¿Qué significa “deportar a terceros países”?
En términos prácticos, se trata de expulsar a un migrante no hacia su país de nacionalidad, sino hacia otra nación que acepte recibirlo. Esta práctica se ha intentado justificar bajo acuerdos bilaterales o como mecanismo para reducir acumulación de casos en la frontera.
Sin embargo, el tribunal federal sostuvo que esta práctica no puede ejecutarse sin respetar el debido proceso, especialmente cuando existe riesgo de persecución, tortura o trato inhumano en el país receptor. ↑
¿Qué Pasó Exactamente? Una Explicación Clara de la Noticia
Para entender el contexto, retrocedamos un poco. Bajo la administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó una política que permitía deportar a inmigrantes irregulares –es decir, aquellos que entran sin documentos válidos o violan sus visas– no solo a su país de origen, sino a "terceros países" donde podrían no tener familia, idioma en común o incluso derechos básicos garantizados. Esto se basaba en acuerdos como los "países seguros terceros", similares al programa "Quédate en México" (Remain in Mexico), pero extendido a naciones como Guatemala, Honduras o incluso países africanos en algunos casos extremos.
El caso llegó a los tribunales gracias a demandas de inmigrantes afectados, quienes argumentaron que esta práctica viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de EE.UU., que exige que las deportaciones se realicen con "debido proceso" –es decir, notificación adecuada y oportunidad de objetar antes de ser enviados a un destino desconocido. El juez Murphy, en su fallo del 25 de febrero de 2026, coincidió con ellos: declaró la política ilegal porque no proporciona a los inmigrantes una "notificación significativa" ni la chance de impugnar la deportación a un tercer país. Para no causar un caos inmediato, suspendió su decisión por 15 días, dando tiempo al gobierno para apelar –un proceso que podría escalar hasta la Corte Suprema, donde ya hay precedentes mixtos sobre inmigración
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