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martes, 9 de junio de 2026

Juez Federal Anula la Tarifa de $100,000 para Visas H-1B Impuesta por Trump

 



Un juez federal anuló la controvertida tarifa de $100,000 para determinadas visas H-1B, al considerar que el gobierno excedió su autoridad al imponer un cobro que, según la corte, solo puede ser aprobado por el Congreso.


El fallo representa un importante revés para la administración Trump y un alivio para miles de empleadores que dependen de talento internacional altamente calificado para cubrir puestos en sectores clave como tecnología, salud, ingeniería e investigación científica.


¿Qué es la Visa H-1B y Quiénes la Usan?

La visa H-1B es una de las categorías de trabajo temporal más importantes del sistema migratorio estadounidense. Fue creada por el Congreso para permitir que empleadores contraten a profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren, como mínimo, el equivalente a una licenciatura universitaria en campos como tecnología, ingeniería, medicina, finanzas, arquitectura y educación.Los estados sostuvieron que usar el programa H-1B para cubrir vacantes de médicos, docentes y enfermeras ya era difícil antes de que la administración Trump anunciara la cuota de $100,000, y que la tarifa representaba una barrera prohibitiva especialmente para hospitales, escuelas y pequeñas empresas que no tienen los recursos de las grandes tecnológicas.

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¿Qué era la tarifa de $100,000 para las visas H-1B?

La medida fue anunciada en septiembre de 2025 como parte de una serie de cambios destinados a restringir la inmigración laboral, la administración Trump implementó esta medida mediante una proclama presidencial —no una ley del Congreso—. Bajo esta política, ciertos empleadores debían pagar una tarifa extraordinaria de $100,000 por cada nueva visa H-1B, un aumento sin precedentes respecto a los costos tradicionales del programa, que generalmente oscilan entre varios miles de dólares dependiendo del caso.

La administración argumentó que el objetivo era reducir la dependencia de trabajadores extranjeros y fomentar la contratación de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, críticos señalaron que la medida podía dificultar la contratación de profesionales especializados en sectores con escasez de talento, incluyendo:

  • Tecnología e inteligencia artificial.
  • Ingeniería.
  • Medicina y atención sanitaria.
  • Educación superior.
  • Investigación científica.
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¿Por qué el juez declaró ilegal la tarifa?

El juez Leo T. Sorokin, designado por el expresidente Barack Obama y con sede en el Distrito de Massachusetts (Boston), emitió un fallo sumario de 42 páginas en el que anuló la tarifa de $100,000 con argumentos legales contundentes:

"El presidente no tenía poder ni autoridad delegada para imponer un impuesto sobre las peticiones H-1B." — Juez Leo T. Sorokin, Distrito de Massachusetts, 8 de junio de 2026

Las dos razones principales del fallo


  • Solo el Congreso puede crear impuestosEl juez determinó que la tarifa de $100,000 es un impuesto, no una simple tasa administrativa, y que la Constitución y las leyes federales reservan esa facultad exclusivamente al Congreso. La ley federal de inmigración que Trump citó no incluía autorización para imponer gravámenes de esta naturaleza.

  • Violación de la Ley de Procedimiento Administrativo El ejecutivo también violó la Administrative Procedure Act (APA), que regula cómo las agencias federales elaboran y emiten reglamentos. La proclama presidencial no siguió el proceso reglamentario requerido para un cambio de política de esta magnitud.

"La corte concluye que la política impone un gravamen a las peticiones de visas H-1B sin la delegación necesaria por parte del Congreso." — Juez Leo T. Sorokin, Distrito de Massachusetts, 8 de junio de 2026

El fallo rechazó los argumentos de la administración de que el presidente tenía poder para implementar el requisito basándose en la ley federal de inmigración que le otorga margen para cambiar la política migratoria en otros aspectos. Según el juez, en ninguna parte de esas leyes el Congreso le dio al presidente el poder de imponer impuestos en el ámbito migratorio.


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