Desde tiempos ancestrales ha habido personas de distintas latitudes que se mueven de un sitio a otro de manera constante. En ocasiones se reubican en un nuevo lugar de residencia que bien puede ser temporal o permanente; dentro o fuera de su país. Algunas personas toman esta decisión de manera meditada y consciente, pero igualmente hay otras que, en casos extremos, se ven obligadas a dejar atrás sus vidas para estar a salvo de amenazas de diversos tipos.
Todas las personas –en situación de movilidad o no– tenemos derechos independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, sexo o género, origen étnico o nacional, color de piel, religión, idioma o cualquier otra circunstancia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, firmada por todos sus miembros incluyendo a México, reconoce las prerrogativas de cada persona, las cuales también están incluidas en nuestra Constitución Política.
El Estado mexicano tiene en este sentido una visión integral de los derechos humanos de nuestros connacionales y de las personas extranjeras radicadas en nuestro país, así como de las niñas, niños y adolescentes y otras poblaciones vulnerables en contexto de migración.
Uno de los cambios más importantes en materia de derechos humanos en México fue la Reforma Constitucional de 2011, en ella se reconoce que los derechos humanos son universales, que dependen unos de otros, que no se pueden separar, que ninguno tiene mayor peso que otro y que son progresivos.
Sin embargo, las personas en situación de movilidad están en riesgo de enfrentarse a diversas eventualidades o sus derechos humanos pueden ser violentados, ya sea durante su viaje o en la comunidad que las recibe. Además, pueden ser percibidas como diferentes, lo cual en ocasiones deriva en un trato injusto o discriminatorio. En este orden de ideas, las autoridades u otras personas pueden impedirles recibir servicios a los que todas y todos tenemos derecho, o hasta son susceptibles de sufrir actos de violencia.
El Estado mexicano tiene el compromiso de reducir estos riesgos y de garantizar el pleno respeto a sus derechos e integridad. Como parte de estos esfuerzos, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, desarrolla en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de los foros consultivos para contribuir a la construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos 2019-2024; reforzando el andamiaje legal e institucional en esta materia para así consolidar la visión de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.
https://www.inmigracionyvisas.com/a4436-Migrantes-Estan-Expuestos-A-Innumerables-Riesgos.html
