontrarse el invitante inscripto en RENURE, se agradecerá comunicarse al (54-11) 4317-0200/0303/0337 a fin de efectivizar la inscripción.
Pago del arancel consular: $250 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación).
Entrevista consular.
Costo:
Arancel consular: $250 (Dólares estadounidenses o Euros, según la Representación Consular de tramitación, pagaderos en la moneda local donde se ubica la Representación)
Observaciones:
La enumeración precedente no es taxativa y la autoridad consular podrá requerir documentación supletoria o adicional, según lo estime pertinente.
EL SÓLO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS NO GARANTIZA EL OTORGAMIENTO DE LA VISA, SIENDO ESTA UNA PRERROGATIVA EXCLUSIVA DEL ESTADO ARGENTINO.
Para iniciar el trámite de visa, deberá tomar contacto con laRepresentación Consularcorrespondiente a fin de concertar una cita y coordinar la presentación de la documentación.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) celebran la adopción de una hoja de ruta que facilitará la integración de los refugiados y migrantes de Venezuela en la región.
La hoja de ruta fue adoptada durante la IV Reunión Técnica Internacional del Proceso de Quito, realizada el 4 y 5 de julio en Buenos Aires, Argentina. En la reunión, convocada por el Gobierno de Argentina, participaron representantes de 14 gobiernos de América Latina y el Caribe, así como de agencias de Naciones Unidas, cooperación internacional, organismos regionales, bancos de desarrollo y sociedad civil.
“El éxodo continuo de venezolanos supera y desborda las capacidades y recursos de los gobiernos de la región. Esto implica un reto inmediato para los países”, dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
Stein agregó: “El Proceso de Quito representa un espacio clave para la comunicación y la coordinación entre los Estados. Hay muchas buenas prácticas en la región y los gobiernos se benefician de las oportunidades de intercambio, articulación y armonización. Por tal razón, es crucial seguir ampliando y fortaleciendo la participación de los países de la región en este Proceso”.
En el encuentro se destacaron las acciones y los esfuerzos realizados por los países de la región no solo en materia de recepción, documentación y asistencia humanitaria, sino también en acceso a salud, educación, empleo, vivienda y otros aspectos que favorecen la integración de los refugiados y migrantes de Venezuela.
Mediante una declaración conjunta, los gobiernos acordaron, entre otros:
Reforzar la cooperación, comunicación y articulación entre los países de tránsito y destino de los venezolanos.
Fortalecer las medidas contra los delitos transnacionales, como el tráfico y la trata de personas, así como contra la violencia sexual y de género.
Combatir la discriminación y la xenofobia, asegurando la protección de los más vulnerables.
La Hoja de Ruta del Capítulo Buenos Aires, está compuesta por acciones específicas relacionadas con la convalidación de títulos académicos, la trata de personas, cobertura de atención en salud y otros.
Asimismo, la creación de centros de información, recepción, orientación y asistencia a refugiados y migrantes, una plataforma de orientación y de desarrollo del capital humano, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado.
La creación e implementación de una Tarjeta de Información sobre Movilidad Regional fue presentada como una de las prioridades para complementar y fortalecer los procesos de documentación y registro a nivel nacional ya existentes o en desarrollo.
Los gobiernos acordaron también promover la creación de un grupo de países e instituciones que colaborarán en la mitigación del impacto de la crisis en la región, movilizando recursos que apoyen la ejecución del Plan de Acción de Quito y de la Hoja de Ruta. ACNUR y OIM reiteran su apoyo a los países afectados por el flujo de venezolanos y hacen un llamado a la cooperación internacional a reforzar sus contribuciones para permitir la continuación de las actuales acciones y la implementación de los proyectos presentados en la reunión.
Según los datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo ha superado los 4 millones.
