Vacunar a personas refugiadas ayudará a poner fin a la pandemia

Compartimos la entrevista que el oficial sénior de salud pública de ACNUR Mike Woodman, dio al editor del sitio web global de ACNUR Tim Gaynor de la Sección de Salud Pública de ACNUR, donde explica cómo está trabajando la Organización para garantizar que se incluyan en los planes de vacunación y tratamiento frente a la COVID-19 aproximadamente a 80 millones de personas desplazadas por la fuerza entre las que se encuentran 29,6 millones de personas refugiadas.

¿Quién es responsable de vacunar a las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas?

Las autoridades nacionales son responsables de la respuesta de salud pública y de los esfuerzos de vacunación frente a la COVID-19. La coordinación de la entrega y administración de vacunas a la población refugiada y a otras personas de interés corresponderá a las autoridades nacionales de salud. Se puede solicitar a organizaciones nacionales e internacionales y asociados de la sociedad civil que presten su apoyo a estos esfuerzos.

¿Todos los gobiernos están comprometidos con la inclusión de las personas refugiadas en sus programas de vacunación?

ACNUR defiende constantemente a nivel nacional, regional y mundial la inclusión de personas refugiadas y otras personas de interés en las estrategias nacionales. A día de hoy, de los 90 países que están desarrollando actualmente estrategias nacionales de vacunación contra la COVID-19, el 57% (51 países) han incluido a la población refugiada en sus planes de vacunación.

Estamos participando en discusiones y procesos de toma de decisiones en el seno de COVAX, la iniciativa mundial para garantizar el acceso rápido y equitativo a vacunas contra la COVID-19 para todos los países.

¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias en caso de que las personas refugiadas no se incluyan en los planes nacionales de vacunación?...

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Buscan acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19

 

La pandemia de COVID-19, al igual que una costra que deja al descubierto una herida, ha expuesto la desigualdad y el racismo sistémico que existe en todo nuestro sistema de salud. Actualmente, la distribución de la tan necesitada vacuna contra la COVID-19 revela aún más las profundidades de la inequidad e inmoralidad constituyentes de nuestra economía globalizada.

Países ricos como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y los de la Unión Europea, están comprando por adelantado la mayor parte del suministro mundial de vacunas, acumulando una cantidad de dosis de tres a cinco veces mayor que la necesaria para inmunizar al total de sus poblaciones. Mientras tanto, miles de millones de personas en los países más pobres probablemente tendrán que esperar hasta el 2022 o más tarde para recibir una vacuna contra el coronavirus que podría salvar sus vidas.

Alianza vacunas para el pueblo, acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19

Para luchar contra este nacionalismo de las vacunas se ha formado la Alianza Vacunas para el Pueblo, una coalición mundial de organizaciones como Oxfam, UNAIDS y Amnistía Internacional, entre otras, que defienden el acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19. El sitio web de la Alianza declara: “A menos que se tomen medidas urgentes, en casi 70 países pobres solo se podrá vacunar una de cada diez personas contra la COVID-19 en 2021”. También afirma que “Las naciones ricas, que representan solo el 14 por ciento de la población mundial, han comprado hasta el momento el 53 por ciento de las dosis existentes de las vacunas más prometedoras”.

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