Después de bloquear inicialmente la reciente medida de la administración Biden para promover la unidad familiar para algunos ciudadanos estadounidenses con cónyuges indocumentados en agosto, un juez federal en Texas emitió una sentencia final la semana pasada que pone fin al proceso de libertad condicional por completo. El juez J. Campbell Barker determinó que todo el concepto de "libertad condicional en el lugar" -la práctica de otorgar libertad condicional a no ciudadanos que ya están en Estados Unidos, que ha sido utilizada durante mucho tiempo por varias administraciones- no está autorizado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La orden del tribunal se produjo en una demanda interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros 15 estados liderados por republicanos, asesorados conjuntamente por el grupo de derecha America First Legal. Los demandantes presentaron la demanda menos de una semana después de que el DHS comenzara a aceptar solicitudes bajo el proceso de libertad condicional . La iniciativa Keeping Families Together (KFT) habría dado a ciertos cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses la oportunidad de solicitar la libertad condicional en virtud del artículo 212(d)(5) de la INA después de al menos 10 años de residencia en el país. Los hijastros solteros de ciudadanos estadounidenses que tuvieran menos de 21 años cuando se anunció el programa también serían elegibles.
En menos de tres meses, el tribunal de distrito emitió varias "suspensiones administrativas" del programa, asegurando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no pudiera decidir ninguna solicitud de libertad condicional. Mientras el caso estaba pendiente, el tribunal denegó una solicitud de intervención de las personas afectadas; permitió a las partes realizar un descubrimiento limitado sobre si Texas tenía legitimidad...
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