Compartimos la entrevista que el oficial sénior de salud pública de ACNUR Mike Woodman, dio al editor del sitio web global de ACNUR Tim Gaynor de la Sección de Salud Pública de ACNUR, donde explica cómo está trabajando la Organización para garantizar que se incluyan en los planes de vacunación y tratamiento frente a la COVID-19 aproximadamente a 80 millones de personas desplazadas por la fuerza entre las que se encuentran 29,6 millones de personas refugiadas.
¿Quién es responsable de vacunar a las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas?
Las autoridades nacionales son responsables de la respuesta de salud pública y de los esfuerzos de vacunación frente a la COVID-19. La coordinación de la entrega y administración de vacunas a la población refugiada y a otras personas de interés corresponderá a las autoridades nacionales de salud. Se puede solicitar a organizaciones nacionales e internacionales y asociados de la sociedad civil que presten su apoyo a estos esfuerzos.
¿Todos los gobiernos están comprometidos con la inclusión de las personas refugiadas en sus programas de vacunación?
ACNUR defiende constantemente a nivel nacional, regional y mundial la inclusión de personas refugiadas y otras personas de interés en las estrategias nacionales. A día de hoy, de los 90 países que están desarrollando actualmente estrategias nacionales de vacunación contra la COVID-19, el 57% (51 países) han incluido a la población refugiada en sus planes de vacunación.
Estamos participando en discusiones y procesos de toma de decisiones en el seno de COVAX, la iniciativa mundial para garantizar el acceso rápido y equitativo a vacunas contra la COVID-19 para todos los países.
¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias en caso de que las personas refugiadas no se incluyan en los planes nacionales de vacunación?...
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