El 27 de junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron una norma interina que acelera la imposición de multas civiles a inmigrantes que ingresaron o permanecen en EE.UU. sin autorización legal.
Bajo este nuevo sistema los oficiales de inmigración podrían imponer multas de millones de dólares a ciertos inmigrantes indocumentados, poniéndolos en riesgo no solo de deportación sino de una abrumadora deuda financiera. Este nuevo procedimiento está diseñado para reducir el debido proceso disponible para las personas que enfrentan posibles multas. Ahora, los oficiales individuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueden enviar cartas imponiendo tarifas a los inmigrantes, y si estos no responden en un plazo de 15 días hábiles, se eliminaría todo derecho a apelar.
Origen de las Multas y su Escasa Aplicación Pasada
En 1996, como parte de una ley más amplia de "mano dura con la inmigración", el Congreso permitió a los oficiales de inmigración imponer sanciones monetarias civiles crecientes a algunos inmigrantes indocumentados. La tarifa más significativa añadida por la ley impuso una multa diaria de $500 a cualquier persona que no saliera después de haber recibido una orden de deportación o de aceptar la "salida voluntaria". Tras ajustes periódicos por inflación, esta tarifa asciende ahora a $998 por día, o $364,270 al año.
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