El gobierno federal de Estados Unidos anunció esta semana una serie de medidas que restringen el acceso de inmigrantes indocumentados a varios programas sociales y servicios públicos financiados con fondos federales, marcando un giro significativo en la política migratoria del país.
Bajo la presidencia de Trump, los estadounidenses trabajadores ya no se verán obligados a asumir el costo de los beneficios para los inmigrantes ilegales.
Estas medidas, lideradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Trabajo (DOL) y el Departamento de Agricultura (USDA), reinterpretan una ley clave de 1996 para asegurar que los programas financiados por los contribuyentes estén "reservados para los ciudadanos estadounidenses y residentes legales y NO para los inmigrantes indocumentados
Programas Afectados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos
El HHS ha rescindido formalmente una interpretación de 1998 de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA), emitida durante la Administración Clinton, que extendía indebidamente ciertos beneficios públicos federales a los inmigrantes ilegales.
“Durante demasiado tiempo, el gobierno ha desviado el dinero de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro para incentivar la inmigración ilegal”, declaró el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr. “La medida de hoy cambia eso: restaura la integridad de los programas sociales federales, refuerza el estado de derecho y protege recursos vitales para el pueblo estadounidense”.
La nueva política aplica la definición en lenguaje sencillo de PRWORA de “beneficio público federal”, revierte exclusiones obsoletas, afirma que los programas que atienden a personas, hogares o familias están sujetos a restricciones de elegibilidad y aclara que ningún programa del HHS ha sido exento formalmente bajo las excepciones limitadas de PRWORA.
De acuerdo a esto el gobierno americano restringe el acceso a inmigrantes ilegales a 13 programas públicos adicionales, incluidos Head Start, becas, prohibición del acceso a Medicaid, préstamos para personal de salud, apoyo para la salud mental y el abuso de sustancias, planificación familiar y más.
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