El presidente Donald Trump solicitó el jueves 8 de mayo a la Corte Suprema que le permita poner fin al permiso humanitario, un programa que protege de la deportación a ciertos inmigrantes que huyen de la violencia o los desastres naturales en sus países de origen.
La solicitud presentada ante la Corte Suprema fue realizada por varias autoridades del gobierno de Estados Unidos entre ellos: Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Pete R. Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Kika Scott, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); y el presidente Donald Trump.
En términos generales la administración Trump ha argumentado que el programa es ilegal y que socava la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los defensores del programa dicen que es esencial para proteger a los inmigrantes vulnerables que enfrentarían daños graves si fueran deportados.
Antecedentes
Al asumir la presidencia en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con el programa. Sin embargo, en abril, la jueza federal Indira Talwani Suspendio la Terminación del Proceso de Permiso de Permanencia Temporal para Nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela , argumentando que la ley requiere evaluaciones caso por caso antes de revocar el estatus legal de los beneficiarios.
En respuesta, el procurador general John Sauer presentó la apelación ante la Corte Suprema, sosteniendo que la decisión de la jueza interfiere indebidamente con la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional y obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar su política migratoria.