El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una orden de emergencia que permite al gobierno del presidente Trump reanudar la cancelación de la protección migratoria conocida como Temporary Protected Status (TPS) para más de 300,000 venezolanos que viven en EE. UU.
La orden suspende (pone en espera) una decisión previa de un tribunal inferior —un juez federal en San Francisco— que había bloqueado la eliminación de esas protecciones, mientras continúa el litigio en instancias inferiores.
La Suprema Corte dijo en su fallo que “el mismo resultado alcanzado en mayo es apropiado aquí”, haciendo referencia a una decisión anterior similar. De los nueve jueces, seis respaldaron la medida; tres disintieron. Ketanji Brown Jackson fue una de las jueces progresistas que criticaron el uso reiterado del “docket de emergencia” para permitir cambios abruptos sin justificación completa. ↑
Qué sigue judicialmente
El caso National TPS Alliance v. Noem continúa en el sistema judicial. Los tribunales de apelación deben emitir decisiones de fondo sobre la legalidad de la cancelación del TPS para venezolanos.
Es probable que los tribunales de apelación examinen si la administración cumplió los requisitos procedimentales para rescindir el TPS (notificación, justificación razonada, toma de comentarios públicos) y si la decisión discrecional estaba debidamente fundamentada.
Dependiendo de los fallos, es posible que el asunto llegue nuevamente a la Corte Suprema en una decisión definitiva que clarifique los límites de poder del ejecutivo en política migratoria
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