En los últimos meses, políticos y responsables de políticas públicas han renovado sus llamados a deportar masivamente a inmigrantes de Estados Unidos. Si bien en el pasado se hicieron promesas similares que no se materializaron (durante la campaña presidencial de 2016, por ejemplo, Donald Trump se comprometió a crear una “fuerza de deportación” para capturar a inmigrantes indocumentados), la deportación masiva ahora ocupa un lugar permanente en la retórica de los principales defensores de la inmigración. Por citar solo un ejemplo, el ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Tom Homan, ha prometido “una operación de deportación histórica” si un gobierno de línea dura regresa al poder. Si bien algunos planes han previsto una operación masiva única diseñada para capturar, detener y deportar a la población indocumentada en masa, otros han previsto comenzar con un punto de partida de un millón de deportaciones por año.
Teniendo en cuenta que en la era moderna de control de la inmigración, Estados Unidos nunca ha deportado a más de medio millón de inmigrantes por año (y muchos de ellos han sido migrantes detenidos al intentar entrar en el país, no sólo los que ya vivían aquí), cualquier propuesta de deportación masiva plantea preguntas obvias: ¿cómo, exactamente, Estados Unidos podría llevar a cabo la mayor operación de control de la ley en la historia mundial? ¿Y a qué costo?
Utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) junto con datos disponibles públicamente sobre los costos actuales de la aplicación de las leyes de inmigración, este informe tiene como objetivo proporcionar una estimación de cuál sería el costo fiscal y económico para los Estados Unidos si el gobierno deportara a una población de aproximadamente 11 millones de personas que, en 2022, carecían de estatus legal permanente y enfrentaban la posibilidad de ser deportadas. Consideramos esto tanto en términos de los costos presupuestarios directos (los gastos asociados con el arresto, la detención, el procesamiento legal y la deportación) que el gobierno federal tendría que pagar, como en términos del impacto en la economía y la base impositiva de los Estados Unidos si estas personas fueran expulsadas de la fuerza laboral y del mercado de consumo.
En términos de costos fiscales, también incluimos una estimación del impacto de deportar a 2,3 millones de personas adicionales que han cruzado la frontera sur de los EE. UU. sin estatus migratorio legal y fueron liberadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde enero de 2023 hasta abril de 2024. Consideramos estos costos fiscales por separado porque no tenemos datos más recientes de la ACS necesarios para estimar los cambios netos totales en la población indocumentada después de 2022, o el mayor impacto en la economía y la base impositiva de deportar a esas personas, un impacto que, por lo tanto, no se refleja en este informe.
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