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miércoles, 22 de julio de 2026

Juez bloquea plan de Trump para retirar permisos de trabajo a beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo

 


¿Qué decidió el juez Gorton?

El martes 21 de julio de 2026, el juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, se puso del lado de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos que buscaban impedir que USCIS aplicara un conjunto de medidas destinadas a implementar nuevas restricciones migratorias aprobadas por el Congreso el año pasado.

Referencia geográfica

La orden es de carácter provisional: funciona como una pausa de emergencia (administrative stay) que congela la entrada en vigor de las políticas cuestionadas mientras el propio Gorton decide si concede una suspensión más prolongada. El juez adelantó que emitirá esa decisión antes del 5 de agosto de 2026.

Dato relevante
El caso se identifica formalmente como Venezuelan Association of Massachusetts et al. v. USCIS et al. y quedó radicado en Boston, una sede judicial frecuentemente elegida por litigantes que impugnan la agenda migratoria de la administración Trump.

Además de suspender parte de las restricciones relacionadas con las autorizaciones laborales, el juez Gorton determinó que, mientras el litigio continúa, USCIS no podrá imponer sanciones a quienes no paguen determinadas nuevas tarifas creadas por la legislación de 2025, al considerar que también forman parte del conflicto legal analizado por el tribunal.

No obstante, la orden no elimina por ahora dichas tarifas, sino que impide que la agencia penalice inmediatamente a quienes aún no las hayan pagado hasta que exista una decisión judicial más amplia.

Materiales y servicios jurídicos

La orden emitida por el tribunal de Boston no amplía la duración del TPS, no concede nuevas designaciones y no restablece automáticamente programas previamente terminados. Lo que hace es impedir, de forma provisional, que determinadas medidas relacionadas con los permisos de trabajo entren en vigor mientras el tribunal analiza si la administración actuó conforme a la ley.

El origen de la disputa: la ley fiscal de 2025

La controversia se remonta a la extensa ley de gasto público e impuestos aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025, conocida informalmente como la "One Big Beautiful Bill Act". Esa legislación introdujo, por primera vez, el cobro de tarifas para presentar solicitudes de asilo y acortó la vigencia de los permisos de trabajo otorgados bajo el Estatus de Protección Temporal.

Según los demandantes, USCIS aplicó esas disposiciones de forma retroactiva y sin abrir un período de comentario público, lo que en su opinión viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El resultado práctico habría sido que miles de beneficiarios de TPS provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su autorización de empleo a partir del miércoles 22 de julio de 2026, junto con cambios que también habrían facilitado el rechazo de solicitudes de asilo y la cancelación inmediata de los permisos de trabajo asociados a ellas.


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