El 29 de julio, un evento significativo sacudió el panorama político de Carolina del Norte: la Asamblea General anuló el veto del gobernador Josh Stein a la ley conocida como HB 318. Esta acción ha revivido una legislación altamente polémica y ha reavivado un debate candente sobre la política migratoria y los derechos de los inmigrantes en el estado. Con esta acción, la legislación, que ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos civiles y defensores de inmigrantes, entrará oficialmente en vigor, marcando un momento decisivo en la política migratoria del estado sureño.
El gobernador demócrata Josh Stein, quien asumió el cargo en enero de 2024, vetó la HB-318 el mes pasado, calificándola de “divisiva, innecesaria y contraria a los valores de Carolina del Norte”. En su mensaje de veto, Stein argumentó que la ley podría socavar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, disuadiendo a víctimas o testigos de denunciar delitos por temor a la deportación. Además argumentó que tribunales federales previos han determinado que las autoridades locales no pueden detener a una persona solo por sospechas migratorias.
“Esta ley no hace más seguros a nuestros vecindarios. Al contrario, pone en riesgo a familias enteras y erosiona la seguridad pública”, afirmó Stein en un comunicado.
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