Durante casi 15 años, los inmigrantes en Estados Unidos pudieron buscar atención médica, asistir a la escuela y acceder a otros servicios esenciales sin preocuparse demasiado por las autoridades migratorias en estos lugares. Todo esto cambió el primer día de la nueva administración Trump, cuando el secretario del Departamento de Seguridad Nacional revocó una política que limitaba la aplicación de las leyes migratorias federales en las llamadas zonas protegidas.
Emitida originalmente en 2011, esta política de larga data se amplió bajo la administración Biden e incluyó escuelas, centros de salud, lugares de culto, zonas de socorro en caso de desastre y otros lugares de servicios esenciales. Se ordenó a los agentes de inmigración limitar la aplicación de la ley en estas áreas protegidas y sus alrededores al máximo, con pocas excepciones.
La nueva política de la administración Trump elimina las limitaciones sobre dónde pueden llevarse a cabo acciones de cumplimiento de la ley migratoria y, en cambio, alienta a los funcionarios federales de inmigración a usar "una buena dosis de sentido común" para ejecutar acciones de cumplimiento donde sea necesario, incluidos los juzgados.
Al poner fin a la política de áreas protegidas, los inmigrantes y sus familias ahora enfrentan mayores temores y riesgos precisamente en los lugares donde son más vulnerables. Se sabe que estos cambios tienen un efecto disuasorio, lo que lleva a las personas a evitar el acceso a la atención médica, asistir a la escuela y participar en el culto, entre otras actividades.
Unas semanas después de la rescisión, algunas escuelas ya han experimentado una disminución en la asistencia de los estudiantes y los proveedores de atención médica que atienden a inmigrantes han documentado más citas perdidas
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