El lunes 18 de mayo de 2026, la Brookings Institution publicó un informe que deja sin argumentos a quienes sostienen que las políticas migratorias de la administración Trump no afectan a ciudadanos estadounidenses. El estudio, elaborado por la investigadora Maria Cancian, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, estima que al menos 146.635 niños con ciudadanía estadounidense han vivido la detención de uno de sus padres desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
El número es contundente y perturbador. Pero el dato que más golpea es otro: más de 22.000 de esos niños vieron detenidos a ambos progenitores con quienes convivían, quedando de facto solos o al cuidado de familiares en situaciones igualmente precarias.
¿Cómo construyó Brookings estos datos?
La metodología del informe merece atención. Ante la ausencia de registros oficiales completos por parte del gobierno federal —el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo reportó 18.277 padres detenidos con hijos ciudadanos durante el año fiscal 2025, una cifra que los investigadores califican de "subestimación sustancial"— Brookings recurrió a la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey), cruzando datos demográficos de los detenidos con perfiles poblacionales representativos.
A partir de esas estimaciones, tomando como base las aproximadamente 400.000 detenciones realizadas entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026, el informe proyecta que el número total de hijos afectados por las detenciones se eleva a cerca de 205.000 menores, de los cuales alrededor de 145.000 son ciudadanos estadounidenses.
▸ Nacionalidad de los padres detenidos — % del total
Fuente: Brookings Institution — Detention Data Project, 2026
Los menores más pequeños, los más afectados
El informe desglosa la edad de los niños afectados y los datos son especialmente alarmantes para la primera infancia. El 36,5 % de los menores tiene menos de seis años; otro 36,1 % tiene entre seis y doce años. El tercio restante son adolescentes de entre 13 y 17 años. En términos prácticos, más de dos tercios de estos niños —los más dependientes emocionalmente de sus padres— se encuentran en una etapa crítica de desarrollo cuando ocurre la separación.
El informe también revela una distribución geográfica marcada. Washington D.C. y Texas concentran la mayor proporción de niños ciudadanos estadounidenses con al menos un progenitor detenido, con más de cinco casos por cada mil menores en esas jurisdicciones. Ambas zonas comparten una presencia históricamente alta de comunidades migrantes latinoamericanas y han sido escenario de numerosas redadas documentadas. ↑
El agujero negro de los datos: ¿qué pasa con esos niños?
Una de las advertencias más graves del informe es la ausencia total de registros sistemáticos sobre el destino de los menores una vez que sus padres son arrestados. El reglamento del ICE sobre Padres Detenidos —actualizado en julio de 2025— exige a los agentes que pregunten explícitamente sobre la condición de padre o madre de los detenidos. Sin embargo, el estudio documenta que en muchos casos esa pregunta no se formula, y que numerosos migrantes evitan mencionar a sus hijos voluntariamente por temor a consecuencias legales o a que los menores sean entregados al sistema de bienestar infantil estatal.
La ausencia de datos coherentes y exhaustivos oculta la verdadera magnitud del impacto. En muchos de estos casos, el gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás. — Maria Cancian, investigadora principal, Brookings Institution
Esta laguna informativa tiene consecuencias directas: sin registros, no hay seguimiento; sin seguimiento, no hay protección. Las organizaciones civiles documentan casos de niños entregados a familiares con estatus migratorio irregular, llevados por vecinos, o incluso dejados en escuelas sin que las autoridades estuvieran al tanto de la situación familiar.
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